Hay expresiones políticas que parecen inocuas hasta que uno se detiene a pensar qué significan realmente y “Prioridad nacional” es una de ellas.
Dicho rápidamente, incluso puede sonar razonable. Una fórmula administrativa. Una apelación abstracta a proteger primero a “los de casa”. Pero cuando esa idea empieza a instalarse en el centro del debate público suele ocurrir siempre lo mismo, alguien termina convirtiéndose oficialmente en menos merecedor de derechos, de protección o de dignidad.
Eso es precisamente lo que intentó advertir este martes la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en el Congreso. Y probablemente conviene escuchar con atención el fondo de esa advertencia.
Porque lo que está cambiando en Europa, y cada vez más también en España, no es únicamente la política migratoria. Está cambiando el lenguaje con el que se habla de las personas migrantes.
Durante años, la extrema derecha trabajó para desplazar el debate desde los derechos humanos hacia la idea de amenaza cultural, económica o identitaria. Ahora una parte de la derecha tradicional empieza a asumir parte de ese marco discursivo bajo conceptos aparentemente más moderados, como esa “prioridad nacional” que Cancela vinculó directamente a los acuerdos entre PP y Vox en distintos territorios y el problema no es solo semántico.
Las palabras construyen jerarquías morales. Y cuando un Estado empieza a sugerir que determinados ciudadanos merecen menos protección por su origen, el deterioro democrático nunca tarda demasiado en aparecer.
Cancela fue especialmente contundente al señalar que ese tipo de discursos “ponen en serio peligro la seguridad y la dignidad” de las personas migrantes y además “pervierten” el marco constitucional y europeo. No exageraba.
Porque la lógica de la prioridad nacional suele funcionar siempre igual. Primero se presenta como una medida de sentido común. Después se convierte en una herramienta electoral permanente. Finalmente acaba legitimando exclusiones cada vez más profundas. La historia europea conoce bastante bien ese recorrido.
Y sin embargo el debate migratorio contemporáneo sigue atrapado muchas veces en una enorme contradicción colectiva. Las economías occidentales necesitan migración. Sus mercados laborales dependen cada vez más de ella. Sus sistemas demográficos también. Pero al mismo tiempo buena parte de la política continúa utilizando la inmigración como combustible emocional para movilizar miedo e inseguridad y España tampoco escapa ya a esa dinámica.
Por eso resulta relevante que Cancela insistiera tanto en la necesidad de “ir más allá de la mirada cortoplacista y del rédito electoral”. Porque buena parte del discurso migratorio actual ya no busca gestionar la realidad. Busca producir impacto político inmediato. Y ahí aparece uno de los elementos más preocupantes de esta nueva etapa.
La normalización progresiva de la idea de que ciertos derechos básicos pueden quedar condicionados por la situación administrativa o el origen nacional de las personas.
La secretaria de Estado habló concretamente de sanidad pública. Recordó que mantener a parte de la población fuera de la atención sanitaria no solo vulnera derechos individuales, sino que también pone en riesgo al conjunto de la sociedad. La reflexión parece elemental. Pero en el clima político actual, e incluso las evidencias sanitarias más básicas terminan convertidas en trincheras ideológicas.
Porque el verdadero objetivo de muchos discursos antiinmigración no es resolver problemas administrativos. Es construir una frontera emocional entre quienes pertenecen plenamente a la comunidad política y quienes deben vivir constantemente bajo sospecha de legitimidad, y eso tiene consecuencias muy reales.
Consecuencias en el acceso a servicios públicos. En la convivencia cotidiana. En la percepción social de millones de personas que trabajan, pagan impuestos y sostienen sectores enteros de la economía española mientras escuchan cada vez más a menudo que representan un problema colectivo.
Por eso la intervención de Cancela tuvo también un tono defensivo respecto al modelo español de acogida. Reivindicó que en las costas españolas “nadie se queda abandonado” y defendió el sistema humanitario desplegado especialmente en lugares como Baleares o Canarias.
Europa atraviesa desde hace años una batalla política sobre qué hacer con la migración. Y en demasiados casos esa batalla se ha ido desplazando desde la gestión hacia la deshumanización. Desde la complejidad hacia el eslogan. Hablar de personas migrantes como si fueran únicamente cifras, amenazas o cargas presupuestarias facilita mucho las campañas electorales. Lo que dificulta es seguir viéndolas como seres humanos.
Quizá por eso Cancela insistió tanto en la dignidad. Porque al final ese es el verdadero núcleo de esta discusión. No solo quién entra o quién regulariza su situación administrativa. Sino qué tipo de sociedad quiere ser una democracia cuando habla de quienes llegan buscando una vida mejor.
Una sociedad puede gestionar fronteras sin renunciar a los derechos humanos. Lo que empieza a resultar mucho más difícil es defender los derechos humanos cuando parte de la política convierte la exclusión en identidad electoral permanente.