Feijóo pasa de cerrar fronteras a decidir quién merece seguir siendo español

Alberto Núñez Feijóo ha encontrado una nueva frontera que cerrar. Ya no se trata únicamente de decidir quién puede entrar en España. Ahora quiere decidir también quién merece seguir siendo español.

El presidente del PP volvió este domingo en Badalona sobre una propuesta que lleva días colocando en el centro de su discurso político. Si llega al Gobierno, asegura, revisará cómo se concede la nacionalidad española, cómo se mantiene y, sobre todo, cómo se puede perder. Lo hizo acompañado por Xavier García Albiol y Alejandro Fernández y dentro de un discurso en el que inmigración, delincuencia, fronteras y seguridad volvieron a aparecer convenientemente empaquetadas. Feijóo prometió una España “cerrada a cal y canto” para quienes vengan “a saltarse la ley” y defendió que el país necesita recuperar “el prestigio de su pasaporte”.

La elección de las palabras importa. Porque un pasaporte no es una condecoración que un Gobierno entregue a los ciudadanos cuyo comportamiento considera ejemplar, ni la nacionalidad española funciona jurídicamente como un permiso sujeto a renovación periódica por buena conducta.

Feijóo, sin embargo, ha decidido presentar la ciudadanía casi como un contrato condicionado. “Si a alguien le molesta que le retiremos la nacionalidad a un condenado por pertenecer a una banda criminal o a una banda armada, que me lo explique. Si a alguien le molesta que retiremos la nacionalidad a un asesino, que nos lo explique”, proclamó en Badalona. Días antes había incluido también entre los supuestos a reincidentes en abusos sexuales y violaciones.

La pregunta está construida para que cualquier objeción resulte moralmente sospechosa. Nadie necesita defender a un asesino, un terrorista o un violador para discutir si dos españoles condenados exactamente por el mismo delito deben recibir consecuencias jurídicas distintas dependiendo de cómo adquirieron la nacionalidad. Ese es el debate que queda oculto detrás de una sucesión de delitos especialmente repugnantes elegidos precisamente porque hacen mucho más incómoda cualquier discusión racional.

La igualdad ante la ley que termina distinguiendo entre españoles

Hay una ironía difícil de pasar por alto. Feijóo justifica su propuesta apelando precisamente a que todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley. Pero la arquitectura que plantea conduce a una distinción evidente.

La Constitución establece en su artículo 11 que la nacionalidad española se adquiere, conserva y pierde de acuerdo con la ley, pero introduce inmediatamente un límite inequívoco, “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”.

Eso significa que una política que pretendiera asociar determinados delitos con la privación de nacionalidad tendría necesariamente que enfrentarse a esa diferencia constitucional. Un español de origen condenado por asesinato, terrorismo o violación seguiría siendo español. Para determinados españoles que adquirieron posteriormente la nacionalidad, Feijóo pretende abrir la posibilidad de que la condena lleve aparejada además la pérdida de esa ciudadanía.

No se está discutiendo aquí la gravedad de esos delitos, que es indiscutible, ni la necesidad de castigarlos con toda la contundencia prevista en el Código Penal. Se está discutiendo si la nacionalidad adquirida convierte a un ciudadano en un español permanentemente provisional, sometido a una condición que no pesa sobre quien recibió esa misma nacionalidad al nacer. Y eso se parece bastante poco a la igualdad ante la ley que Feijóo dice estar defendiendo.

El Código Civil ya contempla actualmente supuestos de pérdida de nacionalidad para españoles que no sean de origen, pero son muy concretos. Entre ellos figuran utilizar exclusivamente durante tres años la nacionalidad a la que se había renunciado al adquirir la española, entrar voluntariamente al servicio de las armas o ejercer un cargo político en otro Estado contra una prohibición expresa del Gobierno. También puede declararse nula una adquisición cuando una sentencia firme determine que hubo falsedad, ocultación o fraude. La comisión ordinaria de un delito grave no aparece configurada actualmente como una causa general de pérdida de la nacionalidad.

Por eso no estamos ante una simple operación de limpieza legislativa, por mucho que el PP pretenda envolverla en sentido común. Estamos ante un cambio sustancial en la concepción de la ciudadanía.

El español que tiene que seguir demostrando que merece serlo

Feijóo ha explicado que la nacionalidad concedida a quien nació fuera de España constituye un “acto de confianza” y que esa confianza debe mantenerse “durante todo el tiempo”. También ha sostenido que “el pasaporte no se regala” y que hay que merecerlo y ahí está probablemente la parte políticamente más reveladora de toda la propuesta.

