Hay algo curioso en cómo se habla de inmigración en España. Muchas veces da la sensación de que sigue tratándose como si fuera algo que está por venir, como si aún estuviéramos a tiempo de decidir qué hacer con ello. Pero la realidad va bastante por delante de ese debate. España ya es un país de inmigración, y no desde hace dos días.
Se nota en lo cotidiano, más que en los discursos. En quién trabaja en determinados sectores, en quién sostiene ciertos ritmos, en quién está donde hace falta que alguien esté. No es algo marginal ni puntual. Es estructural, aunque no siempre se diga así. Y, aun así, sigue habiendo cierta incomodidad al asumirlo, como si aceptar del todo esa realidad obligara a replantear demasiadas cosas a la vez.
Ahí es donde encaja la regularización. Se presenta como una medida concreta, casi técnica, pero en el fondo tiene algo mucho más simple. Es una forma de poner orden a algo que lleva tiempo funcionando por su cuenta. Porque las personas a las que afecta no están llegando ahora. Ya estaban aquí. Ya trabajaban. Ya formaban parte del sistema, aunque fuera en una posición más frágil.
La regularización no cambia eso, lo que hace es hacerlo visible.Y eso, en cierto modo, resulta más incómodo que el problema en sí. Durante años, una parte de la economía ha funcionado sabiendo que existía esa bolsa de trabajadores en una situación irregular. No hacía falta decirlo en voz alta. Simplemente estaba ahí, sosteniendo actividades que, de otra manera, serían mucho más difíciles de mantener. No es que se diseñara así desde el principio, pero tampoco se hizo demasiado por cambiarlo. Se dejó estar.
Por eso, cuando ahora se plantea regularizar a cientos de miles de personas, la discusión suele quedarse en lo más inmediato. Si conviene, si no conviene, si puede tener efectos secundarios. Pero se habla menos de lo que hay debajo, que es bastante más importante. Regularizar no crea el problema. Lo pone delante y obliga a preguntarse cómo se ha llegado hasta aquí.
También deja ver otra cosa que a menudo se pasa por alto. Que hay una diferencia clara entre lo mucho que se necesita a estos trabajadores y lo poco que, en muchos casos, se les ofrece a cambio. No solo en términos económicos, sino en estabilidad, en reconocimiento, en sensación de formar parte de algo más amplio. Esa distancia es la que acaba pesando.
Porque no es solo una cuestión de cifras o de mercado laboral. Es una cuestión de cómo se construye la convivencia cuando una parte importante de la población vive en condiciones claramente distintas. Mientras tanto, el debate político sigue bastante atascado en posiciones previsibles. Unos hablan de necesidad, casi como si fuera automática. Otros lo plantean como un problema que hay que contener. Y entre ambos enfoques se pierde una idea bastante evidente.
Y lo que está en juego no es si ese cambio es bueno o malo, sino cómo se gestiona. La regularización, en el fondo, es solo un paso más dentro de ese proceso. No resuelve todo, ni pretende hacerlo. Pero sí deja claro algo que cuesta admitir del todo. Que el modelo actual funciona, en parte, gracias a una realidad que durante mucho tiempo se ha preferido no mirar demasiado de cerca y que, tarde o temprano, eso obliga a tomar decisiones