Según los últimos datos del sondeo de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, la narrativa de la prioridad nacional se ha consolidado como la opción más popular entre la ciudadanía, evidenciando un giro conservador que trasciende las siglas partidistas y cala con fuerza en las clases medias y trabajadoras.
La reciente regularización extraordinaria de inmigrantes ha puesto de manifiesto una sociedad partida en dos. Aunque el 37,6% de la población ve la medida con buenos ojos, un contundente 33% la rechaza frontalmente. Sin embargo, el dato más revelador para el análisis político es el pesimismo que rodea las consecuencias de este proceso. Un 60% de los españoles considera que el volumen de población inmigrante es "demasiado alto", una percepción que el discurso de Vox y la progresiva derechización del PP han sabido canalizar hacia el miedo al colapso del bienestar.
Este sentimiento no es exclusivo de la derecha más radical. Si bien el 90% de los votantes de Vox y el 76% de los del PP sostienen que hay demasiados extranjeros, casi un 40% de los simpatizantes socialistas comparte esta inquietud. La percepción de inseguridad y la presión sobre los recursos públicos están actuando como un disolvente de la solidaridad de clase tradicional.
La batalla del relato se está librando en el terreno de las expectativas materiales. La encuesta revela que la ciudadanía asocia la legalización de extranjeros con un empeoramiento directo de su calidad de vida. El 50,3% de los encuestados teme un impacto negativo en el acceso a la vivienda, mientras que un 48,6% augura un deterioro en los servicios públicos como la sanidad y la educación.
Estas cifras sugieren que el concepto de "efecto llamada" ha pasado de ser un lema de campaña a una creencia mayoritaria: el 59,4% de los españoles está convencido de que la regularización aumentará la llegada de más inmigrantes. El análisis social indica que estos miedos crecen allí donde el contacto directo con la inmigración es menor, alimentando un ciclo de desconocimiento que la extrema derecha explota mediante la desinformación sobre la concesión de nacionalidades o antecedentes penales.
El dato más disruptivo del sondeo es, sin duda, la aceptación de la prioridad nacional. El 44,2% de los españoles defiende que se debe "dar prioridad a la población española" en el acceso a ayudas públicas, superando con creces a quienes abogan por el trato igualitario (31,8%) o el arraigo (19,3%).
Este concepto, eje central del programa de Vox, está logrando seducir a sectores que tradicionalmente votaban a la izquierda pero que hoy se sienten vulnerables ante la competencia por recursos escasos. Es especialmente alarmante para los partidos de gobierno que casi un 27% de los votantes del PSOE ya se sumen a este criterio de exclusión. La idea de proteger "lo nuestro" primero está mutando de una consigna ideológica a un mecanismo de defensa económica para la clase trabajadora.
El calado de estas tesis en las nuevas generaciones añade una capa de complejidad al futuro de la convivencia en España. Casi un 40% de los hombres de la Generación Z (entre 18 y 27 años) identifica a Vox como el partido que mejor gestiona la inmigración. Para estos jóvenes, el relato de la identidad y la escasez de oportunidades parece haber eclipsado los discursos de integración y multiculturalidad.
A pesar de que informes técnicos, como los del Banco de España, advierten de que el país necesitará millones de inmigrantes para sostener el sistema de pensiones en las próximas décadas, el cortoplacismo del miedo parece imponerse. La derecha ha logrado imponer su marco mental: la inmigración no se percibe como una solución a la crisis demográfica, sino como una amenaza a la cohesión social y a la estabilidad de los servicios que sostienen a la clase media española. En este escenario, la "prioridad nacional" deja de ser una exigencia de pactos autonómicos para convertirse en un potencial eje vertebrador de la política nacional en los próximos años.