El Gobierno ha optado por mantener su respaldo a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la haya citado como investigada en la pieza derivada del denominado caso Leire Díez, que analiza posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos y el presunto cobro de comisiones.
Desde el Ejecutivo sostienen que, a la vista de las diligencias conocidas hasta el momento, no existe ningún elemento que comprometa la actuación de Gualda, por lo que reiteran "toda la confianza" en su gestión al frente de la entidad pública. El Gobierno ha querido, además, trasladar un mensaje de apoyo al conjunto de los profesionales de la SEPI y ha insistido en que colaborará con la Justicia con plena normalidad.
La defensa del Ejecutivo se apoya también en el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado durante la pandemia para evitar la desaparición de compañías consideradas esenciales para el tejido productivo español. Según recuerda el Gobierno, este instrumento permitió garantizar la continuidad de 30 empresas y preservar alrededor de 62.000 empleos, en un contexto económico extraordinariamente complejo.
El Ejecutivo subraya igualmente que la actuación del fondo ha sido objeto de distintos mecanismos de control institucional. La Intervención General de la Administración del Estado emitió informes favorables sobre sus cuentas, el Tribunal de Cuentas concluyó que la SEPI aplicó correctamente la normativa y la Comisión Europea dio el visto bueno al marco regulador que permitió activar estas ayudas extraordinarias. Son argumentos con los que el Gobierno pretende reforzar la idea de que el diseño y la ejecución del fondo estuvieron sometidos a supervisión pública.
La investigación judicial, sin embargo, continúa avanzando. El juez Pedraz ha acordado la citación como investigadas de 25 personas, entre ellas Belén Gualda, tras apreciar indicios que justifican la práctica de nuevas diligencias. La decisión parte de la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción, que investiga la posible existencia de irregularidades relacionadas con el rescate concedido a Tubos Reunidos, empresa que recibió una ayuda pública superior a los 112 millones de euros.
Conviene recordar que la condición de investigado no implica una declaración de culpabilidad, sino la apertura de una fase procesal destinada precisamente a esclarecer los hechos y garantizar el derecho de defensa de las personas afectadas. Será el desarrollo de la instrucción el que determine si esos indicios iniciales se consolidan o quedan descartados.
Con este respaldo explícito a la presidenta de la SEPI, el Gobierno marca una línea de actuación basada en el respeto a la investigación judicial y la preservación de la presunción de inocencia, al tiempo que reivindica la gestión de uno de los principales instrumentos económicos puestos en marcha durante la crisis sanitaria. El recorrido del procedimiento determinará si esa confianza política encuentra respaldo definitivo en el ámbito judicial.