Feijóo quiere que el origen siga contando después de obtener la nacionalidad

Alberto Núñez Feijóo quiere cambiar las reglas de la nacionalidad española para quienes no nacieron con ella. El presidente del Partido Popular ha anunciado una proposición de ley orgánica que permitiría retirársela a ciudadanos nacionalizados que pertenezcan a organizaciones terroristas o criminales o sean reincidentes en delitos graves como asesinatos o violaciones. La propuesta se presenta rodeada de delitos que provocan un rechazo social indiscutible, pero introduce una cuestión que trasciende ampliamente la política penal y alcanza al propio concepto de ciudadanía.

Una violación debe ser investigada, juzgada y castigada con toda la contundencia prevista en la legislación, la cometa quien la cometa. Lo mismo sucede con un asesinato o un atentado terrorista. La cuestión que abre Feijóo es diferente y aparece después de la condena penal. Si dos ciudadanos españoles cometen exactamente el mismo delito, el PP quiere que el Estado pueda retirar la nacionalidad a uno de ellos mientras la Constitución impide hacerlo con el otro. La diferencia no estaría en la gravedad de los hechos, sino en cómo llegaron ambos a ser españoles.

Feijóo ha presentado la iniciativa mediante una concepción de la nacionalidad basada en la confianza. El Estado, sostiene, realiza «el mayor acto de confianza» cuando concede un pasaporte a alguien nacido fuera de España y esa confianza debe conservarse durante toda la vida. Si el ciudadano nacionalizado incurre posteriormente en determinadas conductas, el pacto se habría roto y el Estado podría retirarle la nacionalidad. El líder popular ha añadido que pretende terminar con la «frivolidad» con la que, a su juicio, se producen algunas nacionalizaciones y adaptar España a los países «más serios» de Europa.

El lenguaje escogido resulta significativo. La nacionalidad aparece como algo que el Estado concede condicionalmente a quien llegó de fuera, incluso después de que esa persona haya cumplido todos los requisitos legales para convertirse en española. No se trata únicamente de exigir determinadas condiciones para acceder a la ciudadanía, algo que todos los Estados regulan, sino de mantener durante el resto de la vida una diferencia entre quien nació español y quien adquirió posteriormente esa condición.

La Constitución permite establecer diferencias entre ambas situaciones, pero también marca con absoluta claridad una frontera. Su artículo 11 dispone que ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. Eso significa que un español de origen condenado por los delitos más graves continuará siendo español después de recibir y cumplir la pena correspondiente. Feijóo propone ampliar, en cambio, las circunstancias en las que otro ciudadano español podría perderla.

El delito es el mismo pero Feijóo introduce el origen

El Código Civil ya establece determinados supuestos de pérdida de la nacionalidad para españoles que no lo sean de origen, pero son muy distintos de los anunciados por el PP. Su artículo 25 contempla, entre otras circunstancias, utilizar exclusivamente durante tres años la nacionalidad a la que se hubiera declarado renunciar al adquirir la española o entrar voluntariamente al servicio de las armas de otro Estado contra una prohibición expresa del Gobierno. También permite anular una nacionalización conseguida mediante falsedad, ocultación o fraude. La comisión de una violación, un asesinato u otro delito común, por grave y repugnante que resulte, no constituye actualmente una causa de pérdida de la nacionalidad.

La reforma del PP pretende entrar precisamente ahí y añadir a la pena establecida por la legislación una consecuencia vinculada al origen del condenado.

No existe ninguna razón para dulcificar la gravedad de esos delitos al discutir la propuesta. Un agresor sexual debe responder ante la Justicia y cumplir la condena que corresponda. El problema jurídico y político consiste en explicar por qué la respuesta del Estado debería incorporar además una distinción entre dos ciudadanos españoles en función de si nacieron con la nacionalidad o la adquirieron después.

Un hombre nacido en España que viole a una mujer seguirá siendo español. Otro nacido en Colombia, Marruecos o Senegal que haya obtenido legalmente la nacionalidad española y cometa exactamente la misma agresión podría dejar de serlo si prospera el principio anunciado por Feijóo y concurren las condiciones que finalmente establezca la ley.

La víctima merece la misma protección, el delito posee la misma gravedad y el agresor debe afrontar la respuesta penal correspondiente en ambos casos. La variable que cambia no es la conducta, sino el pasado migratorio de quien la cometió.

