La corrupción como fracaso colectivo

España tiene una relación compleja con la corrupción. Cada vez que estalla un escándalo, la indignación ocupa durante unos días el centro de la conversación pública. Se suceden las declaraciones solemnes, las exigencias de responsabilidades y los cruces de acusaciones entre partidos. Después, poco a poco, la actualidad sigue su curso y el país vuelve a acostumbrarse a convivir con una realidad que debería seguir resultando insoportable.

La condena de José Luis Ábalos ha vuelto a colocar este debate sobre la mesa. Lo hace además en un momento especialmente delicado para la política española, marcada por una polarización que transforma casi cualquier acontecimiento en un arma arrojadiza. La reacción ha sido, en gran medida, la previsible. Unos han encontrado en el caso la prueba definitiva de la degradación moral del adversario. Otros han optado por minimizar su alcance o por recordar escándalos ajenos para relativizar los propios.

Sin embargo, la corrupción nunca debería analizarse únicamente desde la lógica de la confrontación política. Hacerlo supone ignorar lo esencial.

Porque la corrupción no es solo un problema penal. Tampoco es únicamente una cuestión de ética pública. Es, sobre todo, una forma de ruptura del contrato de confianza que sostiene cualquier democracia.

Los ciudadanos aceptan las reglas, pagan impuestos y delegan una parte de su poder en representantes elegidos democráticamente porque presuponen que quienes gestionan lo público actuarán conforme al interés general. Cuando esa expectativa se rompe, el daño trasciende con mucho a la conducta concreta que termina sentándose en el banquillo.

La corrupción no siempre entra por la puerta grande de los grandes sumarios. A veces empieza en espacios mucho más discretos: una llamada, una adjudicación amañada, una decisión tomada pensando en intereses particulares y no en el bien común. Ahí es donde comienza a deteriorarse la confianza que sostiene las instituciones.

La historia democrática española ofrece ejemplos suficientes para comprenderlo. Desde los GAL hasta Gürtel. Desde los ERE andaluces hasta Kitchen. Desde los episodios protagonizados por dirigentes del PSOE hasta los protagonizados por responsables del Partido Popular. Las siglas cambian. Los mecanismos suelen parecerse demasiado.

Cada generación ha asistido a su propia colección de escándalos. Cada una ha escuchado promesas de regeneración que aseguraban cerrar definitivamente una etapa. Y, sin embargo, la sensación de que el problema nunca desaparece del todo sigue instalada en una parte importante de la sociedad.

Ese es probablemente el efecto más corrosivo de la corrupción. No el dinero sustraído, por importante que sea. No las condenas judiciales. Ni siquiera los privilegios obtenidos ilícitamente. Lo más dañino es la normalización.

Cuando los casos se repiten durante décadas, muchos ciudadanos terminan incorporando una idea profundamente nociva para la democracia. La convicción de que todos son iguales, de que nada cambia realmente y de que la corrupción forma parte inevitable del ejercicio del poder. Y no es verdad.

La democracia española ha demostrado también algo importante durante estas décadas. Que los mecanismos de control funcionan mejor de lo que a veces se afirma. Que existen periodistas que investigan durante años soportando presiones. Que hay jueces, fiscales y funcionarios que desarrollan su trabajo con independencia. Que las responsabilidades terminan aflorando incluso cuando afectan a personas con enorme poder político o institucional.

Precisamente por eso resulta un error convertir cada caso en una impugnación total del sistema democrático. Los corruptos desacreditan sus conductas, no desacreditan la democracia. Lo verdaderamente preocupante sería que los controles dejaran de actuar o que la sociedad aceptara con resignación aquello que debería seguir provocando indignación.

La corrupción debe castigarse con contundencia. Sin excusas, sin matices interesados y sin dobles varas de medir. Pero la exigencia ética no puede depender del color político de quien ocupa el titular de la noticia. La integridad pública no admite militancias.

España necesita más transparencia, mejores controles y mayores niveles de rendición de cuentas. Necesita también dirigentes conscientes de que ocupar responsabilidades públicas no concede privilegios especiales, sino obligaciones especiales. Porque la corrupción nunca afecta únicamente a quien la comete.

Cada contrato manipulado, cada favor indebido y cada utilización patrimonial de las instituciones deja una huella mucho más profunda que la que reflejan las sentencias. Alimenta el descrédito de la política, fortalece el cinismo social y abre espacio a quienes pretenden convencer a la ciudadanía de que las democracias son incapaces de corregirse a sí mismas.

La experiencia europea demuestra que los deterioros democráticos rara vez comienzan con gestos espectaculares. Suelen hacerlo de forma lenta, casi imperceptible. Empiezan cuando la desconfianza se vuelve permanente. Cuando la ciudadanía deja de esperar ejemplaridad de quienes gobiernan. Cuando se asume que los abusos son inevitables y que la corrupción forma parte natural del paisaje político.

Es entonces cuando el problema deja de ser únicamente judicial y pasa a convertirse en un problema democrático de primer orden.

España necesita más transparencia, más controles y más rendición de cuentas. Pero necesita también recuperar una convicción democrática básica,  ejercer responsabilidades públicas no otorga privilegios especiales, sino obligaciones especiales.

La corrupción seguirá existiendo porque ninguna democracia está completamente a salvo de ella. La diferencia la marca la capacidad de reaccionar cuando aparece, de exigir responsabilidades y de fortalecer los mecanismos de control. Pero también la voluntad colectiva de no resignarse.

Porque la corrupción no solo roba dinero público. Roba confianza, deteriora la igualdad y alimenta la idea de que las reglas no son las mismas para todos. Y una democracia empieza a debilitarse precisamente cuando demasiados ciudadanos llegan a creer que eso es normal.