La insistencia del Partido Popular sobre el nuevo modelo de financiación autonómica se presenta como un ajuste de cuentas por parte de un Gobierno central que impulsa el cambio. Pero al analizar su discurso queda en evidencia que la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo reclama algo que en buena parte colaboró a construir y que, cuando tuvo poder, no revisó. El debate se reduce, al fin, a quién reclama con autoridad real y quién emplea la financiación como arma dialéctica.
La credibilidad perdida
El PP acusa al Gobierno central de avanzar reformas sin consenso territorial, pero omite que durante los años en que ocupó gobiernos autonómicos el modelo vigente permaneció prácticamente intacto. Su discurso podría resumirse en una crítica tardía: reprochar al ejecutivo lo que él mismo permitió. Exigir justicia territorial sin reconocer esa parte del pasado es una debilidad estratégica.
Cuando se reclama que “ninguna comunidad pierda”, se genera una ambigüedad: ¿se trata de un principio de equidad o de una garantía de que el statu quo no cambiará? Feijóo apela al primero cuando conviene y al segundo cuando gobierna. Esa dualidad reduce la fuerza de su argumento. Quienes desean un sistema más justo buscan claridad, no ambivalencias.
En clave progresista, cabe señalar que la igualdad de servicios públicos en todas las regiones no se logra solo con reparto económico: requiere políticas específicas que atiendan el envejecimiento, la despoblación, la feminización de la pobreza en el ámbito rural. Esa reflexión no aparece en el diagnóstico del PP.
La financiación como recurso electoral
El nuevo modelo que impulsa el Gobierno central insiste en variables todavía poco exploradas —despoblación, coste real del servicio público en zonas rurales, dimensión de cuidados—. El PP, sin embargo, ha centrado su crítica en la “bilateralidad” y en la cifra total, como si el reparto fuera un cheque bajo la mesa. No aborda de forma sistemática los criterios reales ni las cargas ocultas que soportan algunas comunidades.
Esa omisión no es neutral. Si no se discuten los mecanismos que sostienen la financiación, el propósito de reformar queda reducido a una disputa presupuestaria. Y ahí es donde la crítica del PP pierde foco: se queda en la cuantía, no en la calidad, no en la equidad. Sabemos que desde una perspectiva de justicia social, lo que importa no es solo «cuánto» sino «cómo, para quién y con qué impacto». Esa reflexión es ausente en su discurso.
Por tanto, el riesgo es que la financiación se convierta en un arma electoral más que en un instrumento de cohesión. Feijóo propone una homogeneidad de trato que no reconoce las diferencias profundas entre los territorios y los perfiles de sus poblaciones. Y esa visión plana no sirve al objetivo de garantizar servicios públicos con igualdad de oportunidades.