Los acuerdos presupuestarios han dejado de ser simples instrumentos de gestión para convertirse en actos fundacionales de poder. El anuncio del presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, tras su reunión con Pedro Sánchez en La Moncloa, sobre una financiación singular para Cataluña, se inscribe en esa lógica: no es solo una negociación fiscal, sino una redefinición asimétrica del Estado autonómico impulsada por la fragilidad parlamentaria del Gobierno.
El Ejecutivo presentará este viernes un nuevo modelo de financiación para todas las comunidades autónomas que podría implicar una inyección cercana a los 18.000 millones de euros. En teoría, se trataría de una reforma general. En la práctica, el calendario, los interlocutores y las condiciones sugieren otra cosa: un acuerdo a medida de Cataluña, negociado bilateralmente y posteriormente revestido de universalidad.
Ordinalidad: técnica fiscal, concesión política
El elemento central del pacto es el llamado principio de ordinalidad, una vieja reivindicación del nacionalismo catalán: que Cataluña no pierda posiciones relativas en el ranking de riqueza tras su aportación a la caja común. En otras palabras, que siga siendo la tercera comunidad en ingresos y no descienda a la novena posición tras la redistribución.
Desde un punto de vista técnico, la ordinalidad no es una aberración económica. Desde un punto de vista político, es una cesión de enorme calado simbólico. Supone asumir que la solidaridad interterritorial tiene límites definidos por la posición inicial del contribuyente, una idea que erosiona el principio constitucional de igualdad y reinterpreta el modelo autonómico como una suma de balances individuales, no como un proyecto colectivo.
Que este compromiso emerja de una reunión directa entre Sánchez y Junqueras, y no de una conferencia multilateral de presidentes autonómicos, refuerza la percepción de que la gobernabilidad del Estado se negocia en despachos bilaterales, con incentivos diferenciados según el peso parlamentario de cada actor.
Simbolismo no accesorio
La imagen importa. Y esta reunión está cargada de simbolismo. Es la primera vez que Oriol Junqueras acude públicamente a La Moncloa y también la primera desde que fue indultado tras su condena por el procés. El mensaje implícito es doble: normalización institucional para ERC y reconocimiento tácito de su papel como socio estructural del Gobierno, no como aliado circunstancial.
Para Sánchez, la escena busca proyectar pragmatismo y capacidad de diálogo. Para Junqueras, confirma algo más profundo: que el independentismo catalán, incluso tras el fracaso unilateral de 2017, ha aprendido que la palanca decisiva no está en la confrontación, sino en la aritmética parlamentaria de Madrid.
Precedente que inquieta
El problema para el Gobierno no es solo el contenido del acuerdo, sino el precedente que establece. Si Cataluña obtiene una financiación singular negociada bilateralmente, otras comunidades con menos peso político pero problemas fiscales igualmente graves reclamarán un trato equivalente. Y si no lo obtienen, el sistema dejará de ser imperfectamente solidario para convertirse abiertamente en discrecional.
El Ejecutivo insiste en que el nuevo modelo será “para todas las autonomías”. Pero en política fiscal, como en diplomacia, el orden de los factores sí altera el producto. Cuando primero se pacta con un actor concreto y después se universaliza el resultado, la igualdad es más formal que real.
Gobernar desde la debilidad
Nada de esto ocurre en el vacío. Sánchez gobierna sin mayoría propia, depende de una constelación de partidos con agendas territoriales claras y ha optado por una estrategia coherente con esa realidad: ceder en lo estructural para sobrevivir en lo inmediato. La amnistía, los indultos y ahora la financiación singular forman parte de una misma secuencia.
El riesgo es que esa estrategia transforme lo excepcional en norma. Que la negociación permanente con los independentistas catalanes deje de ser un instrumento de estabilidad para convertirse en el eje vertebrador del Estado. Y que la política fiscal, diseñada para corregir desigualdades, acabe reforzándolas bajo el lenguaje tecnocrático de la ordinalidad.
Un Estado negociado a plazos
El acuerdo con Junqueras no romperá España ni resolverá el encaje territorial. Pero sí consolida una tendencia: la redefinición del Estado no se debate en el Parlamento en términos generales, sino que se negocia a plazos con actores clave. Es una política de retales, eficaz a corto plazo y frágil a largo.
Sánchez gana tiempo. ERC gana recursos y legitimidad. El resto de comunidades observa. Y el modelo autonómico, una vez más, se ajusta no por convicción compartida, sino por necesidad aritmética. Como tantas veces en la historia reciente de España, la estabilidad se compra. La pregunta es a qué precio.