Ese es el aspecto que el vocabulario de la «confianza» consigue disimular. Una persona nacionalizada no conserva jurídicamente una especie de extranjería latente después de obtener la ciudadanía. Es española. La propuesta de Feijóo plantea que, para determinados ciudadanos, el origen pueda continuar produciendo consecuencias muchos años después de haber desaparecido la condición de extranjero.

El texto definitivo será imprescindible para evaluar hasta dónde pretende llevar el PP esa distinción. Feijóo todavía no ha concretado todos los delitos incluidos, las condiciones exactas de reincidencia, el procedimiento, las garantías o cómo resolvería los casos en los que la retirada pudiera generar apatridia. Por eso no puede afirmarse que una proposición que todavía no conocemos vaya a ser declarada inconstitucional.

Sí puede afirmarse cuál es el límite del que parte. La Constitución blinda frente a la privación de nacionalidad al español de origen y no ofrece esa misma protección absoluta al nacionalizado.

Los «países serios» de Europa tampoco hacen todos lo mismo

Feijóo ha buscado legitimidad europea para su propuesta asegurando que estará inspirada en los países «más serios» de la Unión, una expresión que aporta contundencia política pero bastante poca precisión jurídica. Europa no dispone de un modelo uniforme de retirada de la nacionalidad y los países que contemplan esa posibilidad establecen condiciones muy diferentes.

Francia, Italia o Países Bajos permiten retirar la nacionalidad en determinados supuestos, particularmente vinculados al terrorismo, la traición o amenazas contra intereses esenciales del Estado y bajo determinadas restricciones. Otros ordenamientos son mucho más restrictivos. Alemania no establece con carácter general que cometer un asesinato o una violación permita retirar posteriormente la nacionalidad a un ciudadano naturalizado. Canadá tampoco utiliza la delincuencia común como causa general de revocación y en Estados Unidos existen importantes límites constitucionales a la privación unilateral de ciudadanía.

La comparación es importante porque el anuncio de Feijóo mezcla fenómenos jurídicamente diferentes. No es lo mismo regular la pérdida de nacionalidad por incorporarse a una organización terrorista que convertir la comisión de determinados delitos comunes en una causa general de retirada de ciudadanía. Tampoco es igual actuar contra una nacionalización conseguida fraudulentamente que revocar décadas después una nacionalidad obtenida de forma perfectamente legal.

Presentar todo ello como una simple adaptación a la «realidad europea» convierte un mapa jurídico extraordinariamente heterogéneo en una fotografía mucho más uniforme de lo que realmente es.

Tampoco sabemos todavía cuál es el problema cuantitativo que pretende solucionar el PP. Feijóo ha hablado de «frivolidad» en la concesión de nacionalidades, pero no ha acompañado esa afirmación de datos que permitan conocer cuántas personas nacionalizadas han sido condenadas por los delitos que utiliza para justificar la reforma ni qué porcentaje representan sobre el conjunto de nuevos ciudadanos españoles.

La ausencia de esas cifras no impide legislar, pero sí resulta relevante cuando se propone modificar una institución tan sustancial como la ciudadanía. Si España afronta un problema específico de criminalidad grave entre personas nacionalizadas que exige alterar el régimen de pérdida de nacionalidad, el diagnóstico debería preceder a la solución y no aparecer después de haber anunciado la ley.

De merecer la nacionalidad a poder dejar de merecerla

La propuesta tampoco surge aislada de la evolución del discurso migratorio de Feijóo. En octubre de 2025, durante la presentación del Plan Nacional para una Inmigración Legal, Ordenada y Mutuamente Beneficiosa del PP, el dirigente popular ya defendió elevar las exigencias lingüísticas, culturales y constitucionales para obtener la ciudadanía.

Entonces acuñó una formulación que permite entender bastante bien hacia dónde ha evolucionado su planteamiento. «La nacionalidad española no se regala, se merece», aseguró Feijóo, que la presentó como «un mérito» y «un premio al esfuerzo y a la integración real», en lugar de una simple gestión administrativa.

La diferencia entre aquel discurso y el actual es sustancial. Una cosa es defender que para obtener la nacionalidad deben cumplirse determinados requisitos y otra establecer que, una vez obtenida legalmente, algunos españoles tendrán que seguir demostrando durante el resto de su vida que continúan mereciéndola.

Un español de origen no mantiene esa relación condicional con el Estado. Nadie puede retirarle el pasaporte porque haya dejado de satisfacer unas expectativas de comportamiento, por atroz que sea el delito cometido. Será detenido, juzgado y condenado conforme a la ley, pero continuará formando parte de la comunidad política que también tiene la obligación de castigarlo. Para el nacionalizado, Feijóo propone introducir otra lógica.

