El caos y “desmantelamiento” de la sanidad pública andaluza que se venía denunciando reiteradamente desde hace años por los responsables sindicales y también evidenciados por las abultadas listas de espera oficiales ha quedado retratado definitivamente con el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. La ya ex consejera de Salud de Andalucía, Rocío Hernández, marcó el pasado junio de este 2025 con una sola frase la ‘hoja de ruta’ sanitaria del ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla: “Mi obligación es que aquella persona que no pueda costearse un seguro privado sepa que cuenta con su sistema sanitario público”. Ahí quedó retratada no solo una titular de Salud de la comunidad autónoma más poblada del país, sino todo un modelo sanitario que empezó a aplicar el Partido Popular desde inicios de 2019 con la llegada del primer gobierno conservador a Andalucía.
De este modo, el mensaje que se lanza a la ciudadanía desde el Gobierno andaluz es nítido y transparente: tener un seguro sanitario privado se convierte en prioritario y, de forma secundaria, ya se apañará de algún modo el servicio público para aquellos que no se puedan rascar el bolsillo. Un mensaje liberal e individualista que destierra por completo el principio de solidaridad que rige el sistema sanitario público español, uno de los mejores de todo el planeta. Todo ello en una comunidad donde el sueldo medio anual no llega ni a 24.000 euros brutos anuales, aproximadamente 1.700 euros brutos mensuales, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) actualizados al año 2024.
El mensaje es nítido: tener un seguro sanitario privado se convierte en prioritario y, de forma secundaria, ya se apañará de algún modo el servicio público para aquellos que no se puedan rascar el bolsillo
Esta situación de abandono progresivo de la sanidad pública se hace palpable a primera vista en cualquier centro de salud u hospital andaluz, pese a que el ejecutivo de Moreno Bonilla reitera una y otra vez el mantra de que destina a sanidad “el mayor presupuesto de toda la historia” de la autonomía andaluza, negando a su vez el trato preferencial que le otorga a los contratos con las aseguradoras privadas para aliviar listas de espera. Ni siquiera esto han conseguido por el momento en casi siete años tres consejeros de Salud en Andalucía, porque las esperas en Andalucía siguen encabezando las listas a nivel nacional.
La pandemia supuso también un punto de inflexión, y el ejecutivo andaluz vio ahí una oportunidad de oro para acelerar su hoja de ruta de trato preferencial a las empresas sanitarias privadas. Tanto es así que la contratación de seguros privados en Andalucía ha experimentado un notable incremento en esta última década. Sólo desde 2020 hasta ahora, más de 300.000 andaluces han firmado una póliza sanitaria. En la actualidad, aproximadamente uno de cada cinco andaluces cuenta con un seguro privado para sortear el quebradero de cabeza que supone acudir a la sanidad pública, a no ser que la dolencia sea costosa y grave, ya que ahí solo es la pública la que cuenta con los mejores profesionales y los mejores adelantos técnicos de diagnóstico y tratamiento. Las compañías sanitarias facturan en Andalucía por primas de salud más de 1.500 millones de euros. SegurCaixa Adeslas, Asisa y Sanitas copan el mercado de pólizas de salud en la comunidad andaluza.