Feijóo quiere que las mutuas decidan cuándo se acaba una baja médica

Alberto Núñez Feijóo ha dado un paso más en sus propuestas para combatir el incremento de las bajas laborales. Esta vez no ha cuestionado cuánto debe cobrar una persona durante una incapacidad temporal ni ha utilizado la palabra «cáncer» para describir el absentismo, como hizo en julio. La propuesta presentada este martes ante la patronal Cecot entra directamente en el consultorio: quiere que las mutuas puedan decidir el alta médica en «determinadas patologías».

La diferencia no es menor. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social ya participan en el control de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes y pueden formular propuestas motivadas de alta, pero la decisión corresponde al sistema público de salud, al Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en los supuestos previstos legalmente, al Instituto Social de la Marina. En las contingencias profesionales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales cubiertas por ellas, sus competencias son mayores.

Feijóo propone alterar ese equilibrio, aunque dejó sin contestar prácticamente todas las preguntas necesarias para saber hasta dónde pretende hacerlo. No identificó las patologías, no explicó si existirían excepciones en función del puesto de trabajo, no detalló el procedimiento de revisión ni aclaró qué ocurriría ante una discrepancia entre el médico que atiende al paciente y la mutua que considera que puede reincorporarse.

Lo que sí dejó claro fue el contexto político de la propuesta. Lo hizo ante empresarios y después de insistir en la existencia de fraude en las bajas médicas y cifrar en 30.000 millones de euros anuales el coste del absentismo.

El problema empieza precisamente ahí, porque una incapacidad temporal no es una valoración abstracta sobre si alguien parece suficientemente enfermo. Es un acto médico relacionado con una persona concreta, una enfermedad concreta y un trabajo concreto. Un diagnóstico idéntico puede incapacitar temporalmente a quien descarga mercancía durante ocho horas y permitir trabajar a otra persona que desempeña una actividad completamente distinta. El alta no determina únicamente que alguien ha mejorado ya que determina que ha recuperado la capacidad funcional necesaria para regresar a su profesión.

Entregar esa decisión a una entidad cuya función forma parte del sistema de protección social exige, como mínimo, explicar con extraordinaria precisión las garantías. Feijóo no lo hizo.

Del diagnóstico al poder de dar el alta

Existe un punto en el que Gobierno, patronal y sindicatos sí han encontrado terreno común. Los agentes sociales acordaron aumentar la participación de las mutuas en pruebas diagnósticas, tratamientos y rehabilitación de determinadas patologías traumatológicas y musculoesqueléticas, precisamente para reducir las listas de espera y acelerar la recuperación de los trabajadores. Eso tiene poco que ver con lo que acaba de proponer el presidente del PP.

Una cosa es permitir que una persona que espera meses para una resonancia, una consulta especializada o rehabilitación pueda acceder antes a esas prestaciones mediante los recursos de una mutua. Otra bastante diferente es entregar a esa misma entidad la capacidad jurídica y médica de poner fin a la baja.

La primera medida busca acortar la enfermedad mejorando la asistencia. La segunda puede acortar administrativamente la incapacidad porque alguien determina que el trabajador debe reincorporarse. Feijóo ha colocado ambas cuestiones dentro del mismo discurso, aunque sus consecuencias son muy distintas.

Resulta además llamativo que el acuerdo menos controvertido avance con tanta lentitud. Hasta el momento solo Castilla-La Mancha, Baleares, Cataluña, Asturias y Cantabria han suscrito convenios para desarrollar esa colaboración sanitaria en procesos traumatológicos, y varias comunidades gobernadas por el PP se encuentran entre las que todavía no han desplegado una fórmula acordada por Gobierno, empresarios y sindicatos.

Antes de reclamar para las mutuas la capacidad de firmar altas, el PP podría explicar por qué territorios que gobierna todavía no han aprovechado plenamente su capacidad para ayudar a diagnosticar, tratar y rehabilitar antes.

La diferencia revela dos maneras muy distintas de abordar el mismo problema. Si una baja se prolonga porque el trabajador espera una prueba diagnóstica, un especialista o rehabilitación, la solución consiste en curarlo antes. Si se considera que se prolonga porque existe un exceso de protección o un control insuficiente, la respuesta consiste en reforzar a quien puede terminarla. Feijóo ha decidido poner el acento en la segunda.

El enfermo grave y el resto

El presidente del PP introdujo también una rectificación significativa respecto a sus palabras de julio. Después de cuestionar entonces que determinados convenios colectivos complementasen la prestación hasta alcanzar el salario completo durante una baja, este martes defendió que las personas con enfermedades graves puedan cobrar el 100% durante todo el proceso.

La propuesta parece protectora, pero abre inmediatamente otra pregunta que Feijóo tampoco respondió: qué considera una enfermedad suficientemente grave para merecer esa protección.

