El Congreso asistió a una intervención que no buscó el titular fácil ni el desgaste inmediato, sino algo más profundo: fijar el marco de interpretación de la crisis. Maite Aizpurua tomó la palabra en el momento más delicado de la legislatura para situar el debate en un terreno incómodo para todos: el de la responsabilidad histórica. “Este es el momento más delicado de la legislatura”, advirtió de entrada, subrayando que el país discute sobre corrupción mientras se aleja de los problemas reales de la ciudadanía.
Su discurso se construyó sobre una tensión central que hoy atraviesa la política española: la frontera difusa entre la corrupción real y el uso السياسي de las instituciones. “Posiblemente ni todo es lawfare ni todo es corrupción”, afirmó, rechazando la dicotomía que domina el debate público. En esa frase se condensa la estrategia de EH Bildu: no negar la gravedad de los casos que afectan al entorno del PSOE, pero tampoco aceptar sin más el relato de una ofensiva judicial neutral.
Aizpurua no esquivó los escándalos. Al contrario, los colocó en el centro de la exigencia política. “Son casos que deberían preocupar a cualquier partido o gobierno decente”, dijo en referencia a las tramas vinculadas a Koldo y Ábalos. Pero inmediatamente desplazó el foco hacia la responsabilidad estructural: no basta con atribuir las irregularidades a individuos aislados, porque “los mecanismos para evitar que puedan ocurrir sí son responsabilidad de su partido”. La crítica, por tanto, no es solo ética, sino de gobernanza.
Desde esa premisa, la portavoz vasca introdujo una de las claves más incisivas del debate contemporáneo: la asimetría moral entre bloques. “Para la izquierda la exigencia es mayor, es absoluta, y así debe ser”, sostuvo, en una frase que desarma cualquier intento de refugio en la comparación con la derecha. El mensaje es claro: el margen de error del Gobierno no es político, es existencial.
Sin embargo, el núcleo de su intervención no fue la corrupción, sino el contexto en el que esta emerge. Aizpurua describió una “operación política, judicial, policial y mediática perfectamente orquestada” cuyo objetivo sería “acabar la legislatura” y cerrar la posibilidad de un ciclo plurinacional y progresista. No lo planteó como una hipótesis conspirativa, sino como una lectura histórica basada en la experiencia vasca: “No es desconfianza abstracta, es memoria política”.
En ese punto, el discurso dio un giro de largo alcance. La diputada reconstruyó décadas de relación conflictiva entre el Estado y el independentismo vasco para advertir que los patrones se repiten. Recordó cierres de medios, ilegalizaciones y condenas posteriormente anuladas para sostener una tesis incómoda: que los aparatos del Estado pueden actuar con lógica política. “Sabemos bien cómo actúan los poderes policiales y judiciales en este Estado”, afirmó.
El argumento culmina en una inversión irónica del presente: el PSOE, arquitecto durante décadas del sistema institucional, se encontraría ahora atrapado en sus propias dinámicas. “Todo un Gobierno español, víctima del propio régimen que construyeron”, resumió, señalando directamente al legado del llamado régimen del 78.
Pero lejos de plantear una ruptura inmediata, Aizpurua optó por una posición estratégica que redefine el tablero: ni apoyo incondicional ni ruptura. EH Bildu no facilitará elecciones. “No vamos a ponerle alfombra roja a la ultraderecha”, afirmó, cerrando la puerta a cualquier escenario que abra el camino a PP y Vox. La legislatura, por tanto, no está políticamente muerta, pero sí condicionada.
Esa condición se articula en una exigencia triple que atraviesa todo el discurso, aunque nunca se formula como consigna simplista: depurar la corrupción sin ambigüedades, enfrentar lo que considera una ofensiva estructural del Estado y reactivar una agenda social y plurinacional hoy prácticamente paralizada. Aizpurua lo resumió en una idea de fondo: “dejar de resistir y pasar a la ofensiva”.
La advertencia es explícita y tiene tono de ultimátum estratégico más que de ruptura: “No van a parar, señor Sánchez, no van a parar”. La diputada sugiere que la pasividad no solo es ineficaz, sino peligrosa en un contexto donde, según su diagnóstico, ya no rigen las reglas tradicionales de contención institucional.
El cierre de su intervención refuerza esa doble dimensión —crítica y sostén— que define hoy a los socios de investidura. Por un lado, carga con dureza contra el Partido Popular, al que acusa de haber “hundido la reputación y la confianza de la judicatura y las fuerzas de seguridad”. Por otro, devuelve la presión al presidente con una apelación final que combina advertencia y oportunidad: “Es la hora de la exigencia democrática, de la responsabilidad política y de la altura de miras histórica”.
En esa frase se condensa el momento político: una legislatura que sobrevive, pero que ya no puede sostenerse en la inercia. A diferencia de otros socios, EH Bildu no empuja al Gobierno hacia el abismo electoral, pero tampoco le ofrece refugio. Le exige transformación.
El mensaje que deja Aizpurua no es ambiguo: el tiempo de la resistencia se ha agotado. Lo que está en juego no es solo la continuidad de un Ejecutivo, sino la viabilidad de un proyecto político que aspiraba a redefinir el Estado. Y, en ese terreno, la indulgencia ya no forma parte del acuerdo.