La Moncloa y Rabat sellan una alianza que trasciende la gestión migratoria y coloca la cohesión social como un eje estratégico de la relación bilateral. La XIII Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos, celebrada en Madrid, ha dejado un acuerdo que podría significar un giro en la forma de afrontar la erosión del debate público: una alianza específica para actuar frente a los mensajes de odio y la desinformación que circulan por las redes sociales. El contenido del pacto es técnico, pero encierra una lectura política evidente: ambos gobiernos reconocen que el deterioro del clima cívico amenaza la convivencia y obliga a desplegar instrumentos de cooperación inéditos.
El encuentro estuvo presidido por Pedro Sánchez y el primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch, en un formato que combinó mensajes de estabilidad bilateral con el anuncio de acuerdos en transición digital, protección civil y políticas públicas de cohesión. Entre ellos, destacó la declaración conjunta para combatir los discursos de odio, impulsada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro marroquí de Salud y Protección Social, Amine Tahraoui. Ambos trasladaron una coincidencia básica: las redes sociales, lejos de ser un espacio secundario, están modificando la percepción social de la inmigración, de la seguridad y de la identidad cultural.
El texto firmado va más allá de los compromisos de intercambio de información habituales. Reconoce formalmente que los contenidos racistas y xenófobos no solo distorsionan el debate democrático, sino que alteran la vida cotidiana de quienes son objeto de esas campañas, erosionando derechos y generando entornos hostiles. La referencia no es retórica: según los datos del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), más de 740.000 mensajes con contenido discriminatorio fueron identificados en los diez primeros meses del año.
La declaración conjunta introduce la noción de “intervención temprana”, un concepto que hasta ahora no había aparecido en acuerdos internacionales de este tipo. Implica desarrollar mecanismos para detectar patrones de circulación de odio antes de que se traduzcan en riesgos físicos o campañas de estigmatización amplificadas por algoritmos opacos. No se trata solo de retirar mensajes: se pretende actuar sobre la arquitectura que los multiplica.
España considera que esta línea de trabajo resulta estratégica en un escenario de creciente polarización, donde determinados discursos buscan aprovechar tensiones reales —económicas, territoriales o identitarias— para convertirlas en un conflicto cultural permanente. Desde Moncloa evitan sugerir que la alianza sea una respuesta directa a episodios recientes, pero el contexto es evidente: la presión de los discursos ultraderechistas, tanto en España como en Europa, ha normalizado una retórica excluyente que se mueve con enorme eficacia en entornos digitales.
Cooperación más allá de la frontera y de los flujos migratorios
El acuerdo se suma al trabajo conjunto que ya desarrollan ambos países en materia de movilidad laboral. La segunda edición del proyecto Wafira, orientado a mejorar las condiciones de las trabajadoras marroquíes en la campaña agrícola de Huelva y promover su autonomía económica, es ejemplo de esa ampliación de la relación bilateral hacia ámbitos sociales de largo alcance.
La primera fase del programa dejó un dato significativo: el 84% de las participantes pudo formalizar un proyecto propio a su regreso. La combinación de movilidad regular, formación y acompañamiento ha sido valorada por ambas partes como un mecanismo que reduce la vulnerabilidad y genera vínculos estables entre comunidades.
La alianza contra el discurso de odio, vista en este marco, adquiere una dimensión más amplia: lo que está en juego no es solo proteger a colectivos afectados, sino asegurar que la relación entre ambos países no quede condicionada por campañas digitales que fabrican percepciones distorsionadas de la inmigración o del papel de Marruecos en la gestión fronteriza.
El acuerdo tiene también una lectura política interna. España quiere mostrar que la defensa de los derechos fundamentales en el ámbito digital no es incompatible con la cooperación migratoria ni con la firmeza institucional. Marruecos, por su parte, subraya que la lucha contra la desinformación es un asunto de seguridad y de cohesión, especialmente en un contexto regional donde los flujos informativos proceden de múltiples actores con intereses divergentes.
Para ambos gobiernos, la polarización alimentada desde redes sociales —a menudo amplificada por actores sin identificación clara— constituye una amenaza para la estabilidad. La diferencia respecto a anteriores reuniones bilaterales es la claridad con la que se declara que el odio digital no es una externalidad del debate público, sino un factor que exige coordinación al más alto nivel.
El reto será ahora traducir la declaración en instrumentos operativos que no vulneren derechos ni generen zonas grises en materia de supervisión de contenidos. La cooperación técnica podrá ser fructífera, pero la prueba de su eficacia se medirá en la capacidad de ambos países para que los discursos de odio dejen de marcar la agenda pública y de interferir en políticas que requieren, más que nunca, un clima social de confianza.