En la última sesión de control al Gobierno, Gabriel Rufián utilizó su tiempo de réplica para exponer a Pedro Sánchez la realidad de la economía real de las familias españolas. Sin embargo, el presidente no le contraargumentó con hechos que impactan en la vida real de las personas o que incrementan su bienestar. No lo hizo porque no puede hacerlo. Lo único de lo que pudo tirar fue del mantra macroeconómico. Además de lo que afirmó Rufián, hay otra realidad que muestra que el gobierno de Sánchez está siendo incapaz y, por esa razón, ni lo menciona. En cambio, hay informes de instituciones del Estado que sí lo hacen y muestran un escenario terrorífico.
La crisis económica en España en 2025 no aparece primero en las portadas, sino en los datos judiciales. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los Juzgados de lo Mercantil han recibido en el tercer trimestre de 2025 una cifra récord de concursos de acreedores, un fenómeno que confirma la fragilidad económica de miles de hogares y pequeñas empresas. La estadística es contundente: 17.223 concursos, un 35,9% más que hace un año.
El desplome afecta especialmente a las familias: el 90% de los concursos de acreedores son de personas naturales no empresarios, con un incremento del 43%, un dato clave para entender la crisis social que atraviesa España. Cataluña lidera la lista, con el 23% de todos los concursos presentados en el país.
La nueva cara de la crisis social
El impacto de la Ley Orgánica 7/2023, que llevó estos procedimientos a los juzgados mercantiles, explica parte del salto, pero no la tendencia. Desde 2020, la insolvencia familiar se ha convertido en una constante. El hundimiento económico de muchas personas se refleja también en el repunte de la fase de liquidación, que subió un 49,4 %, un síntoma de que miles de situaciones financieras están llegando a su final.
Los concursos de empresas, en cambio, caen un 5,4%. Aunque Cataluña también encabeza esta categoría, la reducción evidencia que muchas compañías ya desaparecieron en crisis anteriores o han logrado estabilizarse. Sin embargo, el aumento de liquidaciones advierte de que la recuperación económica en España continúa siendo frágil y desigual.
Ejecuciones hipotecarias: fuerte aumento y riesgo social
Otro indicador clave para entender la situación económica en España en 2025 es el aumento del 28,5% de las ejecuciones hipotecarias, que alcanzan 7.444 casos. Cataluña vuelve a ser el epicentro, seguida por Andalucía y la Comunidad Valenciana. En relación a la población, el dato es aún más alarmante: 29 ejecuciones por cada 100.000 habitantes solo en Cataluña.
El ascenso refleja el impacto combinado de la inflación acumulada, los tipos de interés aún altos y el fuerte deterioro del poder adquisitivo. El resultado es evidente: miles de familias caen en la morosidad hipotecaria, un fenómeno que alimenta el círculo de precariedad.
Despidos: aumento de demandas
La presión también se nota en el mercado laboral. Las demandas por despido crecieron un 5,7%, hasta 40.762 casos, con Madrid y Cataluña como territorios más afectados. La combinación de bajo crecimiento económico, inflación persistente y empresas ajustando plantillas configura un panorama laboral donde la incertidumbre se normaliza.
No ocurre lo mismo con las reclamaciones de cantidad, que bajaron un 2,2%. Este descenso esconde un fenómeno preocupante: trabajadores que, tras perder su empleo, desisten de reclamar cantidades impagadas por falta de recursos, tiempo o esperanza.
Un país en tensión
Uno de los datos más llamativos es la caída del 63,7% en los procedimientos monitorios, herramienta judicial básica para reclamar deudas pequeñas. Este descenso puede interpretarse como una disminución de litigios, pero también como un síntoma de resignación: muchas de esas deudas ya no se persiguen porque no compensa.
Los verbales posesorios por ocupación ilegal también bajan un 44,5%, mientras los lanzamientos (desahucios por alquiler o hipoteca) se sitúan en 5.053, un 4,8% menos. Cataluña vuelve a encabezar las cifras nacionales.
Crisis económica que se judicializa
Todos los indicadores judiciales coinciden en una conclusión: la crisis económica en España en 2025 se está trasladando a los tribunales. Concursos, ejecuciones hipotecarias, despidos y desahucios dibujan un escenario donde miles de ciudadanos utilizan el sistema judicial como último mecanismo de defensa ante la pérdida de ingresos, el empobrecimiento y el sobreendeudamiento.
La fragilidad económica de los hogares muestra que la crisis ya no es una mera fluctuación macroeconómica: es una crisis doméstica, cotidiana, que se refleja en los juzgados con una claridad imposible de ignorar.
El aumento de los concursos de acreedores, el salto en las ejecuciones hipotecarias, el incremento de despidos y la persistencia de desahucios convierten a la justicia en el verdadero termómetro de la economía española. Mientras los indicadores macro, a los que se agarra Pedro Sánchez, hablan de recuperación, los datos judiciales muestran una realidad distinta: la recuperación no llega a todas las capas sociales. Por eso, Sánchez lo tapa con el silencio porque es una .crisis que no es espectacular pero sí profunda. Una crisis que se mide en demandas, liquidaciones y ejecuciones. Una crisis que avanza silenciosa, pero constante.