Hay instituciones cuya fortaleza depende tanto de su independencia como de la percepción pública de esa independencia. La Guardia Civil ocupa desde hace décadas ese lugar delicado. Su prestigio descansa sobre la idea de que actúa sometida únicamente a la ley y al principio de neutralidad política. Cada vez que esa convicción se resquebraja, el desgaste alcanza al conjunto del Estado.
La decisión del Partido Popular de solicitar la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, debe leerse desde esa perspectiva. Los populares reclaman explicaciones tras las informaciones que apuntan a presuntas presiones políticas para impedir la presencia institucional de mandos del Instituto Armado en los actos del Día de la Comunidad de Madrid de 2025, una situación que habría denunciado el general jefe de la Zona de Madrid, Fernando Mora.
El PP ha acompañado esa petición con una batería de preguntas parlamentarias para conocer si Interior abrió alguna investigación interna, si el ministro conocía esos hechos y qué medidas piensa adoptar el Gobierno para impedir que vuelvan a producirse situaciones similares.
El asunto llega, además, en un momento especialmente sensible para el Ministerio del Interior.
La directora general de la Guardia Civil y el director adjunto operativo, Manuel Llamas, permanecen investigados por la Audiencia Nacional dentro del denominado caso Leire, una causa en la que la Fiscalía aprecia indicios de posibles delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia relacionados con actuaciones internas dirigidas contra la UCO. Ambos han rechazado cualquier actuación irregular y han defendido que las decisiones adoptadas respondían al funcionamiento ordinario de la institución.
Las dos cuestiones son distintas, pero terminan alimentándose mutuamente.
Una hace referencia a las presuntas presiones sobre la representación institucional de la Guardia Civil. La otra investiga posibles interferencias en actuaciones relacionadas con la policía judicial. Jurídicamente pertenecen a procedimientos diferentes. Políticamente forman parte de un mismo relato sobre la relación entre el poder ejecutivo y las fuerzas de seguridad.
Ese es el terreno donde se desarrolla ahora la disputa.
El Partido Popular sostiene que existe un intento de utilización partidista de la cadena de mando del Instituto Armado y reclama responsabilidades políticas. El Gobierno mantiene su respaldo a la dirección de la Guardia Civil y recuerda que las investigaciones judiciales continúan abiertas y que no existe ninguna resolución que acredite las acusaciones formuladas hasta ahora.
La discusión trasciende a las personas.
Cada vez que una institución del Estado se convierte en protagonista del enfrentamiento político pierde parte de la autoridad silenciosa que necesita para cumplir su función. La Guardia Civil ha atravesado etapas muy distintas desde la consolidación democrática. Ha sido capaz de modernizarse, de combatir el terrorismo, el crimen organizado y la corrupción, ganándose un reconocimiento social amplio. Ese capital institucional resulta demasiado valioso para quedar atrapado en la lógica de la confrontación partidista.
Las comparecencias solicitadas por el PP forman parte de los mecanismos ordinarios de control parlamentario y será la mayoría del Congreso quien decida si prosperan. Pero el verdadero desafío se encuentra en otro lugar.
España necesita que cualquier sospecha sobre posibles injerencias políticas se esclarezca con rapidez, transparencia y respeto al Estado de derecho. La confianza en las instituciones no se protege ocultando los problemas, sino investigándolos con rigor y aceptando sus conclusiones, sean cuales sean.
En una democracia madura, la neutralidad de las fuerzas de seguridad no debería convertirse nunca en objeto de disputa política. Precisamente porque constituye uno de los pilares sobre los que descansa la credibilidad del propio sistema democrático.
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