Porque la incapacidad temporal no está diseñada para premiar la gravedad diagnóstica. Su función consiste en proteger a quien, debido a una enfermedad o accidente, está temporalmente imposibilitado para desempeñar su trabajo y recibe asistencia sanitaria.

Una lumbalgia puede no figurar entre las enfermedades que intuitivamente se califican como graves y, sin embargo, impedir completamente trabajar a una gerocultora, un albañil, una camarera de piso o un repartidor. Una lesión de hombro puede parecer menor hasta que quien la padece tiene que levantar peso cientos de veces durante su jornada. Un trastorno de ansiedad puede no necesitar hospitalización y hacer imposible determinadas actividades profesionales.

Separar discursivamente al «enfermo grave» que merece protección del resto de trabajadores de baja exige definir qué sucede con todas esas enfermedades que no amenazan la vida, pero sí impiden trabajar. Y precisamente ahí adquiere mayor importancia la propuesta sobre las mutuas.

El debate no consiste en negar que exista fraude. Existe en las prestaciones sociales como existe en la fiscalidad, la contratación pública, las subvenciones o las relaciones empresariales, y debe perseguirse. La cuestión es qué instrumento se utiliza para combatirlo y qué garantías se mantienen para quienes cumplen la ley.

Feijóo habló de «desamparar» a quien se aproveche del sistema. El ordenamiento ya permite controlar las incapacidades, citar a los trabajadores para reconocimientos, formular propuestas de alta, suspender prestaciones cuando se incumplen determinadas obligaciones y sancionar el fraude. Lo que el presidente del PP plantea no es simplemente perseguir conductas fraudulentas, sino modificar quién tiene capacidad para declarar terminada una incapacidad temporal.

Una decisión médica con consecuencias laborales

Las mutuas no son compañías privadas ordinarias. Son asociaciones privadas de empresarios, sin ánimo de lucro, que colaboran con la Seguridad Social y gestionan recursos públicos en las funciones que tienen legalmente atribuidas. Precisamente por esa configuración, ampliar sus competencias requiere algo más que presentar la medida como una herramienta contra el absentismo.

Los sindicatos llevan años mostrando sus reservas ante la posibilidad de que puedan emitir directamente las altas en contingencias comunes por el potencial conflicto entre la protección de la salud del trabajador y el objetivo de reducir la duración y el coste de los procesos. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, respondió este martes que entregarles esa facultad puede generar precisamente ese conflicto de intereses y defendió que la incapacidad temporal continúe bajo el criterio de los profesionales del sistema público que la prescriben. Es una discusión que merece datos y garantías, no sospechas generales.

Las bajas por contingencias comunes han aumentado. En el primer semestre de 2026 la prevalencia media alcanzó 55,18 procesos por cada 1.000 asalariados, máximo de la serie, aunque el ritmo de crecimiento se ha moderado respecto a años anteriores. Entre las explicaciones analizadas durante los últimos años aparecen el envejecimiento de la población trabajadora, los problemas de salud mental, la saturación sanitaria y las demoras asistenciales, además del fraude que pueda existir.

Reducir las duraciones innecesarias es un objetivo razonable. También lo es evitar que alguien permanezca meses de baja esperando una prueba que podría realizarse en semanas.

Pero una estadística de absentismo no puede determinar si una cajera con una lesión lumbar está preparada para permanecer ocho horas en su puesto, si un conductor puede volver a conducir o si una trabajadora con una lesión de hombro puede recuperar una actividad física repetitiva. Para eso existe una evaluación clínica y funcional individual.

El propio Feijóo anunció que quiere aumentar las plantillas de médicos evaluadores. Esa medida plantea un debate distinto y perfectamente reconocible: reforzar los recursos públicos encargados de controlar las incapacidades y reducir los retrasos.

El salto aparece después. Si se refuerza la inspección médica pública, resulta necesario explicar por qué hace falta simultáneamente trasladar a las mutuas una competencia que actualmente no tienen sobre las contingencias comunes, Feijóo no ofreció esa explicación.

Tampoco precisó si el trabajador podría recurrir inmediatamente un alta, quién resolvería el desacuerdo, qué ocurriría durante la impugnación o qué responsabilidad existiría si una reincorporación prematura agravase la enfermedad. Son detalles bastante importantes para una persona que puede pasar de estar médicamente incapacitada a tener que presentarse en su puesto de trabajo.

El debate sobre las bajas necesita probablemente menos consignas y bastante más medicina, prevención de riesgos laborales, recursos sanitarios y capacidad inspectora. Si Feijóo quiere entregar a las mutuas el poder de decidir que un trabajador está preparado para volver a trabajar, tendrá que explicar mucho mejor por qué, en qué enfermedades y con qué garantías.