En el Partido Popular ha caído con bastante sorpresa, y no poca irritación contenida, la imagen de Carles Puigdemont recibiendo en Waterloo a una delegación de interinos del sector público. No por el tema, que llevan años considerando terreno propio, la denuncia del caos administrativo, la ineficacia del Gobierno y la precariedad extendida en servicios esenciales, sino por el mensajero. Ver al ex presidente huido de la justicia coronándose como defensor de los trabajadores interinos ha sido, para muchos populares, como encontrarse al zorro organizando una convención sobre seguridad en gallineros.
En Génova no lo dicen en público, pero la reunión se interpreta como una maniobra perfectamente calculada. Puigdemont ha detectado un flanco que estaba relativamente abandonado por la izquierda gubernamental y que el PP creía tener bien encarrilado, con sus abstenciones técnicas, como pasó la última vez que se votó en el Congreso de los Diputados. Y, fiel al estilo Puigdemont, el de Waterloo ha puesto la bandera europea encima de la mesa para reforzar su relato: la estabilización no sería ya una reivindicación sindical, sino una exigencia de Bruselas. El ex presidente catalán, que tan poco cariño tiene al sistema institucional español, se presenta ahora a la UE como árbitro y garante de estabilidad. Para el PP, un giro argumental digno de monólogo.
El tuit posterior de Puigdemont no ayudó a calmar los ánimos. Hablar de “injusticia cronificada”, de administraciones incapaces de gestionar lo que debería ser evidente, y de familias condenadas a la incertidumbre resonó exactamente como el registro que el PP lleva tiempo utilizando para denunciar el deterioro del Estado y, por extensión, del gobierno de Pedro Sánchez. Pero aquí el mensaje venía de Waterloo, no de Génova. Y eso, en política, duele más que cualquier crítica del adversario directo.
Y según ha sabido Diario Sabemos, también ha escocido en Moncloa.
El PP considera que Junts está intentando abrir una nueva veta electoral y social. El partido de Puigdemont ha comprendido que la precariedad interina es un terreno fértil, con varios centenares de miles de afectados que llevan años esperando una solución que no llega. Y, mientras el Gobierno se enreda entre promesas de estabilización y procesos que no estabilizan a casi nadie, Junts se deja fotografiar como defensor de los olvidados de la administración. Para los populares, es una operación de imagen de manual: apropiarse de una causa justa, presentarse como aliado inesperado y dejar al Gobierno como incompetente. Y si en el proceso se pisa el terreno del PP, mejor que mejor.
En los despachos azules reconocen que esta historia les obliga a revisar su estrategia. No porque vayan a renunciar a su discurso sobre la defensa de los servicios públicos bien gestionados, especialmente por su visión de la colaboración público-privada basada en la cuenta de resultados, que consideran uno de sus pilares, sino porque ahora aparece un actor nuevo reclamando protagonismo. Y además uno que, guste o no, tiene una capacidad considerable de generar titulares internacionales.
Para el PP, lo ocurrido en Waterloo no es una reunión técnica sobre temporalidad. Es una incursión en un espacio político que daban por consolidado: el del descontento cívico con la gestión del Estado por parte de Sánchez. Puigdemont ha detectado una grieta y ha metido el pie. Que no se engañe nadie: en Génova eso se interpreta como un aviso y un problema; sí, un problema, ya que, paradójicamente, sus ayuntamientos y comunidades autónomas precisamente son las que están más llenas de interinos, donde la normativa europea más se incumple.
En todo caso, la batalla está servida. Y esta vez no será en el Parlament ni en el Congreso, sino en un territorio mucho más delicado: el de la percepción pública. Allí donde cada declaración puede mover votos. Y donde Puigdemont, para disgusto del PP, vuelve a demostrar que sabe jugar sus cartas.