Los juicios suelen avanzar entre grandes titulares y pequeños detalles. A veces son precisamente esos detalles los que ayudan a separar el ruido político de los hechos acreditados. La declaración de María Jesús Bernáldez, jefa de Negociado de Control e Inspección de la Diputación de Badajoz, se sitúa en ese terreno menos espectacular pero no por ello menos relevante.
La funcionaria aseguró este martes ante la Audiencia Provincial de Badajoz que durante los años en los que David Sánchez trabajó para la institución provincial no recibió ninguna queja, denuncia o comunicación relacionada con un supuesto incumplimiento de sus funciones profesionales. La afirmación, realizada bajo juramento y en sede judicial, introduce un elemento objetivo en una causa que desde hace meses ha estado acompañada de una intensa exposición mediática y política.
La importancia de esta declaración no reside tanto en lo que demuestra como en lo que desmiente. Durante buena parte del debate público se ha instalado la idea de que la contratación de David Sánchez iba necesariamente acompañada de una ausencia efectiva de actividad profesional. Sin embargo, la responsable del área encargada del control administrativo del personal sostiene que nunca tuvo conocimiento de incidencias relacionadas con su desempeño.
Eso no significa, naturalmente, que el proceso judicial haya concluido ni que desaparezcan las preguntas sobre las circunstancias que rodearon su contratación. Tampoco implica que las acusaciones pierdan automáticamente validez. Lo que sí pone de manifiesto es que una parte de los argumentos que han circulado durante estos meses no encuentra respaldo en el testimonio de quienes desempeñaban funciones de control dentro de la propia administración.
Uno de los riesgos de la política contemporánea es la tendencia a confundir sospecha con certeza. Cuando un asunto adquiere una dimensión partidista, la presión por construir relatos suele avanzar más rápido que la comprobación de los hechos.
La declaración de Bernáldez introduce precisamente un elemento de cautela. La testigo explicó que su departamento supervisaba cuestiones relacionadas con jornadas, permisos o absentismo, pero que no evaluaba el contenido concreto del trabajo desarrollado por cada empleado. También recordó que el personal directivo no estaba sometido al mismo sistema de control horario que el resto de trabajadores, una circunstancia que no afectaba exclusivamente a David Sánchez sino al conjunto de ese tipo de puestos.
Se trata de precisiones técnicas que quizá carecen del impacto de otros titulares, pero que ayudan a comprender mejor el funcionamiento real de una administración pública. Y en un procedimiento judicial esa diferencia resulta esencial.
La Justicia tiene la obligación de determinar si existieron irregularidades concretas. La política, en cambio, suele moverse con frecuencia en el terreno de las percepciones. El problema aparece cuando ambas dimensiones se mezclan hasta el punto de convertir cualquier investigación en una condena anticipada.
Por eso la sesión celebrada en Badajoz deja una enseñanza que va más allá del caso concreto. En un contexto de enorme polarización, las declaraciones testificales, los documentos y las pruebas siguen teniendo un valor que ninguna campaña política puede sustituir. Son los hechos, y no las conjeturas, los que terminan sosteniendo o derribando una acusación.
Y precisamente por eso declaraciones como la escuchada este martes adquieren relevancia. No porque cierren el caso, sino porque recuerdan que un proceso judicial debe construirse sobre evidencias contrastables y no sobre la fuerza de los relatos previos.