La vivienda se ha convertido en el asunto que atraviesa la política madrileña y este jueves dominó la sesión de control a Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea. Vox, PSOE y Más Madrid llegaron desde posiciones muy diferentes, pero coincidieron en colocar a la presidenta frente a una pregunta que terminó quedándose prácticamente sin respuesta: qué ha hecho la Comunidad de Madrid ante una crisis residencial que ha llevado a cientos de personas a acampar frente a su propio despacho en la Puerta del Sol.
La primera cuestión fue extraordinariamente concreta. Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox, preguntó: "Presidenta, ¿cuántas viviendas protegidas piensa usted entregar?" y recordó que el Ejecutivo madrileño anunció en 2019 la construcción de 25.000 viviendas mediante el Plan Vive.
La promesa existió. La propia Comunidad anunció entonces 25.000 viviendas públicas en alquiler asequible durante ocho años. Siete años después, los últimos datos oficiales disponibles cifran en 6.419 las viviendas del Plan Vive entregadas hasta julio de 2026, aunque existen otras promociones en construcción y adjudicación. Ayuso no respondió con esa cifra.
Su intervención se desplazó hacia la inmigración, el Gobierno de Pedro Sánchez y la protesta en Sol. Después terminó anunciando un recurso contencioso-administrativo para exigir el desalojo de la acampada y volvió a su conocida dicotomía: "O comunismo o libertad".
Madrid sí tiene competencias en vivienda
Uno de los ejes argumentales de Ayuso durante toda la sesión consistió en trasladar al Gobierno central la responsabilidad fundamental de la crisis.
Pero jurídicamente la cuestión es bastante menos sencilla.
El artículo 26 del Estatuto de Autonomía establece que la Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. El propio Gobierno autonómico lo reconoce expresamente en la exposición de motivos de su Ley 2/2026 sobre vivienda protegida.
Eso no significa que el Estado carezca de competencias. Las tiene en legislación civil, fiscalidad, regulación económica y protección social y acaba de aprobar dos reales decretos relacionados con alquileres y desahucios. Pero tampoco permite sostener que la Comunidad sea una mera espectadora.
Madrid dispone de una Consejería de Vivienda, una Agencia de Vivienda Social, programas de construcción pública, ayudas al alquiler y potestades urbanísticas propias. Para 2026 ha presupuestado 714 millones de euros específicamente en políticas de vivienda.
Por eso la discusión de este jueves no puede reducirse a determinar si la culpa pertenece a Sánchez o a Ayuso. Existen responsabilidades repartidas entre administraciones y competencias concretas que pueden evaluarse.
Mar Espinar: "Las competencias en vivienda son suyas"
La portavoz socialista, Mar Espinar, llevó el debate directamente al caso de Maricarmen.
«La pregunta correcta no es a partir de qué edad se va a poder no pagar al casero. La pregunta correcta es: ¿qué falla en un sistema para que se eche a una anciana de su casa de toda la vida?», reprochó a Ayuso.
Espinar insistió después en la responsabilidad autonómica: "Las competencias en vivienda son suyas", y vinculó la situación con el debate sobre los fondos de inversión, los alquileres y la polémica compra del ático adquirido por la Comunidad.
Ayuso respondió preguntándose para qué existe entonces un Ministerio de Vivienda y volvió a atribuir el problema a la falta de construcción, al Gobierno central y a las políticas de la izquierda.
Aquí existe una parte cierta y otra que necesita matices. España necesita más vivienda y Madrid también. Pero reducir toda la crisis a una cuestión de oferta deja fuera otros factores. Según el INE, el precio de la vivienda en la Comunidad de Madrid aumentó un 12,9% interanual en el segundo trimestre de 2026, por encima de la media nacional del 12,2%.
La presión sobre los precios es, por tanto, objetiva.
Bergerot coloca la acampada delante del despacho de Ayuso
Más Madrid convirtió la imagen de Sol en el centro de su intervención. Manuela Bergerot recordó a la presidenta que la protesta se encuentra literalmente frente a la Real Casa de Correos: "Usted, que quería ver la casa de su madre desde la terraza de su aticazo, y ahora le toca ver una acampada por la vivienda enfrente de su despacho de la Puerta del Sol. Bendita juventud".
