El Congreso cita este lunes a Alberto Núñez Feijóo para algo más que una comparecencia formal. La comisión que investiga la gestión de la dana de Valencia, 230 muertos solo en esa provincia, busca aclarar hasta dónde llega la responsabilidad política del líder del PP en la continuidad de Carlos Mazón tras la catástrofe y en una actuación marcada por la demora, los mensajes cruzados y una estrategia que priorizó el control del relato cuando la emergencia aún estaba desbordada.
La comparecencia llega con un calendario incómodo para Génova y con un sumario judicial ya abierto. Feijóo declaró como testigo ante la jueza instructora el pasado 9 de enero y dejó entonces una frase que hoy regresa al centro del debate: tras la riada no podían “en ningún caso” provocar una crisis política. La prioridad, sostuvo, era reconstruir y aprobar presupuestos. La estabilidad del poder por delante de la depuración de responsabilidades.
El respaldo a Mazón
Ese argumento es el que ahora disecciona la comisión. No se trata solo de por qué Mazón continuó al frente de la Generalitat durante semanas, sino de quién tomó esa decisión y con qué información. Feijóo reconoció ante la jueza que habló con el president el día de la tragedia y que su principal recomendación fue “llevar la iniciativa de comunicación”, una expresión que ha quedado fijada como síntoma de prioridades políticas mal calibradas.
El líder del PP admitió además un error relevante: aseguró públicamente haber estado informado “en tiempo real” desde el lunes anterior a la riada, cuando en realidad los primeros contactos se produjeron el martes, ya con las lluvias desatadas. La rectificación posterior no borra el problema de fondo: la distancia entre el relato construido y la cronología real.
La comisión quiere saber qué sabía Feijóo, cuándo lo supo y por qué, con ese conocimiento, no exigió cambios inmediatos en la gestión. También por qué defendió que la declaración de emergencia nacional era necesaria mientras reprochaba al Gobierno central una supuesta falta de información, sin que conste que él mismo activara canales operativos más allá de mensajes por WhatsApp.
Comunicar antes que intervenir
Los intercambios conocidos refuerzan esa imagen. Feijóo escribió a Mazón a las 19.59 horas; recibió respuesta diez minutos después. Contactó también con otros presidentes autonómicos, incluidos Emiliano García-Page y Juanma Moreno. No habló con responsables del Cecopi ni con la consellera de Interior hoy imputada. La cadena de mando política quedó suspendida en una conversación lateral, mientras el operativo de emergencias se desbordaba.
Ante la jueza, el líder del PP defendió que las decisiones corresponden a los órganos técnicos y que los políticos no deben interferir. Es una tesis discutible en cualquier emergencia y más aún cuando quien la sostiene es el jefe del principal partido de la oposición, con capacidad para exigir responsabilidades y activar mecanismos de coordinación. La separación entre técnica y política, invocada a posteriori, funciona aquí como coartada.
Génova y el marco electoral
Desde la dirección del PP se insiste en presentar la comparecencia como un “acto electoral” del PSOE para influir en la campaña aragonesa. El argumento revela hasta qué punto Génova sigue leyendo la dana en clave de desgaste partidista. Convertir una comisión de investigación en un cálculo de impacto electoral no neutraliza las preguntas, las multiplica.
La estrategia defensiva pasa también por la comparación: la gestión de la riada frente a los accidentes ferroviarios recientes. Es una equiparación forzada. Una emergencia climática con 230 muertos y una respuesta institucional fallida no se diluye contraponiéndola a incidencias técnicas investigadas con luz y taquígrafos desde el primer momento. El intento de desviar el foco refuerza la impresión de incomodidad.
La sesión de hoy no juzga penalmente a Feijóo, pero sí mide su concepto de responsabilidad política. Si la prioridad fue evitar una crisis interna, si la comunicación pesó más que la gestión y si el respaldo a Mazón se mantuvo pese a evidencias de mala praxis, la pregunta no es solo qué ocurrió en Valencia, sino qué modelo de liderazgo ofrece el principal partido de la derecha cuando falla la administración.
Por la tarde, la comisión escuchará a una gestora del 112. El contraste entre los testimonios técnicos y la versión política será inevitable. En ese cruce, el Congreso no busca un titular, sino una explicación coherente. Hasta ahora, el PP ha ofrecido fragmentos. Hoy se le pide el conjunto.