La derrota parlamentaria sufrida la semana pasada por las iniciativas de Sumar para frenar los abusos vinculados al IRPH no cierra el conflicto. Al contrario, marca el inicio de una nueva fase de confrontación política, económica y social en torno a uno de los asuntos más sensibles del sistema financiero español: el reparto de los costes de la crisis hipotecaria y la responsabilidad de la banca en la comercialización de productos controvertidos.
Lejos de asumir el revés como definitivo, el diputado Félix Alonso Cantorné ha anunciado en un artículo publicado en Law&Trends que utilizará la tramitación de la futura Ley REDAL, destinada a revisar hipotecas anteriores a 2011 con cláusulas abusivas, como el nuevo campo de batalla legislativo. En ese marco, se pretende reincorporar mecanismos específicos para abordar el IRPH, al que cientos de miles de afectados pagaron un sobrecoste sostenido respecto al euríbor y una falta estructural de transparencia.
Más allá de una comisión
La votación adversa en comisión ha dejado al descubierto una fractura política profunda. No se trata únicamente de un desacuerdo técnico sobre un índice hipotecario, sino de una disputa ideológica sobre el papel del Estado frente a los poderes financieros y sobre hasta dónde debe llegar la protección pública de los consumidores.
Para Félix Alonso, el mensaje es inequívoco: la derrota obliga a “plantear nuevas fórmulas para legislar”, pero también a exigir responsabilidades políticas claras. La advertencia de que “cada voto retratará a los diputados” apunta a una estrategia deliberada de politización del conflicto, en la que el IRPH se convierte en símbolo de una batalla mayor por la justicia económica.
Implicaciones políticas
En el plano político, el conflicto por el IRPH tensiona tanto al bloque progresista como a la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno de Pedro Sánchez. Sumar reclama disciplina y compromiso efectivo, denunciando ausencias y ambigüedades en votaciones clave. El subtexto es claro: sin cohesión parlamentaria, las promesas de protección a los consumidores financieros quedan vacías.
Además, la futura Ley REDAL se perfila como una prueba de fuego. Si el Gobierno no logra articular una posición sólida, el debate podría convertirse en un nuevo foco de desgaste para el Ejecutivo, especialmente en un contexto de creciente desafección social hacia las instituciones y de cuestionamiento del sistema financiero tras años de litigios hipotecarios.
Implicaciones económicas
Desde el punto de vista económico, las propuestas de Sumar lideradas por Félix Alonso reabren un frente que la banca daba por parcialmente cerrado tras las sentencias del Supremo que avalaron el IRPH en abstracto, pero dejaron margen a los tribunales nacionales para evaluar la transparencia caso por caso.
Una eventual revisión masiva de hipotecas anteriores a 2011 tendría impactos relevantes en el sector financiero, tanto por el riesgo de devoluciones como por el aumento de la litigiosidad. Las entidades advierten de inseguridad jurídica; los defensores de la reforma replican que la inseguridad ya la han sufrido durante años las familias atrapadas en contratos opacos.
El debate, en el fondo, enfrenta dos modelos: uno que prioriza la estabilidad del sistema financiero y otro que pone el acento en la reparación del daño económico acumulado por prácticas abusivas toleradas durante décadas.
Implicaciones sociales
En el plano social, el IRPH es una herida abierta. Cientos de miles de familias consideran que han pagado durante años cuotas infladas sin comprender plenamente el funcionamiento del índice. Para ellas, la insistencia de Alonso no es un gesto retórico, sino una tabla de salvación política.
La estrategia no se limita al Parlamento. Se apela explícamente a los afectados para que mantengan y refuercen la organización y la presión social, conscientes de que sin movilización sostenida las mayorías legislativas tienden a diluirse bajo la influencia de los grandes intereses económicos.
Esta dimensión social explica el tono casi movilizador del mensaje de Félix Alonso: la “madre de todas las batallas legislativas” no se ganará solo con argumentos técnicos, sino con correlación de fuerzas.
Plebiscito sobre justicia económica
La futura votación sobre el IRPH y la Ley REDAL se perfila así como algo más que un trámite parlamentario. Para Alonso, será un plebiscito explícito entre dos modelos de país: uno que asume la reparación como principio de justicia económica y otro que prioriza la protección de los intereses financieros, incluso cuando estos chocan con los derechos de los consumidores.
La derrota en comisión ha sido, en ese sentido, menos un cierre que una advertencia. El conflicto por el IRPH vuelve al centro del tablero político, con implicaciones que trascienden lo hipotecario y alcanzan el corazón del debate sobre quién paga los costes del pasado y quién define las reglas del futuro.