La diferencia no es menor porque transforma la nacionalidad en algo distinto según quién la posea. Para unos sería un vínculo jurídico definitivo protegido constitucionalmente. Para otros podría convertirse en un estatuto sujeto a determinadas condiciones de conducta incluso después de décadas como ciudadanos españoles.

Y todo ello se produce mientras el PP endurece de manera sostenida su discurso sobre inmigración y nacionalidad. Primero centró buena parte de su ofensiva en dificultar la inmigración irregular; después endureció los requisitos que propone para acceder a la nacionalidad; más tarde convirtió las nacionalizaciones vinculadas a la denominada ley de nietos en otro frente político; y Feijóo introduce ahora la posibilidad de revisar quién puede conservar la ciudadanía después de haberla obtenido.

El desplazamiento resulta políticamente significativo porque el debate deja de limitarse a quién puede entrar en España o bajo qué condiciones puede convertirse en español. Empieza a alcanzar a personas que ya son españolas.

Ahí es donde el discurso de Feijóo adquiere una dimensión particularmente delicada. Hablar de «extranjeros» para referirse a las personas a las que pretende retirar la nacionalidad puede resultar intuitivo desde el punto de vista político, pero es jurídicamente engañoso. Para poder perder la nacionalidad española primero hay que tenerla. Por tanto, la reforma no se aplicaría a extranjeros que cometen delitos en España, sino a ciudadanos españoles que previamente fueron extranjeros.

Ese matiz cambia considerablemente el debate.

No estamos discutiendo qué debe hacer España con un ciudadano extranjero condenado por un delito grave, para lo que el ordenamiento dispone de sus propias reglas. Estamos discutiendo si una persona que dejó de ser extranjera al obtener legalmente la nacionalidad debe continuar cargando con su origen como una condición jurídica capaz de reaparecer en el futuro.

El Gobierno ha rechazado la propuesta y la portavoz Elma Saiz ha acusado al PP de pretender establecer españoles de primera y de segunda. Óscar Puente la ha calificado de «descabellada». Son valoraciones políticas del Ejecutivo y deben presentarse como tales, no como una conclusión jurídica sobre una norma que todavía no ha sido registrada.

La crítica a la propuesta no necesita, en cualquier caso, relativizar un solo delito. El feminismo lleva décadas reclamando precisamente que la violencia sexual sea tratada con la gravedad que merece, que las víctimas sean protegidas y que los agresores respondan ante la Justicia. Convertir la violación en el envoltorio emocional de un debate sobre nacionalidad no debería impedir discutir qué relación existe realmente entre la protección de las mujeres y retirar el pasaporte únicamente a determinados violadores mientras otros, condenados por los mismos hechos, necesariamente lo conservan.

La respuesta frente a la violencia sexual debe dirigirse contra el agresor por ser agresor, no por haber nacido extranjero.

Ese principio permite observar con bastante nitidez qué está proponiendo realmente Feijóo. La gravedad del delito determina la pena, pero el origen determinaría quién puede seguir siendo español después de cumplirla. Y ahí la discusión abandona definitivamente el terreno de la inmigración para entrar en otro mucho más profundo, el de la igualdad de ciudadanía.

Feijóo todavía tiene que presentar su proposición de ley y será entonces cuando pueda comprobarse su alcance jurídico real. Hasta ese momento conviene evitar tanto declararla constitucional de antemano como sentenciar que necesariamente vulnerará la Constitución.

Lo que no necesita esperar al articulado es el debate político que el propio líder del PP ha abierto. Durante años, la derecha española ha discutido sobre las condiciones que debe cumplir un extranjero para llegar a ser español. Feijóo propone dar un paso más y conservar el origen como una diferencia relevante incluso después de que ese extranjero haya dejado legalmente de serlo.

La nacionalidad dejaría así de borrar una frontera para mantenerla en reserva. Unos españoles conservarían su ciudadanía con independencia de los delitos que pudieran cometer y responderían por ellos exclusivamente mediante las penas establecidas por el ordenamiento. Otros podrían afrontar, además, la pérdida del vínculo jurídico que los convirtió en ciudadanos.

El PP lo llama mantener la confianza del Estado. La pregunta que tendrá que responder cuando presente su ley es durante cuántos años debe seguir siendo extranjero, a determinados efectos, alguien que España ya reconoció como español.