La respuesta de Ayuso fue especialmente dura. Acusó a la izquierda de utilizar a Maricarmen como "señuelo", calificó la movilización de "circo" y aseguró que sus impulsores habían preparado previamente "las acampadas y las algaradas". No aportó en la Cámara ninguna prueba que demostrara esa supuesta planificación vinculada posteriormente al caso de la mujer de 87 años.
Sí existe, en cambio, una secuencia de hechos comprobable: el desahucio provocó movilizaciones, la acampada aumentó rápidamente y el Gobierno central aceleró la negociación de dos decretos de vivienda. Maricarmen ha terminado aceptando un acuerdo que le permitirá regresar a su domicilio cuando reciba el alta.
Los «28 millones de propietarios» y un dato que cambia de significado
Ayuso afirmó repetidamente que las políticas de la izquierda atacaban a "28 millones de propietarios" y añadió que "el 73% de los propietarios de este país reside en su propia casa". Los datos no dicen exactamente eso.
La Encuesta de Condiciones de Vida refleja que aproximadamente el 73,6% de la población vive en viviendas en propiedad. Eso no equivale a afirmar que el 73% de los propietarios reside en su propia casa.
Tampoco puede identificarse sin más la cifra de 28 millones de titulares catastrales con 28 millones de propietarios de viviendas. Las estadísticas catastrales incluyen también locales, garajes, oficinas y otros bienes urbanos. Se trata de una diferencia importante porque el discurso transforma una estadística sobre régimen de tenencia en la idea de que cualquier regulación del alquiler afecta directamente a 28 millones de hogares propietarios.
Los 2.000 pisos desaparecidos en doce horas: sin datos que lo acrediten
La afirmación más concreta y más difícil de sostener llegó al final. Ayuso aseguró que "en solo 12 horas se han hundido más de 2.000 pisos en alquiler en los portales inmobiliarios solo en la Comunidad de Madrid"!.
No existe por ahora una estadística oficial publicada que respalde ese número. Tampoco aparece una fuente independiente que permita reconstruir qué portales se midieron, a qué hora se tomaron las muestras, si se contabilizaron altas y bajas o si esas viviendas fueron realmente retiradas del mercado.Hasta que aparezca una fuente verificable, la cifra debe considerarse una afirmación política de la presidenta, no un hecho acreditado.
Sol se convierte en el problema político que Ayuso no puede sacar del pleno
La reacción del Gobierno autonómico muestra la importancia que ha adquirido la protesta. Ayuso anunció este jueves que llevará a los tribunales la negativa del delegado del Gobierno a desalojar la acampada y solicitará medidas cautelarísimas. Pero que la Comunidad califique el campamento de «ilegal» no significa que esa consideración esté judicialmente resuelta: precisamente ha acudido a la jurisdicción contencioso-administrativa para defender esa interpretación.
La imagen política es difícil de ignorar. La protesta permanece frente a la sede de la Presidencia autonómica, el caso de Maricarmen domina las preguntas de PSOE y Más Madrid, Vox exige explicaciones sobre las viviendas prometidas y la propia presidenta dedica buena parte de sus respuestas a Sol.Eso permite afirmar que la vivienda ha pasado a ocupar un lugar central en la confrontación política madrileña.
Lo que todavía no permiten afirmar los datos es que la acampada haya hecho perder electoralmente la mayoría absoluta al PP. Los últimos sondeos publicados que he localizado son anteriores a esta crisis y ofrecen resultados distintos. Sigma Dos situaba en mayo al PP en 68-69 escaños, justo en el entorno de la mayoría absoluta de 68; GAD3 le atribuía 72 y Data10 73. En 2023 obtuvo 70.
No existe todavía un sondeo posterior a la acampada que permita medir su impacto electoral. Por tanto, no puede presentarse como hecho que Ayuso haya perdido la mayoría absoluta ni que su resultado futuro esté decidido en un sentido u otro. Sí hay algo que este pleno permite constatar: una cuestión que el PP madrileño podía abordar hasta hace poco fundamentalmente desde la construcción, la bajada de impuestos y la crítica a Sánchez se ha convertido ahora en una protesta instalada ante la sede de su Gobierno, en una ofensiva parlamentaria de toda la oposición y en una discusión sobre resultados concretos, empezando por aquellas 25.000 viviendas prometidas en 2019.
Y esa fue precisamente la pregunta con la que comenzó el debate. Ayuso no la contestó.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.