La crisis de la Formación Profesional pública madrileña ha dejado de ser una anomalía para convertirse en una forma de gestión. Cientos de estudiantes han comenzado el curso sin profesores en asignaturas fundamentales, acumulan horas lectivas perdidas y observan cómo la administración autonómica vuelve a afrontar el problema con la misma combinación de improvisación, opacidad y pasividad que denuncian docentes y sindicatos desde hace años.
La situación afecta especialmente a ciclos relacionados con la informática, la sanidad o las ingenierías, precisamente algunos de los sectores que más demanda de empleo generan. La paradoja resulta difícil de ocultar, mientras la Comunidad de Madrid proclama su apuesta por la excelencia educativa y la formación orientada al mercado laboral, numerosos alumnos carecen de los docentes necesarios para completar unas enseñanzas que han pagado y a las que dedican años de esfuerzo.
Lo más grave no es únicamente la ausencia de profesorado. Lo alarmante es que las consecuencias recaen exclusivamente sobre los estudiantes. Algunos corren el riesgo de retrasar la obtención de su título, perder convocatorias académicas, ver reducidas sus becas o tener que repetir trámites para acceder posteriormente a la universidad. La administración, mientras tanto, continúa refugiándose en declaraciones genéricas sobre las medidas adoptadas para garantizar la normalidad del curso.
Un problema estructural convertido en rutina
Los sindicatos llevan años advirtiendo de que la falta de profesores especialistas no responde a una incidencia puntual. El problema es estructural y está directamente relacionado con unas condiciones laborales incapaces de competir con el sector privado.
La Comunidad de Madrid necesita profesionales cualificados para impartir determinadas materias técnicas, pero ofrece salarios menos atractivos y una estabilidad laboral limitada. El resultado es previsible: muchas vacantes quedan sin cubrir y los centros comienzan el curso con huecos imposibles de tapar.
Lejos de corregirse, la situación parece haberse agravado tras los cambios introducidos en los sistemas de contratación. La transición hacia nuevos mecanismos administrativos, lejos de agilizar las incorporaciones, ha generado más incertidumbre y ha dejado plazas vacías durante meses. Mientras los procedimientos se atascan en los despachos, los estudiantes siguen acumulando clases perdidas.
La imagen es difícil de justificar, hay talleres equipados con maquinaria pública que permanecen infrautilizados porque no hay profesionales que enseñen a utilizarla. Recursos pagados con dinero público que no pueden cumplir su función por una planificación deficiente.
Mucho discurso sobre libertad, pocas soluciones para la educación pública
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha convertido la libertad en uno de los conceptos centrales de su discurso político. Sin embargo, para cientos de alumnos de Formación Profesional la realidad es bastante menos épica. No hay demasiada libertad cuando una administración es incapaz de garantizar algo tan básico como un profesor en el aula.
La situación vuelve a poner sobre la mesa una crítica cada vez más frecuente hacia la política educativa del Gobierno regional. Mientras se multiplican los mensajes sobre competitividad, emprendimiento y crecimiento económico, los problemas cotidianos de los centros públicos continúan enquistados año tras año sin que lleguen soluciones de fondo.
La falta de transparencia tampoco ayuda. La ausencia de datos oficiales impide conocer con precisión el alcance real del problema y alimenta la sensación de que la administración prefiere minimizar una crisis que reconocer la magnitud de sus errores.
Los perjudicados de siempre
Como suele ocurrir cuando falla la gestión pública, quienes terminan pagando las consecuencias son los ciudadanos que menos capacidad tienen para influir en las decisiones. En este caso, estudiantes que eligieron la FP como vía de formación y acceso al mercado laboral y que ahora observan cómo su futuro depende de una administración incapaz de cubrir plazas esenciales.
Mientras la Consejería de Educación insiste en que trabaja para garantizar el desarrollo normal de las enseñanzas, la realidad que describen los centros resulta difícilmente compatible con esa versión oficial. Horas sin clase, asignaturas fundamentales sin impartir y titulaciones condicionadas por la falta de profesorado dibujan un escenario que está muy lejos de la normalidad.
Porque una administración que no puede asegurar profesores para impartir las materias más importantes de un ciclo formativo no está gestionando una incidencia puntual. Está poniendo en cuestión la credibilidad misma del sistema educativo que tiene la obligación de garantizar.
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