Europa pone a prueba la ley de amnistía

La ley de amnistía llega este jueves a una de sus citas más relevantes. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará sus primeras sentencias sobre las dudas planteadas por tribunales españoles y ofrecerá una respuesta vinculante en dos asuntos concretos. Uno afecta al uso de fondos públicos durante el procés. El otro, a la aplicación de la norma a varios integrantes de los Comités de Defensa de la República investigados por terrorismo.

La expectación política ha convertido el pronunciamiento en algo parecido a un juicio definitivo sobre toda la ley. Conviene rebajar esa exageración. El TJUE no está llamado a resolver de una sola vez cada disputa constitucional, penal y política que rodea a la amnistía. Debe responder a preguntas concretas sobre la compatibilidad de determinadas aplicaciones con el Derecho europeo.

Esa precisión importa porque durante meses se ha presentado Luxemburgo como el escenario donde cada parte recibiría una absolución completa o una derrota sin matices. El Gobierno espera que las sentencias despejen los obstáculos para aplicar la norma. La oposición confía en que el tribunal europeo confirme sus acusaciones contra una ley que considera ilegítima desde su origen. Pero la Justicia europea no está obligada a satisfacer ninguno de esos relatos.

Las conclusiones presentadas en noviembre por el abogado general Dean Spielmann ofrecieron una primera orientación. Sus dictámenes descartaron que la ley constituyera una autoamnistía, rechazaron que afectara directamente a los intereses financieros de la Unión y consideraron que la aplicación a los CDR no privaba de eficacia a la normativa europea contra el terrorismo. También advirtieron de posibles problemas puntuales, como la brevedad del plazo concedido a los jueces para resolver algunos procedimientos.

Las conclusiones del abogado general no obligan al tribunal. Suelen, sin embargo, anticipar la dirección de numerosas sentencias. Si la Gran Sala sigue esa línea, quedará debilitada una de las tesis más repetidas contra la amnistía. La idea de que la norma resulta incompatible, por su propia naturaleza, con el ordenamiento europeo.

Europa no juzga aquí si la amnistía fue una decisión políticamente conveniente. Examina si vulnera normas concretas de la Unión. La diferencia parece elemental, pero ha desaparecido con frecuencia de una discusión pública donde los argumentos jurídicos se utilizan como prolongación del enfrentamiento partidista.

El primero de los asuntos procede del Tribunal de Cuentas y afecta a los gastos destinados al referéndum del 1 de octubre y a la acción exterior del independentismo catalán. La cuestión esencial consiste en determinar si esos fondos guardan una relación suficientemente directa con los intereses financieros de la Unión. El abogado general concluyó que ese vínculo no existía, aunque pidió cautela en la identificación del origen y destino de los recursos.

El segundo caso parte de la Audiencia Nacional y analiza si amnistiar los delitos atribuidos a miembros de los CDR entra en conflicto con la directiva europea sobre terrorismo. El dictamen previo sostuvo que la ley española no neutraliza la eficacia de la normativa comunitaria y que excluye expresamente los actos que hayan provocado violaciones graves de derechos humanos.

El fallo tendrá consecuencias inmediatas para los procedimientos afectados, pero también una repercusión política inevitable. El Gobierno interpretará cualquier aval como confirmación de la legalidad de su apuesta por la normalización catalana. El Partido Popular intentará convertir cualquier objeción técnica en una impugnación general de la ley. Ambos movimientos son previsibles. Ninguno debería sustituir una lectura rigurosa de las sentencias.

La amnistía no fue una ley sencilla ni nació de un contexto político sereno. Surgió de una mayoría parlamentaria compleja, de la necesidad de cerrar una etapa de conflicto territorial y de una negociación imprescindible para la investidura. Todo ello puede discutirse. Lo que no debería hacerse es fingir que su origen político la convierte automáticamente en contraria al Derecho.

Las leyes siempre nacen de decisiones políticas. Después quedan sometidas al control de los tribunales. Ese control no invalida la política ni convierte a los jueces en legisladores. Delimita el espacio en el que una mayoría puede actuar sin vulnerar normas superiores.

El pronunciamiento de Luxemburgo será importante precisamente por eso. Puede contribuir a devolver la amnistía al terreno jurídico después de meses de acusaciones absolutas, pronósticos interesados y sentencias políticas dictadas mucho antes que las judiciales.

Si el TJUE avala los aspectos esenciales examinados, el Gobierno tendrá razones para reclamar una aplicación más diligente de la norma. Si detecta incompatibilidades concretas, deberán corregirse con precisión, sin convertir cada objeción en una demolición completa del texto.

La ley de amnistía ha soportado demasiadas lecturas escritas de antemano. Este jueves hablará el tribunal que debía hacerlo. Conviene escuchar primero el fallo y reservar para después las proclamas.

Europa no decidirá quién ganó el debate político español. Decidirá hasta dónde alcanza el Derecho de la Unión. Esa respuesta será menos grandilocuente que muchos titulares, pero bastante más útil.