Las palabras del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán publicadas en X no fueron casuales ni improvisadas. Al afirmar que “el régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos, persigue la bomba nuclear, financia el terror y desestabiliza la región” y que “ningún demócrata puede ser condescendiente con ello porque la libertad se defiende en todo el mundo”, el dirigente conservador trazó una justificación de la acción militar que, sin mencionarlo explícitamente, viola el derecho internacional vigente.
La declaración apela a una narrativa clásica: la defensa universal de la libertad frente a regímenes autoritarios. En esa lógica, la acción armada se presenta como extensión de los valores democráticos, no como simple cálculo geopolítico. Sin embargo, el orden jurídico internacional, articulado en torno a la Carta de las Naciones Unidas, limita el uso de la fuerza a dos supuestos: legítima defensa o autorización expresa del Consejo de Seguridad.
El régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos, persigue la bomba nuclear, financia el terror y desestabiliza la región. Ningún demócrata puede ser condescendiente con ello porque la libertad se defiende en todo el mundo.
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) February 28, 2026
Occidente debe estar unido: contención, evitar una…
Cuando una intervención militar no encaja claramente en esos parámetros, la tensión entre legalidad y legitimidad se vuelve central. Feijóo parece situarse en el terreno de la legitimidad política —la obligación moral de actuar— más que en el de la estricta legalidad. El mensaje es inequívoco: la inacción ante abusos sistemáticos sería, en sí misma, una forma de complicidad.
El argumento conecta con debates sobre la llamada “responsabilidad de proteger” (R2P), doctrina desarrollada tras los fracasos internacionales en Ruanda y los Balcanes. Bajo esta óptica, la soberanía no es un escudo absoluto si un Estado comete atrocidades contra su población. No obstante, incluso esa doctrina exige un mandato multilateral.
La frase “la libertad se defiende en todo el mundo” traslada el eje de la discusión hacia una ética intervencionista que históricamente ha dividido a las democracias occidentales. En España, donde la memoria de la guerra de Irak aún pesa en la opinión pública, la apelación a principios universales como justificación bélica es políticamente delicada.
El posicionamiento de Feijóo cumple varias funciones. En el plano doméstico, proyecta liderazgo en política exterior y se alinea con socios atlánticos partidarios de una línea dura frente a Teherán. En el plano internacional, envía una señal de que el Partido Popular respaldaría una postura firme frente a amenazas nucleares y al terrorismo patrocinado por Estados.
Sin embargo, el cálculo no está exento de riesgos. Defender una acción militar que vulnera el derecho internacional puede erosionar la coherencia de un partido que, en otros contextos, reivindica el respeto a las normas y a las instituciones. La selectividad en la defensa de la legalidad internacional suele ser terreno fértil para acusaciones de doble rasero.