Existe una distancia sideral entre la escenografía del poder, la propaganda sanchista y la terca realidad de los números parlamentarios. El Consejo de Ministros ha escenificado la aprobación de un techo de gasto récord que asciende a la cifra histórica de 226.032 millones de euros para el próximo año. Sobre el papel, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha presentado este límite como un paso fundamental para los Presupuestos de 2027, espoleado por una revisión al alza del crecimiento económico nacional hasta el 2,6%. Sin embargo, cualquier analista político que observe las costuras de la Carrera de San Jerónimo sabe que este despliegue de músculo financiero no es más que un enorme trile propagandístico. El ambicioso techo de gasto, ensanchado en 1.500 millones tras las tensiones habituales con Sumar, jamás llegará a aplicarse porque el Ejecutivo central carece por completo de los apoyos necesarios para convalidar su arquitectura fiscal en las Cortes.
La trampa del procedimiento legal es tan nítida como demoledora para las aspiraciones de la Moncloa. Aunque la fijación del límite de gasto público no financiero es un trámite gubernamental que no requiere el plácet de las cámaras, la senda de déficit y deuda sí exige un examen parlamentario obligatorio e inmediato. Es ahí donde el plan de Hacienda se transmuta en una quimera. El Ejecutivo se enfrenta a un Parlamento hostil e ingobernable donde el bloque de la investidura se encuentra en un estado de deterioro avanzado tras tres años de parálisis presupuestaria. Con las formaciones independentistas como Junts instaladas en una negativa rotunda a respaldar los objetivos de estabilidad, y las comunidades autónomas del Partido Popular en pie de guerra tras votar en bloque contra las metas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la probabilidad de que las Cortes tumben la propuesta de Hacienda roza la certeza absoluta.
El ministro de Hacienda ha intentado blindar su posición apelando a la responsabilidad territorial y censurando los partidismos electorales, recordando que las comunidades dispondrán de un margen fiscal adicional de 5.849 millones de euros en los próximos tres años. Sin embargo, la pretensión de forzar una votación exprés de la senda de estabilidad fiscal en el Congreso tiene más de cálculo propagandístico que de viabilidad legislativa. Sin los votos de la periferia nacionalista, los objetivos de equilibrio presupuestario están heridos de muerte antes de nacer. Este bloqueo estructural condena de forma inexorable al Estado a encadenar una nueva prórroga de las cuentas públicas, vaciando de contenido práctico el incremento expansivo del 6,6% que el Ejecutivo ha pactado con sus socios de coalición.
La parálisis legislativa no solo dinamita el calendario gubernamental, que pretendía aprobar el proyecto de ley en septiembre, sino que cronifica una anomalía institucional severa. La oposición ya ha llevado a los tribunales la omisión del mandato constitucional de presentar las cuentas en tiempo y forma, una batalla legal que se superpone a las crecientes dudas sobre la cohesión interna del aparato fiscal del Estado. Ni siquiera el relevo exprés en la dirección de la Agencia Tributaria, con el nombramiento de Antonio Ansón Latorre tras la abrupta salida de Soledad Fernández Doctor, logra disipar la sensación de fin de ciclo que atenaza a los ministerios económicos.
Fiar la corrección del pasivo público al simple vigor del consumo interno y al empleo, en lugar de a reformas de calado imposibles de convalidar en el Congreso, confirma el diagnóstico: el Gobierno ha diseñado unos presupuestos de máximos para una legislatura en mínimos, certificando que el techo de gasto más alto de la historia de España nacerá y morirá en el mismo Boletín Oficial del Estado que hoy lo publica.
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