La comparecencia judicial de Alberto Núñez Feijóo como testigo en la investigación de la dana en Valencia en la causa que investiga la gestión de la dana en la Comunitat Valenciana no solo no ha aclarado los hechos: ha dejado al descubierto una estrategia de evasión política cuidadosamente construida.
Ante una tragedia que costó 230 vidas por la dana en Valencia, el líder del Partido Popular ha optado por una combinación de rectificaciones oportunistas, ambigüedad calculada y desplazamiento sistemático de culpas. No es un error menor ni una confusión comprensible. Es un patrón.
La mentira útil y la rectificación tardía
Feijóo admitió ante la jueza haberse “confundido” cuando aseguró públicamente que había sido informado desde el lunes previo a la catástrofe. Dijo que quiso decir martes y miércoles. En política, y más aún en un procedimiento judicial, estas no son sutilezas semánticas. Son afirmaciones fácticas con consecuencias jurídicas y morales. La cronología de los hechos define el conocimiento, el margen de actuación y la responsabilidad política y jurídica. Rectificar meses después, cuando un juzgado desmonta el relato, no es transparencia: es autodefensa.
No se trató de un desliz improvisado. La afirmación se realizó en una comparecencia pública, en el Centro de Coordinación de Emergencias, flanqueado por el president de la Generalitat y por el presidente de la Diputación de Valencia, apenas hora y media antes de la llegada del presidente del Gobierno. Fue un mensaje político deliberado: proyectar control, proximidad y liderazgo en el momento más crítico. Hoy, ese mismo liderazgo se desvanece en una supuesta confusión verbal.
Testigo desinformado, dirigente omnipresente
La jueza instructora del caso de la dana ha sido contundente: si hubo información “en tiempo real”, como afirmó Feijóo, debió existir una sucesión de comunicaciones relevantes sobre decisiones clave del Cecopi, incluidos los avisos a la población. Frente a ello, el presidente del PP se presenta ahora como un testigo casi ajeno a los hechos. Dice no haber hablado con ninguna autoridad del centro de coordinación, lamenta no haber sido informado por el Gobierno central y se refugia en la idea de que nadie le comunicó nada relevante.
Pero sus propios actos contradicen esa narrativa. Reconoce que, tras leer teletipos el martes por la tarde, llamó a varios presidentes autonómicos y mantuvo contacto con Carlos Mazón. En los mensajes aportados voluntariamente a la causa judicial no se limita a expresar preocupación: aconseja, orienta y sugiere que Mazón “lidere informativamente” la tragedia. Intervenir en la estrategia comunicativa durante una emergencia no es un gesto inocuo. Es una forma de influencia política directa en un contexto donde la información salva —o cuesta— vidas.
Liderar sin asumir consecuencias políticas
Aquí se revela la contradicción central. Feijóo pretende ser, al mismo tiempo, el líder que guía a sus barones territoriales y el testigo irrelevante que nada sabía ni podía condicionar. Quiere el crédito del mando sin el peso de la responsabilidad. Desde una perspectiva jurídica y constitucional, esa dualidad erosiona la credibilidad del testimonio. Desde una perspectiva democrática, resulta profundamente inquietante.
El liderazgo no es un accesorio que se enciende ante las cámaras y se apaga ante un juzgado. Si Feijóo estaba lo suficientemente informado como para orientar la comunicación de la Generalitat, también lo estaba para comprender la gravedad de las decisiones que se estaban —o no— adoptando. Pretender lo contrario es tratar a la justicia y a la opinión pública como espectadores ingenuos.
La política del escaqueo
La declaración sigue un guion conocido: convertir una tragedia en una disputa competencial y una investigación judicial en un problema de “malentendidos”. Si el Gobierno central no informó, la culpa es del Gobierno. Si la Generalitat falló, fue un error técnico. Si las palabras no encajan, fue una confusión. El resultado es una arquitectura de irresponsabilidad perfectamente diseñada para que nadie responda por nada.
Pero las democracias liberales no se miden solo por la ausencia de condenas penales, sino por la asunción de responsabilidades políticas. En este caso, Feijóo no solo evita asumirlas: trivializa el concepto mismo de responsabilidad. Ante 230 muertos, su defensa se reduce a matices horarios y a una narrativa de desconocimiento selectivo.
Una prueba fallida de liderazgo nacional
Este episodio es algo más que un trámite judicial incómodo. Es una radiografía del tipo de liderazgo que Feijóo ofrece al país. Ha construido su figura sobre la promesa de gestión, solvencia y seriedad institucional. Sin embargo, cuando esa promesa se somete a la prueba de una catástrofe real, emerge un dirigente preocupado ante todo por proteger su posición política y la del Partido Popular y la de los suyos.
En sistemas políticos maduros, la credibilidad de un líder se evalúa comparando lo que afirma cuando busca autoridad pública con lo que sostiene cuando debe rendir cuentas. Cuando ambas versiones divergen de forma tan evidente, el problema deja de ser comunicativo o jurídico. Se convierte en un problema de integridad política.
La dana puso a prueba a las instituciones valencianas. La declaración de Feijóo pone a prueba a la oposición nacional. Y, por ahora, la impresión que deja no es la de un líder preparado para asumir el poder, sino la de uno entrenado para esquivar responsabilidades cuando más importan.