Durante demasiado tiempo las llamadas terapias de conversión lograron esconderse detrás de palabras aparentemente amables. “Acompañamiento”, “orientación", “reconducción”, “apoyo espiritual”. El lenguaje siempre intenta suavizar aquello que la realidad termina dejando al descubierto.
Y la realidad es bastante más brutal, lo cierto es que las terapias de conversión no curan absolutamente nada porque la diversidad sexual no es una enfermedad. Lo que hacen es otra cosa. Culpar, avergonzar, quebrar emocionalmente y convencer a miles de personas, muchas veces jóvenes y vulnerables, de que existe algo incorrecto, impuro o defectuoso en quienes son.
Por eso el avance parlamentario para castigarlas penalmente tiene una enorme carga política y simbólica.
Porque el Congreso no está discutiendo simplemente una reforma técnica del Código Penal. Está delimitando algo mucho más profundo, está delimitando qué conductas puede tolerar una democracia que se tome en serio los derechos humanos.
La violencia que se disfrazó de ayuda
Las terapias de conversión sobrevivieron durante años precisamente gracias a esa capacidad de camuflaje moral. No se presentaban como castigo. Se ofrecían como salvación.
A veces desde estructuras ultrarreligiosas. Otras desde pseudoconsultas psicológicas. En ocasiones bajo discursos paternalistas que aseguraban “acompañar” a personas con supuestos conflictos de identidad.
Pero detrás de esa retórica siempre aparecía la misma idea profundamente reaccionaria, que ser homosexual, trans o simplemente apartarse de la norma heterosexual debía corregirse. Y ahí reside toda la violencia de estas prácticas, no solo en los métodos utilizados. Sino en el mensaje de fondo que transmiten, que algunas vidas necesitan ser reparadas para resultar aceptables.
El debate político de fondo
El hecho de que todavía existan reservas parlamentarias alrededor de esta reforma demuestra también hasta qué punto ciertos discursos conservadores siguen incómodos cuando los derechos LGTBI dejan de ser simbólicos y empiezan a traducirse en consecuencias penales concretas.
Porque prohibir administrativamente estas prácticas era importante. Pero convertirlas en delito implica otra cosa, implica reconocer que detrás de ellas existe daño real, sufrimiento psicológico y una vulneración grave de la dignidad personal.
Y eso incomoda especialmente a quienes durante años relativizaron estas prácticas bajo argumentos de libertad religiosa, libertad individual o supuesta neutralidad terapéutica. La transaccional pactada por el PSOE intenta precisamente blindar ese debate aclarando que la reforma no afectará a acompañamientos psicológicos ajustados a estándares profesionales internacionales.
Es decir, nadie persigue la psicología clínica seria. Lo que se intenta perseguir es la tortura emocional revestida de moral religiosa o pseudociencia. Porque conviene decirlo con claridad. No existe ninguna terapia legítima destinada a dejar de ser quien uno es. Y una democracia decente no puede permitir que el odio siga disfrazándose de ayuda.