El reconocimiento del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, ante un juez de Madrid ha añadido una nueva capa de complejidad a una de las batallas políticas y judiciales más delicadas del actual ciclo político español. No se trata solo de una reunión más ni de un testimonio técnico. El caso vuelve a colocar en el centro del debate la relación entre poder político, estructuras del Estado y uso estratégico de la información, un terreno resbaladizo que España conoce bien desde la era de las llamadas cloacas.
La admisión de Hernando de que se reunió en abril de 2024 con Leire Díez, exmilitante socialista hoy imputada, en la sede del PSOE en Ferraz, no resulta especialmente sorprendente en sí misma. Lo relevante es el contenido político de ese encuentro. Según su versión, Díez trasladó información sobre supuestas investigaciones irregulares de una policía patriótica contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno familiar, incluidas sus hijas. La escena es conocida en la política española: filtraciones, seguimientos, dosieres y una nebulosa frontera entre seguridad del Estado y lucha partidista.
El problema no es solo lo que se dijo en esa sala de Ferraz, sino qué se hizo después y qué no se hizo. Hernando sostiene que puso la información en conocimiento de la asesoría jurídica del PSOE y que esta la trasladó a la Audiencia Nacional, donde fue desestimada. Pero también reconoce que no informó a sus superiores del contenido detallado del encuentro. En un sistema político que ha hecho de la desconfianza institucional una constante, ese silencio pesa tanto como las palabras pronunciadas.
La causa instruida por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid no investiga una conspiración ideológica abstracta, sino un presunto plan delictivo para desacreditar a investigadores de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo último de debilitar causas judiciales que afectaban a políticos, el entorno de Pedro Sánchez, y empresarios afines. Es aquí donde el caso trasciende la anécdota y se convierte en un síntoma de deterioro institucional. Si se confirma que se intentó erosionar la credibilidad de quienes investigan la corrupción, el daño no sería solo reputacional sino estructural.
El papel de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, refuerza esa lectura política. No es un actor menor. Es una figura central en el engranaje del partido y, según varias declaraciones, el nexo que conecta reuniones, intermediarios y relatos. La propia Leire Díez ha reconocido encuentros con Cerdán y otros actores clave, aunque insiste en que actuaba bajo un supuesto trabajo periodístico de investigación. Esa versión choca frontalmente con grabaciones en las que ella misma se presenta como “la persona que ha puesto el PSOE” para indagar en las cloacas policiales y judiciales.
La contradicción es relevante porque apunta a una cuestión de fondo: la privatización informal de tareas sensibles. Cuando partidos o entornos de poder recurren a intermediarios sin cargo oficial para recopilar información, eluden controles, diluyen responsabilidades y erosionan los principios básicos del Estado de derecho. La línea entre investigación legítima y tráfico de influencias se vuelve peligrosamente difusa.
El contexto político amplifica el impacto del caso. España atraviesa una etapa marcada por la judicialización de la política y la politización de la justicia. Cada nuevo sumario se convierte en munición partidista y cada declaración judicial en un acto político. En ese clima, la narrativa de una policía patriótica actuando contra el presidente no solo busca explicar hechos pasados, sino también reencuadrar el presente, desplazando el foco desde las investigaciones de corrupción hacia una supuesta persecución sistémica.
Sin embargo, esta estrategia entraña riesgos. Al insistir en la existencia de cloacas sin una respuesta institucional clara y transparente, el poder político corre el peligro de normalizar la excepcionalidad. Si todo puede explicarse como una guerra sucia, la confianza ciudadana en las instituciones se erosiona aún más. Y cuando la confianza cae, el espacio lo ocupan el cinismo y la polarización.
El episodio de Hernando llegando con antelación a los juzgados para evitar cámaras, leyendo durante horas en los pasillos y saliendo finalmente entre gritos de funcionarios, es casi una metáfora. La política española vive atrapada entre el deseo de controlar el relato y la imposibilidad de escapar al escrutinio público. Cada gesto es interpretado, cada silencio amplificado.
Más allá de las responsabilidades penales que determinen los tribunales, el caso revela una grave crisis de gobernanza. El uso instrumental de la información, la ambigüedad en las cadenas de mando y la tentación de combatir a la justicia con relatos paralelos son señales de un sistema bajo tensión. En democracias maduras, los partidos denuncian abusos del Estado con pruebas y mecanismos institucionales claros, no mediante redes informales que terminan bajo sospecha judicial.