El Gobierno ha optado por una posición políticamente significativa ante la investigación judicial que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero. Reconocer la seriedad del caso sin asumir todavía la lógica de una condena anticipada.
En Moncloa admiten que el auto del juez José Luis Calama contiene acusaciones graves y una investigación extensa, pero insisten en un elemento que consideran decisivo, que a día de hoy no existen pruebas directas concluyentes contra el expresidente.
Ese es el argumento central sobre el que el Ejecutivo sostiene su defensa. Ni audios, ni mensajes, ni grabaciones, nii documentos que acrediten de forma directa las supuestas actividades irregulares atribuidas a Zapatero.
El auto judicial, recuerdan en el entorno del Gobierno, se apoya principalmente en testimonios e indicios que deberán contrastarse durante la instrucción. Por eso el Ejecutivo espera ahora con enorme atención la comparecencia judicial del expresidente prevista para el próximo 2 de junio.
Entre la prudencia política y la presunción de inocencia
La situación resulta especialmente delicada para el PSOE y para Pedro Sánchez. Zapatero sigue siendo una figura de enorme peso simbólico dentro del socialismo español y buena parte del Gobierno continúa reivindicando tanto su legado político como su trayectoria institucional.
Pero al mismo tiempo en Moncloa existe conciencia de que el caso no puede abordarse con la misma contundencia descalificadora utilizada en otras investigaciones que consideran claramente infundadas o impulsadas desde la confrontación política. De ahí el tono mucho más prudente adoptado durante los últimos días.
El Gobierno mantiene el respaldo al expresidente, aunque introduce un matiz importante, el apoyo político se sostendrá mientras no aparezcan pruebas sólidas que modifiquen el escenario actual. Esa cautela refleja también algo más profundo, la creciente dificultad de separar en España el tiempo judicial del tiempo político.
Porque en cuanto una investigación afecta a una figura pública, el debate deja rápidamente de girar alrededor de pruebas o procedimientos y pasa a convertirse en una batalla inmediata de desgaste mediático y partidista. Y precisamente ahí intenta situarse ahora el Gobierno, en una defensa basada no en negar la investigación, sino en recordar que los indicios todavía no equivalen a una condena.