Porque quien obtiene legalmente la nacionalidad española deja de ser un aspirante a español. Es español. Puede votar, ser elegido, trabajar, pagar impuestos, formar una familia, cumplir sus obligaciones y ejercer sus derechos exactamente como cualquier otro ciudadano dentro de los límites establecidos por el ordenamiento. La lógica del “acto de confianza” introduce otra idea. La de que algunos ciudadanos reciben la nacionalidad definitivamente mientras otros parecen conservarla bajo observación.

Al español nacido en Burgos, Lugo o Badalona que comete un crimen atroz se le juzga y, si es condenado, se le impone la pena correspondiente. Nadie discute que deba responder ante la Justicia. Pero su condición de español no entra en revisión. El nacionalizado que cometa el mismo delito podría enfrentarse, en el modelo que plantea Feijóo, no solamente al castigo penal, sino también a una especie de examen retrospectivo de españolidad.

Dos ciudadanos. El mismo delito. La misma condena penal. Pero uno conservaría necesariamente su nacionalidad y sobre el otro podría pesar una consecuencia adicional relacionada con el modo en que llegó a ser español. Una curiosa manera de proclamar que todos somos iguales.

Del voto contra Vox a competir en su terreno

Hay además un detalle político que estropea bastante el relato de que el PP acaba de descubrir una necesidad jurídica urgente. Hace apenas unos meses, el Partido Popular votó en contra de una iniciativa de Vox que planteaba retirar la nacionalidad española por delitos graves. Ahora Feijóo trabaja en una proposición de ley orgánica que avanza precisamente sobre ese terreno. Vox no ha tardado en reivindicar la paternidad política de la idea.

La transformación merece atención porque no se produce en el vacío. Llega mientras el PP endurece su discurso migratorio, vincula reiteradamente inmigración y seguridad y trata de aprovechar políticamente la crisis de Ceuta. En Badalona, Feijóo juntó en el mismo discurso fronteras, delincuencia, okupación, expulsiones, nacionalidad y la promesa de cerrar España “a cal y canto” a quienes vengan a incumplir la ley. La frontera ideológica con Vox empieza así a resultar bastante más difícil de localizar.

No porque PP y Vox sean lo mismo ni porque sus propuestas sean idénticas, sino porque el principal partido de la derecha está aceptando marcos que hace muy poco rechazaba. Cuando Vox proponía retirar la nacionalidad por determinados delitos, el PP votaba en contra. Ahora Feijóo presenta su propia reforma y la convierte en uno de los escaparates de su política migratoria. Quizá el pasaporte no sea lo único que está revisando el Partido Popular.

Una frontera que tampoco puede fabricarse sin límites

La propuesta tiene además obstáculos que no desaparecen a golpe de mitin. España está vinculada por la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961, a la que se adhirió en 2018. El tratado establece como principio que los Estados no privarán de su nacionalidad a una persona cuando esa decisión vaya a convertirla en apátrida, salvo excepciones tasadas.

Eso significa que convertir la retirada de nacionalidad en una respuesta general frente a determinados delitos plantea cuestiones jurídicas bastante más complejas que la fórmula aparentemente sencilla que Feijóo ofrece desde un escenario.

Pero la eficacia inmediata del mensaje no necesita esperar a que exista una ley ni a comprobar hasta dónde puede llegar jurídicamente. El efecto político ya está conseguido cuando se instala la idea de que existen españoles cuya pertenencia al país puede ponerse nuevamente a examen.

El ciudadano nacionalizado deja entonces de aparecer como un ciudadano más y pasa a ser alguien cuya españolidad puede depender de seguir mereciéndola, y ahí está el verdadero salto.

Un Estado democrático dispone de jueces, tribunales, cárceles y un Código Penal para castigar a asesinos, terroristas y agresores sexuales. No necesita fingir que cuestionar una pena adicional equivale a sentir simpatía por quienes cometen esos delitos. Esa trampa retórica puede funcionar estupendamente en un mitin, pero evita responder a la cuestión esencial,  por qué un mismo crimen debería convertir a un español en menos español que a otro.

Feijóo dice querer recuperar el prestigio del pasaporte español. En su intento por prestigiarlo, corre el riesgo de convertirlo en algo bastante distinto, un documento definitivo para unos españoles y condicionado para otros y después llamarlo igualdad.