En la política europea contemporánea hay una línea roja que muchos conservadores han decidido no cruzar. En Alemania, Francia, Suecia o incluso Italia (con fórmulas más ambiguas), la derecha tradicional ha ensayado distintos cordones sanitarios frente a la extrema derecha, conscientes de que gobernar con ella no solo altera mayorías parlamentarias, sino también los fundamentos normativos del sistema democrático. España, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, parece dispuesta a recorrer el camino inverso.
La comparecencia de balance de año del líder del Partido Popular no fue solo un ajuste de cuentas con el Gobierno de Pedro Sánchez. Fue, sobre todo, una declaración estratégica: el PP no aplicará ningún cordón sanitario a Vox. Más aún, Feijóo dejó claro que considera legítimo (e incluso deseable) un acuerdo de gobierno con la extrema derecha en Extremadura, y probablemente en otros territorios tras el ciclo electoral de 2026.
Giro ideológico
Feijóo fue explícito: “Mi cordón sanitario no es a Vox ni a sus votantes, es a Bildu”. La frase, cuidadosamente diseñada, redefine el mapa moral de la derecha española. Mientras en Europa la extrema derecha es tratada como un actor sistémico de riesgo, en España el líder del PP la normaliza y la equipara a un socio parlamentario más.
Este no es un movimiento coyuntural. La aritmética manda, sí, pero el tono conciliador, la voluntad de “dejar sedimentar” los resultados y la disposición a hablar directamente con Santiago Abascal revelan algo más profundo: Feijóo asume que el futuro del poder conservador pasa por integrar a Vox, no por aislarlo.
En Extremadura, el mensaje es inequívoco. No habrá repetición electoral. Si la gobernabilidad depende de Vox, el PP negociará hasta el final, sin descartar un Gobierno de coalición. Una opción que en otros países conservadores sigue siendo tabú.
Europa mira a la extrema derecha y pone distancia
El contraste con Europa es revelador. En Alemania, la CDU mantiene un veto formal a AfD, incluso cuando eso complica gobiernos regionales. En Francia, Los Republicanos siguen rechazando alianzas con Marine Le Pen. En Suecia, el apoyo parlamentario de la extrema derecha ha generado tensiones internas y costes reputacionales severos para la derecha tradicional.
Feijóo, sin embargo, apuesta por la normalización plena. En su lógica, Vox no es un problema democrático, sino un aliado exigente al que hay que gestionar con “proporcionalidad”. Incluso dentro del PP hay quienes sostienen que forzar a Vox a gobernar desgastaría a la extrema derecha. Una tesis arriesgada, cuando la experiencia comparada demuestra que el poder institucional suele fortalecer, no debilitar, a estos actores.
Coherencia en retirada
La estrategia choca con los compromisos asumidos por Feijóo en el congreso del PP de julio, donde defendió gobernar en solitario. Hoy ese objetivo se presenta como un ideal flexible, subordinado a la realidad parlamentaria. El pragmatismo sustituye a la doctrina, y el discurso del “colapso del sanchismo” actúa como justificación de cualquier alianza.
Paradójicamente, mientras acusa al Gobierno de Sánchez de bloqueo institucional y falta de presupuestos, Feijóo evita aclarar si recurrirá a instrumentos como la moción de censura. Prefiere dejar correr el tiempo y consolidar una imagen de alternativa inevitable, aunque esa alternativa dependa de Vox.
Inmigración, ley y el eco del discurso ultra
El respaldo de Feijóo a la actuación del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, tras el desalojo masivo de migrantes, es otro indicio de esta convergencia discursiva. Bajo el argumento del respeto a la ley, el líder del PP evitó cualquier mención a soluciones habitacionales o políticas de integración, alineándose con una narrativa que la extrema derecha ha convertido en bandera: orden sin matices, legalidad sin contexto social.
En Europa, muchos conservadores han aprendido que adoptar el marco mental de la extrema derecha no la debilita, sino que la legitima. Feijóo parece dispuesto a asumir ese riesgo.
Feijóo insiste en que 2026 será “el año del cambio”. Puede que tenga razón. Pero la pregunta clave no es cuándo llegará ese cambio, sino a qué precio democrático. Al renunciar explícitamente al cordón sanitario frente a Vox, el PP rompe con una de las últimas barreras simbólicas del consenso liberal europeo.
España se enfrenta así a una anomalía inversa: mientras el continente intenta contener a la extrema derecha, la principal fuerza conservadora española la incorpora al centro del poder. No es solo una cuestión de gobernabilidad regional. Es una redefinición del campo político cuyos efectos se sentirán mucho más allá de Extremadura.