El Gobierno no dejará caer el 30 de septiembre las medidas destinadas a amortiguar el impacto económico de la guerra de Irán sin tener preparado un nuevo paquete. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 29 un nuevo decreto de ayudas contra la inflación, apenas un día antes de que expire parte del actual escudo anticrisis.
El contenido concreto todavía está en negociación y Cuerpo ha evitado anticipar el detalle de las medidas, pero sí ha marcado las prioridades. El Ejecutivo pretende mantener el apoyo a los sectores productivos más afectados, especialmente a la industria y al sector agroalimentario, y combinar la respuesta inmediata a la subida de costes con medidas para reducir la dependencia energética de España.
No se trata únicamente de prolongar ayudas. Economía quiere aprovechar el nuevo decreto para avanzar en electrificación, descarbonización y menor dependencia de los combustibles fósiles, al tiempo que vigila uno de los efectos que más directamente puede acabar llegando a los hogares: una eventual traslación del encarecimiento energético a los alimentos.
Por ahora, Cuerpo sostiene que ese impacto de segunda ronda sobre la cesta de la compra permanece «prácticamente plano».
Un decreto antes de que caduque el anterior
El calendario explica la urgencia. Las medidas del plan de respuesta a la crisis de Oriente Próximo expiran el 30 de septiembre y tanto Cuerpo como el ministro de Agricultura, Luis Planas, han trasladado ya a la industria agroalimentaria que el apoyo público continuará más allá de esa fecha. Economía también ha mantenido contactos con los sectores industrial y energético y con los agentes sociales para preparar la siguiente fase de la respuesta.
El Gobierno reivindica además la rapidez con la que reaccionó al impacto económico del conflicto. Según recordó Cuerpo en el Congreso, España puso en marcha las primeras medidas apenas veinte días después del comienzo de la guerra, frente a otros grandes países europeos que, según su comparación, han tardado seis o siete meses en plantearse actuaciones similares.
Entre las medidas aplicadas hasta ahora figura la reducción de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva. Según los datos expuestos por Cuerpo, esa rebaja ha supuesto un ahorro de entre 200.000 y 240.000 euros semestrales para una fábrica media.
El campo también ha recibido ayudas incluidas en los decretos anteriores. El ministro cifró los apoyos en hasta 200 euros mensuales para gasóleo y hasta 1.800 euros para fertilizantes, además de alivios fiscales, medidas de protección del empleo y actuaciones destinadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Vox denuncia la inflación después de votar contra las ayudas
La sesión de control dejó además un enfrentamiento entre Cuerpo y el secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo. El diputado denunció los niveles de pobreza, el aumento de la deuda pública y lo que calificó como una inflación «terrorífica». Cuerpo respondió recordándole el historial de votaciones de su partido.
Los paquetes aprobados en marzo y junio para aliviar las consecuencias económicas de la guerra incluyeron ayudas a hogares y sectores productivos. Vox fue el único grupo que votó en contra de ambos, según recordó el vicepresidente primero durante su intervención.
Cuerpo utilizó esa contradicción para cuestionar que Vox reclame ahora protección para familias, hogares y agricultores después de haber rechazado en el Congreso las medidas destinadas precisamente a esos colectivos.
«Son dos paquetes de medidas aprobados en marzo y en junio en esta Cámara, ante los cuales hubo un único grupo que votó en contra. ¿Sabe cuál es, señoría? Efectivamente, el suyo», espetó a Figaredo.
La incógnita está ahora en la letra pequeña
El anuncio despeja la continuidad de la respuesta económica, pero no todavía su alcance. El Gobierno no ha adelantado qué ayudas serán prorrogadas, cuáles serán modificadas ni si incorporará otras nuevas.
Esa letra pequeña será especialmente relevante para el campo, la industria electrointensiva, el transporte y las empresas más expuestas a los costes energéticos.
El decreto será aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de septiembre y posteriormente deberá pasar por el Congreso, que dispone de un máximo de 30 días para decidir sobre su convalidación. La votación volverá a medir, además, la distancia entre el discurso económico de los grupos parlamentarios y su posición cuando las medidas anticrisis llegan al hemiciclo. Esta vez, el debate se producirá con la inflación todavía condicionada por un conflicto internacional cuyo final continúa lejos de vislumbrarse.
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