La afirmación de Santiago Abascal de que Vox debe entrar en el Gobierno de Extremadura con una vicepresidencia y varias consejerías no es una bravata negociadora. Es una declaración de método. La extrema derecha ya no se conforma con condicionar desde fuera: reclama capacidad ejecutiva, presupuesto y mando político para aplicar un programa que tensiona los marcos constitucionales y desborda sin complejos el terreno de la derecha tradicional. El problema no es solo Vox. Es hasta qué punto el PP ha dejado de ser un dique para convertirse en correa de transmisión.
El líder de Vox verbalizó en una entrevista lo que en la práctica lleva meses ocurriendo: la entrada de su partido en gobiernos autonómicos no responde a una lógica de responsabilidad institucional, sino a la voluntad de imponer políticas en materias clave —migración, fiscalidad, medio ambiente, gasto público— ya pactadas en otros territorios. Extremadura aparece ahora como una pieza más de ese tablero, no como una excepción.
Abascal no oculta la exigencia: una vicepresidencia, consejerías “acordes a los votos” y control directo de la ejecución. No es una demanda simbólica. Es una manera de blindar decisiones que, en muchos casos, chocan con consensos básicos construidos durante décadas. Cuando habla de “reindustrialización” o de “fin del gasto político”, lo hace desde un marco ideológico que niega el papel del sector público como garante de cohesión y reduce la acción política a una lógica de confrontación cultural permanente.
El PP como socio funcional
La gravedad del momento no reside solo en el discurso de Vox, conocido y reiterado, sino en la posición del Partido Popular. El PP ha pasado de negar cualquier acuerdo estructural con la extrema derecha a gestionar su dependencia como si fuera una anomalía menor. En Extremadura, como antes en la Comunidad Valenciana o en Castilla y León, el partido de Alberto Núñez Feijóo acepta el marco impuesto por Abascal: o Vox entra en el gobierno o se asume el bloqueo.
La retórica de Abascal es reveladora cuando afirma que el PP “les engañó” y que ahora existe una “nueva relación de mayorías”. Traducido: Vox ya no se concibe como un aliado incómodo, sino como un socio imprescindible que exige contraprestaciones claras. El PP, lejos de marcar límites, negocia el reparto de poder como si se tratara de una coalición ideológicamente homogénea. La distancia entre ambos discursos se ha reducido hasta volverse casi imperceptible.
Ese deslizamiento no es accidental. El PP ha asumido buena parte del marco conceptual de Vox en cuestiones como inmigración, política climática o deslegitimación del adversario. Cuando Abascal habla de oponerse al Pacto Verde o de revisar acuerdos internacionales para facilitar deportaciones, ya no encuentra una réplica nítida desde la derecha clásica. Encuentra silencio táctico o diferencias de forma.
Un programa que tensiona el Estado de derecho
Las propuestas que Vox quiere ejecutar desde el gobierno autonómico no son neutras. La llamada “remigración”, defendida abiertamente por Abascal, no es un eufemismo técnico, sino un concepto importado del repertorio ultra europeo que criminaliza la pobreza y convierte la exclusión social en criterio administrativo. Deportar a quien “vive del erario público” implica una redefinición peligrosa de ciudadanía, derechos y legalidad.
A ello se suma una visión instrumental del derecho internacional. Abascal celebra sin reservas la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y desprecia cualquier apelación a la legalidad internacional como si fuera un obstáculo para “proteger a los pueblos”. El mismo dirigente que denuncia una supuesta quiebra constitucional en España defiende sin matices intervenciones externas cuando encajan en su relato ideológico.
En ese marco se inscriben también sus ataques a José Luis Rodríguez Zapatero, a quien acusa de “corrupción moral” y de actuar como “blanqueador” del régimen venezolano. No es un debate de política exterior, sino una estrategia de deslegitimación personal que sustituye el análisis por la sospecha y el linchamiento verbal.
Extremadura, algo más que un gobierno
La insistencia de Abascal en entrar en el Ejecutivo extremeño revela hasta qué punto Vox concibe los gobiernos autonómicos como espacios de ensayo político. No busca solo visibilidad, sino normalizar un programa que, fuera del poder, encontraría resistencias sociales y jurídicas mayores. Gobernar permite modificar prioridades presupuestarias, colonizar discursos institucionales y convertir posiciones marginales en políticas públicas.
El PP, al aceptar ese marco, renuncia a cualquier pretensión de centralidad. La línea que separaba a la derecha conservadora de la extrema derecha ya no se discute en abstracto: se administra en consejos de gobierno. Extremadura no es una excepción, sino la confirmación de una deriva que Feijóo ha decidido no confrontar.
Abascal dice que no quiere ser “vicepresidente de Feijóo”, sino presidente del Gobierno. Mientras tanto, exige vicepresidencias autonómicas como estaciones intermedias. El PP, lejos de frenar esa ambición, la facilita. No por coincidencia ideológica plena, sino por una lógica de poder que ha terminado subordinando cualquier límite democrático a la aritmética parlamentaria.