Feijóo vuelve a inflar las cifras y a retorcer la realidad para vender su cambio de Gobierno

El líder del PP repite en Valencia sus cuestionadas cifras sobre impuestos, presenta el aumento de la deuda sin explicar su evolución respecto al PIB y promete un millón de viviendas y medio millón de empleos sin detallar cómo financiará sus compromisos

21 de Noviembre de 2026
Actualizado a las 16:22h
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Alberto Núñez Feijóo en Valencia
Alberto Núñez Feijóo en Valencia

Alberto Núñez Feijóo ha convertido la plaza de toros de Valencia en el escenario de un nuevo ejercicio de propaganda electoral. Ante miles de simpatizantes del Partido Popular, el candidato a la Presidencia del Gobierno volvió a presentarse como la alternativa de la honestidad, la competencia y la verdad frente a Pedro Sánchez. Sin embargo, varias de las cifras que utilizó para defender esa imagen ya habían sido cuestionadas por verificadores independientes y otras necesitan importantes matices para entender su verdadero significado.

«Se enfrentó la mentira y la verdad, se enfrentó la corrupción y la honestidad, la incompetencia y la gestión», proclamó Feijóo al recordar su debate televisivo con Sánchez.

El problema para el dirigente popular es que la contundencia de sus palabras no convierte automáticamente sus afirmaciones en hechos demostrados. Su intervención del 21 de noviembre estuvo atravesada por una mezcla de datos seleccionados, acusaciones políticas y promesas de enorme alcance económico que merecen un examen mucho más riguroso que el aplauso de una plaza abarrotada.

El engañoso relato de las subidas de impuestos

«Habéis pagado 220.000 millones más en impuestos que con nosotros», aseguró Feijóo, recuperando una de las cifras centrales de su campaña. En el mismo acto, el PP valenciano volvió a atribuir al Gobierno de Sánchez 97 subidas fiscales.

El problema es que esas cifras no demuestran lo que sus promotores pretenden hacer creer. El recuento de las supuestas subidas incorpora medidas de naturaleza muy diferente, entre ellas modificaciones de cotizaciones, finalizaciones de rebajas fiscales temporales y cambios que no afectan por igual a todos los contribuyentes.

Tampoco puede confundirse el incremento de la recaudación con una subida equivalente de los impuestos que paga cada ciudadano. La recaudación aumenta cuando crecen el empleo, los salarios, los beneficios empresariales, el consumo y los precios, incluso aunque no cambien los tipos impositivos.

Las comprobaciones publicadas tras el debate del 19 de noviembre han cuestionado expresamente la cifra de cien subidas fiscales y la utilización de los 220.000 millones como si fueran el resultado directo de una mayor carga tributaria individual.

Feijóo, sin embargo, mantiene el mismo mensaje porque le permite presentar una realidad económica compleja mediante una cifra impactante, prescindiendo de las explicaciones que podrían cambiar la interpretación de sus palabras.

La deuda pública: los millones que Feijóo cuenta y el porcentaje que omite

El candidato popular aseguró también que España acumula 540.000 millones de euros más de deuda pública que durante los gobiernos del PP.

La deuda ha aumentado considerablemente en términos absolutos desde 2018. Eso es cierto. Pero Feijóo omitió un indicador fundamental: su peso sobre el producto interior bruto.

Según los datos publicados por el Banco de España el 17 de noviembre, la deuda de las administraciones públicas se situó en septiembre de 2026 en el 100,3 % del PIB, 2,7 puntos porcentuales menos que un año antes.

Es decir, España continúa teniendo una deuda elevada, pero su peso relativo respecto al tamaño de la economía está descendiendo. La evolución en euros y la evolución respecto al PIB ofrecen información diferente y ambas resultan necesarias.

Al mencionar únicamente el aumento nominal, Feijóo construye una imagen incompleta de la situación de las finanzas públicas, especialmente cuando atribuye toda la evolución al actual Gobierno sin explicar el impacto de la pandemia, la inflación y el crecimiento económico.

Un millón de viviendas y medio millón de empleos: promesas sin suficientes explicaciones

«Vamos a hacer un millón de viviendas, vamos a crear 500.000 puestos de trabajo», anunció Feijóo ante los asistentes, antes de prometer un crecimiento económico sin recurrir al aumento de la deuda pública.

La magnitud de esos compromisos contrasta con la escasa explicación ofrecida durante el discurso sobre los instrumentos para cumplirlos.

Construir un millón de viviendas exige suelo disponible, infraestructuras, financiación, trabajadores especializados, capacidad administrativa y coordinación entre administraciones. No basta con anunciar una cifra desde una tribuna electoral.

