El denominado caso Koldo afronta este lunes una de sus diligencias más relevantes desde que el Tribunal Supremo dictó sentencia en la pieza principal del conocido como caso mascarillas. La Audiencia Nacional tomará declaración, por primera vez como investigada, a Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en una línea de investigación centrada ya no en las adjudicaciones durante la pandemia, sino en las presuntas contrataciones irregulares en empresas públicas.
Junto a Rodríguez comparecerán también Joseba García, hermano del exasesor ministerial Koldo García, e Ignacio Zaldívar, antiguo director de Gestión Administrativa de Adif. La Fiscalía Anticorrupción considera que ambos pudieron desempeñar un papel relevante en la incorporación de la joven a Ineco y Tragsatec, dos sociedades públicas en las que, según la acusación, percibió un salario sin desarrollar actividad laboral efectiva.
La investigación da un paso más después de que el Tribunal Supremo, en la sentencia que condenó a Ábalos a 24 años de prisión por el caso mascarillas, describiera esas contrataciones como un ejemplo de "enchufismo" dentro del entramado investigado. Los magistrados consideraron acreditado que Rodríguez percibió cerca de 44.000 euros entre ambas empresas públicas y señalaron que el objetivo de aquellas contrataciones era proporcionarle una retribución sin que existiera una prestación real de servicios.
Ese pronunciamiento del Supremo ha servido de base para que la Fiscalía solicitara nuevas imputaciones en la Audiencia Nacional.
El Ministerio Público atribuye a Rodríguez presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, al entender que fue la principal beneficiaria de una actuación diseñada para facilitar su contratación con fondos públicos. En el escrito remitido al juez Ismael Moreno sostiene que el propósito del plan consistía precisamente en que cobrara un salario sin acudir a su puesto de trabajo.
La propia Jésica Rodríguez reconoció durante el juicio celebrado en el Tribunal Supremo que no llegó a desarrollar funciones en Ineco. Explicó entonces que permanecía a la espera de las indicaciones que pudieran darle Koldo García o su hermano Joseba y que el entonces ministro conocía esa situación. Aquella declaración, realizada como testigo, constituye ahora uno de los elementos sobre los que se apoya la nueva investigación.
La Fiscalía también sitúa bajo examen la actuación de Ignacio Zaldívar durante la contratación de Rodríguez en Tragsatec. Según el relato incorporado a la causa, la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, le trasladó el interés en que la joven fuera incorporada a la empresa pública. Zaldívar ha sostenido siempre que actuó únicamente como transmisor de información y que nunca fue informado de que la trabajadora no desempeñara funciones efectivas.
Las declaraciones de este lunes se enmarcan en una investigación que ha ido ampliando su alcance conforme avanzaban las resoluciones judiciales. Lo que comenzó como una causa centrada en la contratación de material sanitario durante la pandemia ha terminado incorporando otras posibles irregularidades relacionadas con el funcionamiento del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos y con el papel desempeñado por su entorno más próximo.
La comparecencia de los tres investigados permitirá al juez contrastar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal Supremo con las responsabilidades que todavía permanecen abiertas en la Audiencia Nacional. Será la primera ocasión en la que Jésica Rodríguez responda como investigada por unos hechos que, hasta ahora, habían sido examinados principalmente desde la posición de quienes presuntamente impulsaron su contratación.
El procedimiento continúa en fase de instrucción y será el magistrado quien determine, a la vista de las declaraciones y de la documentación incorporada a la causa, si existen indicios suficientes para avanzar hacia la apertura de juicio oral o si procede archivar total o parcialmente esta pieza de la investigación.
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