Algunas decisiones políticas definen con bastante claridad qué entiende un país por justicia. Y probablemente pocas cosas resultarían más obscenas que obligar a tributar a quien acaba de perder su casa en una riada, a quien intenta reconstruir su vida tras un incendio o a quien sufrió abusos sexuales durante años dentro de una institución que durante demasiado tiempo disfrutó de silencio, protección e impunidad.
Por eso la convalidación este miércoles en el Congreso del decreto que exime de impuestos estas ayudas tiene una carga política y moral mucho más importante de lo que aparenta el lenguaje técnico parlamentario. Porque no se trata solo de fiscalidad. Se trata de decidir si el Estado acompaña a las víctimas o les añade una nueva humillación burocrática cuando intentan levantarse.
El decreto, aprobado sin votos en contra y con la única abstención de Vox, elimina la tributación de las ayudas vinculadas a la DANA, a incendios forestales y también de las indemnizaciones pagadas por la Iglesia católica a víctimas de abusos sexuales. Y esa última medida contiene además un enorme simbolismo político.
Durante décadas, muchas víctimas no solo convivieron con el trauma y el silencio. También tuvieron que soportar la indiferencia institucional y social alrededor de unos abusos sistemáticamente ocultados o minimizados.
Por eso resulta importante que el Congreso reconozca ahora algo bastante elemental, que las reparaciones económicas a víctimas de abusos no son una ganancia patrimonial. Son una forma mínima, y siempre insuficiente, de reparación moral y civil.
El decreto incorpora además otras medidas sociales vinculadas a las consecuencias de fenómenos climáticos extremos y accidentes laborales, ampliando la cobertura pública sobre situaciones de emergencia que afectan especialmente a las capas más vulnerables de la población.
Y ahí aparece otra cuestión de fondo. Detrás de este tipo de normas existe también una determinada concepción de Estado. Una idea según la cual las instituciones públicas no están únicamente para cuadrar balances o vigilar déficits, sino también para proteger a quienes atraviesan situaciones excepcionales de vulnerabilidad.
Eso explica igualmente las ayudas extraordinarias a comunidades afectadas por fenómenos meteorológicos o la cobertura específica a víctimas de accidentes como los de Adamuz y Gelida. No son concesiones. Son obligaciones democráticas básicas.
Y probablemente por eso llama especialmente la atención la posición de Vox, único partido que decidió no apoyar el decreto. La abstención resulta coherente con una determinada visión ideológica donde la intervención pública, la reparación colectiva o el reconocimiento institucional de determinadas víctimas suelen contemplarse con incomodidad o directamente con hostilidad política.
Especialmente cuando afectan a cuestiones desagradables para ciertos sectores conservadores, como los abusos dentro de la Iglesia.
Pero el debate importante no está ahí. La cuestión verdaderamente relevante es otra.¿qué tipo de país quiere ser España cuando miles de personas atraviesan tragedias personales o colectivas? Uno que convierta las ayudas en una carrera de obstáculos administrativos y fiscales, o uno que entienda que nadie debería pagar impuestos por intentar reconstruir su vida después del dolor?