Cuando una imputación comienza a funcionar automáticamente como una sentencia pública ni siquier hacen falta pruebas concluyentes. Basta el titular, la sospecha, el impacto mediático.
Y a partir de ahí se activa una maquinaria perfectamente conocida de desgaste político, ruido constante y condena anticipada. Eso es exactamente lo que empieza a suceder ahora con José Luis Rodríguez Zapatero.
El Gobierno ha optado este miércoles por una posición políticamente incómoda, pero bastante más razonable que el clima de histeria pública instalado alrededor del caso, reconocer la seriedad del auto judicial dictado por la Audiencia Nacional y, al mismo tiempo, recordar que a día de hoy no existen pruebas incriminatorias concluyentes contra el expresidente socialista.
La precisión importa. Porque en una democracia madura debería seguir existiendo una diferencia elemental entre investigar y condenar.
Moncloa admite que el auto contiene indicios y que la investigación merece atención. Pero también subraya algo decisivo: no existen mensajes, grabaciones, conversaciones o documentos que acrediten de forma directa las acusaciones de tráfico de influencias atribuidas a Zapatero. Eso no equivale a declarar inocente a nadie antes de tiempo.
Equivale simplemente a recordar que las investigaciones judiciales deben desarrollarse en los tribunales y no resolverse previamente en las tertulias, en las portadas o en campañas políticas construidas alrededor de la sospecha permanente. España lleva años acostumbrándose peligrosamente a otra lógica.
Una lógica donde la mera imputación ya actúa como castigo político suficiente.
Donde algunos sectores mediáticos convierten cualquier investigación preliminar en una condena moral irreversible. Y donde la derecha política ha terminado encontrando en la judicialización constante un instrumento extraordinariamente eficaz de desgaste contra sus adversarios.
El Gobierno, incluso después de reconocer que este caso no puede equipararse automáticamente a investigaciones claramente infladas o mediáticamente utilizadas, mantiene el respaldo político a Zapatero hasta que existan pruebas sólidas que justifiquen otra cosa.
Porque más allá de lo que finalmente determine la justicia, aquí también se está discutiendo otra cuestión mucho más profunda, si la política española va a aceptar definitivamente que cualquier dirigente puede quedar destruido públicamente antes siquiera de que aparezcan evidencias concluyentes y ese deterioro democrático no afecta únicamente a la izquierda. Afecta a la propia calidad institucional del país.
Aunque resulta evidente que determinados sectores conservadores llevan años perfeccionando una estrategia basada precisamente en alimentar sospechas, convertir autos judiciales en relatos políticos cerrados y utilizar cualquier investigación como arma de demolición reputacional inmediata.
La propia reacción inicial del PSOE, deslizando la posibilidad de una utilización política de la justicia, fue después matizada cuando se conoció el contenido completo del auto. La corrección probablemente era necesaria. Pero eso no obliga tampoco a aceptar el clima de condena preventiva que algunos intentan imponer desde el primer minuto.
Y hay además otro elemento importante. Zapatero no es una figura cualquiera dentro del imaginario progresista español. Sigue representando para una parte importante de la izquierda una etapa asociada a avances sociales profundos como el matrimonio igualitario, la ampliación de derechos civiles, la retirada de Irak o el final de ETA.
Por eso Pedro Sánchez eligió defender no solo a la persona, sino también el legado político del expresidente.
Porque alrededor de Zapatero siempre ha existido una hostilidad especialmente intensa por parte de la derecha española. Una hostilidad vinculada no solo a decisiones concretas de gobierno, sino a lo que simbolizó políticamente: una España más laica, más plural y más social. Ahora esa batalla vuelve a abrirse y habrá que ver qué ocurre en los próximos meses.
Porque el propio Gobierno admite algo evidente, si aparecen pruebas sólidas, el escenario político cambiará radicalmente. Pero hasta que eso suceda conviene recordar una diferencia básica que parece desdibujarse cada vez más en España. Un auto judicial abre una investigación. No sustituye una condena. Y olvidar esa distinción empieza a convertirse en uno de los síntomas más preocupantes del clima político y mediático actual.