El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reconocido que dentro del Gobierno hay conflictos, aunque los considera “constructivos”. En una entrevista en TVE, el ministro defendió que el desacuerdo es “parte natural de la vida democrática” y que la actual coalición “goza de una mala salud de hierro”. Su afirmación, a medio camino entre el humor y la autocrítica, busca transmitir un mensaje de fortaleza dentro de la pluralidad que caracteriza al Ejecutivo.
Bustinduy salió así al paso de las tensiones entre PSOE y Sumar, especialmente tras las recientes críticas por la gestión de la vivienda. En los últimos días, la portavoz de Sumar en el Congreso pidió la dimisión de la ministra del ramo, lo que reavivó las especulaciones sobre la estabilidad de la coalición. Sin embargo, el titular de Derechos Sociales aseguró que el conflicto no debe verse como un problema, sino como un motor de cambio y de negociación.
“En política, el conflicto es normal; lo importante es cómo se gestiona. En nuestro caso, se traduce en propuestas, en acuerdos y en mejoras reales para la gente”, subrayó. Frente a esto, acusó al Partido Popular de “decir no a todo” y de “encender cada debate”, en lugar de contribuir al consenso.
“No tengo ninguna voluntad de liderar nada”
Durante la entrevista, Bustinduy también fue preguntado por su futuro político y por el liderazgo dentro de Sumar. Su respuesta fue rotunda: “No tengo la más mínima voluntad de liderar nada”. Rechazó así cualquier intento de situarlo como referente de la coalición más allá de su labor ministerial.
Según explicó, su prioridad es sacar adelante la agenda social y de consumo del Ejecutivo, que incluye dos medidas destacadas: la Ley de Servicios de Atención a la Clientela y la prestación universal por crianza, destinada a combatir la pobreza infantil.
Respecto al debate sobre el liderazgo en Sumar, Bustinduy insistió en que Yolanda Díaz es quien coordina a los ministros y que la coalición “es una alianza plural de más de catorce formaciones políticas”. Para él, esa diversidad no debilita al proyecto, sino que refleja “una nueva forma de hacer política en España, basada en el diálogo y la cooperación”.
“España, a diferencia de otros países donde avanza la reacción, tiene un Gobierno que amplía derechos y consolida el Estado social. Eso es lo que de verdad importa”, afirmó con tono sereno.
Multa millonaria a Alquiler Seguro
En paralelo, Bustinduy confirmó que su Ministerio ha propuesto una multa de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro por prácticas abusivas hacia los inquilinos. La sanción se produce tras un expediente abierto en marzo por el cobro de comisiones ilegales y la imposición de servicios adicionales.
“En el mercado de la vivienda se ha impuesto la ley de la selva. Hay una clara indefensión de los inquilinos que vulnera el derecho constitucional a una vivienda digna. Todos los recursos del Ministerio estarán para asegurar que ninguna empresa esté por encima de la ley”, advirtió.
El anuncio coincide con uno de los debates más tensos dentro de la coalición: cómo atajar la crisis de la vivienda. Bustinduy se mostró confiado en que el Ejecutivo será capaz de alcanzar acuerdos en este terreno, pese a las diferencias entre los socios.
Una ley que “revoluciona” los derechos del consumidor
El ministro también destacó la relevancia de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que calificó como “una revolución en los derechos de los consumidores”. Esta norma obligará a las grandes empresas a garantizar una atención telefónica rápida y eficaz, a prohibir las llamadas comerciales no consentidas (spam) y a facilitar la baja inmediata de servicios o suscripciones online.
Además, la ley incluirá un reconocimiento lingüístico: las empresas con atención al público en comunidades con lengua cooficial deberán ofrecer asistencia en ese idioma si el consumidor lo solicita. No obstante, Bustinduy aclaró que esta medida solo será efectiva dentro de las comunidades bilingües, matizando el acuerdo inicial con Junts, que pretendía extenderla a todo el país.
“Las negociaciones han sido difíciles, pero el resultado es muy bueno. Todos los grupos han participado y hay un consenso amplio. Esta ley amplía los derechos de los consumidores como ninguna otra en la historia reciente”, señaló.
Diálogo frente al órdago de Junts
Sobre la amenaza de Junts de romper con el PSOE, Bustinduy aseguró que Sumar afronta la situación “con tranquilidad y confianza”. A su juicio, “la alternativa difícilmente sería más provechosa para Cataluña”.
“El diálogo es el músculo de la democracia. Es cierto que la mayoría parlamentaria es compleja, pero eso también es una oportunidad. España no está acostumbrada a esta intensidad negociadora, y es algo positivo”, defendió.
El ministro insistió en que cada ley aprobada ha requerido “un esfuerzo importantísimo de negociación”, pero subrayó que ese proceso forma parte de la voluntad popular expresada en las urnas. “Es sano que la política funcione así, sin mayorías absolutas, con acuerdos y contrapesos”, afirmó.
Una legislatura de ampliación de derechos
En su balance, Bustinduy consideró que la legislatura sigue el camino correcto hacia una “ampliación de derechos” y una “consolidación del Estado social”. Rechazó centrarse en especulaciones sobre la duración del Gobierno o en la estabilidad parlamentaria, asegurando que su principal preocupación es la crisis de la vivienda y la protección de los consumidores.
“Nos preocupa mucho más la vida cotidiana de la gente que los comentarios sobre cuánto va a durar la legislatura”, concluyó.
Pablo Bustinduy quiso dejar claro que el conflicto no es una amenaza, sino un signo de vitalidad democrática. En sus palabras, “una coalición que discute, que debate y que llega a acuerdos está más viva que nunca”.