Además, el compromiso deja cuestiones esenciales sin resolver: cuántas viviendas serían públicas, cuántas protegidas, cuántas de alquiler asequible, quién asumiría su financiación y en qué plazos se entregarían.

Lo mismo sucede con los 500.000 puestos de trabajo. No se explicó qué parte respondería a nuevas inversiones, qué sectores concentrarían el empleo ni qué mecanismos permitirían garantizar su creación.

No puede calificarse una promesa de falsa antes de conocer su cumplimiento, pero tampoco debe confundirse un objetivo electoral con un resultado acreditado de gestión.

La dana de Valencia y el intento de apropiarse del discurso de la gestión

Feijóo eligió además una comunidad duramente golpeada por las inundaciones para afirmar que, ante una desgracia, un presidente debe movilizar todos los recursos públicos «sin esperar, sin cálculos partidistas, sin que nadie tenga que pedirlo».

La frase encierra una exigencia legítima. Sin embargo, resulta especialmente significativo que la pronunciara durante un acto destinado también a respaldar la gestión del Gobierno valenciano del Partido Popular.

La responsabilidad política ante una catástrofe no puede evaluarse únicamente por la cantidad de dinero movilizada ni por la voluntad declarada de ayudar a las víctimas. También exige examinar los sistemas de alerta, la coordinación administrativa, las decisiones adoptadas y los posibles errores cometidos.

Feijóo reclamó responsabilidad al Gobierno central, pero evitó aplicar en su intervención el mismo escrutinio a las actuaciones de su propio partido en la Generalitat.

La gestión de las emergencias debería medirse con criterios idénticos, independientemente del color político de quien gobierne.

Desalojos en 48 horas: una solución aparentemente sencilla para un problema complejo

Otro de los anuncios más contundentes del dirigente popular fue su compromiso de aprobar una ley que permita expulsar en 48 horas a quienes ocupen ilegalmente una vivienda.

«No puede ser y no será», proclamó.

La promesa reproduce una fórmula habitual del PP, pero omite las diferencias jurídicas entre el allanamiento de morada y la usurpación de inmuebles, así como las circunstancias que condicionan las actuaciones policiales y judiciales.

Es legítimo proponer procedimientos más rápidos para recuperar viviendas ocupadas ilegalmente. Lo que no puede hacerse es presentar todas las situaciones como idénticas ni sugerir que cualquier conflicto relacionado con una vivienda admite una solución automática.

Las garantías judiciales no son un obstáculo caprichoso inventado por los adversarios políticos. Forman parte del Estado de derecho que Feijóo asegura defender.

Prometer que nunca indultará a un acusado de corrupción

El candidato popular también aseguró que jamás indultaría a un político acusado de corrupción.

La declaración resulta llamativa por su imprecisión jurídica: en España el indulto es una medida de gracia aplicable a personas condenadas, no una decisión destinada a perdonar una mera acusación antes de que exista sentencia.

Por tanto, la promesa, formulada literalmente, carece de contenido práctico. Feijóo podría comprometerse a no indultar a políticos condenados por corrupción, pero eso no es exactamente lo que dijo en Valencia.

La diferencia no es menor en un dirigente que pretende convertir el rigor y el respeto institucional en sus principales credenciales para gobernar.

La honestidad no se proclama: se demuestra con hechos y cifras

Feijóo concluyó su intervención prometiendo gobernar para todos los españoles y garantizar que no existan ciudadanos de primera y de segunda. También aseguró que los servicios públicos no se proclaman, sino que se gestionan.

Son principios que pueden compartirse con independencia de la ideología, pero precisamente por eso deberían exigirse también al propio candidato cuando presenta sus cifras económicas, formula acusaciones contra sus adversarios o anuncia compromisos electorales.

No todas las afirmaciones discutibles constituyen mentiras deliberadas. Algunas son medias verdades, otras interpretaciones interesadas de los datos y otras simples promesas cuyo cumplimiento todavía está por demostrar.

Lo que sí resulta comprobable es que Feijóo volvió a utilizar cifras fiscales cuestionadas, ofreció una imagen parcial de la deuda y presentó grandes objetivos económicos sin explicar suficientemente cómo alcanzarlos.

El presidente del PP reclamó a los ciudadanos que confiaran en su palabra mientras acusaba reiteradamente a Pedro Sánchez de mentir. Pero quien aspira a gobernar España tiene la obligación de someter sus propias afirmaciones al mismo nivel de exigencia que reclama para sus adversarios.

Y en esa exigencia, los aplausos de una plaza de toros no sustituyen a las estadísticas, las garantías legales ni las explicaciones económicas.

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