El ala socialista del Gobierno de Pedro Sánchez ha abandonado la acusación de lawfare para activar un blindaje institucional en torno a la figura del expresidente. Ministros como Óscar López han salido en tromba a defender la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero, calificando su trayectoria como poseedora de un comportamiento ético intachable y recordando que la carga de la prueba recae exclusivamente sobre los acusadores. En esta misma línea, los titulares de carteras estratégicas como Jordi Hereu, Luis Planas e Isabel Rodríguez han manifestado su absoluto respeto por los tiempos de la justicia, mostrando su confianza en que la declaración judicial programada para el próximo 2 de junio sirva para esclarecer definitivamente los hechos y liberar al exlíder de toda sospecha.
Sin embargo, tras este firme respaldo oficial y la férrea defensa que el presidente Pedro Sánchez exhibió en el Pleno del Congreso, la inquietud interna en el seno del Ejecutivo es un secreto a voces. Diversos ministros han comenzado, en privado, a modular su discurso, introduciendo reservas como la necesidad de esperar al desarrollo de la investigación o condicionando su apoyo a que no aparezcan nuevos elementos comprometedores. El temor a un desgaste irreversible es total, ya que en el PSOE se asume que el futuro de Zapatero está indisolublemente ligado al destino de todo el Gobierno. A diferencia de las crisis pasadas que terminaron con el aislamiento de figuras como José Luis Ábalos o Santos Cerdán, el calado de esta causa impide al presidente soltar la mano de un referente de tal magnitud, pues su caída arrastraría consigo la arquitectura completa del proyecto socialista.
La publicación del auto judicial del juez Calama provocó una inmediata recogida de cable entre los aliados parlamentarios del Gobierno, quienes un día antes atribuían la imputación a una cacería judicial contra la izquierda. Formaciones clave para la gobernabilidad como Sumar, ERC, Podemos, PNV y Junts se han apresurado a marcar distancias con el expresidente al constatar que el magistrado describe con indicios un presunto entramado de relaciones, compañías y comportamientos difíciles de defender en el plano ético y político. La portavoz de Podemos, Ione Belarra, resumió el sentir general al afirmar gráficamente que el auto pinta feo y advertir que la situación ata por completo el futuro del expresidente al de Pedro Sánchez.
El malestar y la estupefacción se han trasladado de inmediato a las sesiones de control parlamentario. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, verbalizó su profunda preocupación en el Congreso al esgrimir el escrito de imputación ante el propio jefe del Ejecutivo, reconociendo el impacto negativo del caso y señalando que, tanto si las acusaciones resultan ser ciertas como si no, el escenario es pésimo para las fuerzas progresistas. Desde el País Vasco, el lehendakari Imanol Pradales también se ha sumado a las exigencias de responsabilidades, reclamando que el exmandatario ofrezca explicaciones oportunas con la máxima celeridad y transparencia para disipar las dudas que planean sobre sus actividades internacionales.
La situación es tan tensa que cada vez son más los periodistas y analistas progresistas que han dejado de apelar al lawfare para, incluso, poner en la picota a José Luis Rodríguez Zapatero. Es el caso, por ejemplo, de Antonio Maestre, quien, en su columna en LaSexta, señala que "La izquierda es diferente, o tiene que serlo, a la derecha y exigir mucho más y ser mucho más firme con actuaciones como las que se expresan en el auto de la Audiencia Nacional (...) No hay nadie que me pueda convencer de que es normal cobrar 240.000 euros en cuatro años por maquetar informes ya realizados de una empresa relacionada con el rescate de una compañía aérea que tiene relación con tu padre”. Además, el propio Maestre ha afirmado que hay que diferenciar esta causa de otros casos de lawfare que ha sufrido la izquierda.
Por otro lado, la estrategia de defensa diseñada desde el entorno de la Moncloa se enfrenta a una severa contradicción discursiva. El argumento gubernamental que sostiene que las gestiones de Zapatero se enmarcaron dentro de una labor de intermediación o lobby legal choca frontalmente con las declaraciones del propio expresidente, quien siempre ha negado de forma categórica cualquier relación o gestión vinculada al rescate de Plus Ultra. Por tanto, asumir la tesis del lobby implicaría reconocer públicamente que el exlíder faltó a la verdad, un escenario que deja al socialismo sin salidas viables en el relato público.