La comparecencia de Soledad Fernández Doctor, hasta hace unos días directora de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en la comisión de investigación del Senado ha introducido un elemento de enorme trascendencia política y jurídica en torno a la investigación que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Su afirmación fue tan breve como contundente: "Es nuestra obligación". Con esas cuatro palabras confirmó que la Agencia Tributaria mantiene abierta una investigación sobre el patrimonio del exjefe del Ejecutivo.
La declaración llega en un momento especialmente delicado, con una investigación judicial dirigida por el juez Calama Teixeira y con una creciente presión política ejercida por el Partido Popular y Vox, que sostienen que la Administración tributaria reaccionó tarde ante los informes de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).
Sin embargo, más allá del enfrentamiento parlamentario, la comparecencia proyecta una conclusión institucional de enorme relevancia: la Agencia Tributaria insiste en que aplicará los mismos criterios que utiliza con cualquier contribuyente y que la investigación continuará dentro de los cauces legales.
"Es nuestra obligación"
La intervención de la exdirectora de la AEAT estuvo presidida por una idea constante: la actuación de la Administración tributaria no responde a criterios políticos, sino al cumplimiento de sus obligaciones legales.
Cuando el senador del Partido Popular Salvador Foronda preguntó expresamente si se estaban investigando los presuntos incumplimientos tributarios atribuidos a Zapatero, Fernández respondió sin ambigüedad.
"Es nuestra obligación", reiteró en varias ocasiones durante la comparecencia.
La respuesta adquiere especial significado porque llega después de que el Partido Popular acusara públicamente a la Agencia Tributaria de haber demorado actuaciones que, a su juicio, podrían haber evitado la prescripción de determinados delitos fiscales.
La batalla política gira hacia el funcionamiento de la Agencia Tributaria
El verdadero eje del debate parlamentario ya no se limita a las actuaciones atribuidas al expresidente socialista.
La discusión se ha desplazado hacia el propio funcionamiento de la Agencia Tributaria.
El Partido Popular sostiene que Hacienda dispuso durante años de información procedente de la UNIF que justificaba la apertura inmediata de actuaciones inspectoras.
Desde esa perspectiva, la oposición acusa a la AEAT de haber reaccionado únicamente cuando la investigación judicial ya estaba en marcha.
Fernández rechazó esa interpretación y explicó que los procedimientos tributarios especialmente complejos no siempre pueden iniciarse de manera inmediata porque, en numerosas ocasiones, resulta imprescindible disponer previamente de toda la información necesaria.
Asimismo, defendió que cuando un procedimiento judicial ya se encuentra abierto, como sucede en este caso, es habitual que la actuación administrativa quede condicionada por las decisiones del juez instructor.
La investigación patrimonial continúa bajo control judicial
Uno de los aspectos más relevantes de la comparecencia fue la explicación ofrecida sobre la relación entre la investigación tributaria y el procedimiento penal.
La exdirectora recordó que cuando un juez inicia una investigación de carácter penal suele solicitar la colaboración de la Agencia Tributaria y, en determinadas circunstancias, puede acordar que determinadas actuaciones administrativas permanezcan paralizadas para evitar interferencias con la instrucción judicial.
Ese mecanismo responde al principio de coordinación entre jurisdicciones y no implica necesariamente la paralización definitiva de las comprobaciones fiscales.
La confirmación de que el patrimonio del expresidente continúa siendo objeto de análisis sitúa ahora el foco en el desarrollo de las diligencias judiciales y en la eventual colaboración técnica que pueda prestar la Agencia Tributaria.
Las joyas y el patrimonio
Durante la comparecencia, buena parte del interrogatorio giró en torno al valor fiscal de unas joyas atribuidas a Zapatero y a su posible tratamiento tributario.
Fernández evitó realizar afirmaciones concluyentes. Explicó que, si dichas piezas procedieran de una donación, la tributación correspondería a la Comunidad de Madrid en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Añadió además que será el juez quien determine si la posesión de esos bienes puede tener relevancia como ganancia patrimonial.
La exresponsable de la Agencia Tributaria insistió en que resulta "muy complicado" pronunciarse sobre hipótesis cuando todavía no se dispone de todos los datos acreditados dentro del procedimiento.
El cálculo del PP y la respuesta de Hacienda
El Partido Popular sostuvo durante la sesión que los ingresos presuntamente obtenidos por Zapatero entre 2020 y 2024, unidos al valor atribuido a las joyas, podrían situar la cuota presuntamente defraudada por encima de los 933.262 euros.
Se trata de una estimación expuesta por el grupo parlamentario popular durante la comisión y que no constituye, por sí sola, una conclusión judicial ni administrativa.
Ante esa cifra, Fernández se limitó a reiterar que la investigación permanece abierta y que corresponde precisamente a los órganos competentes determinar si existe o no alguna responsabilidad tributaria.
Las hijas de Zapatero y el deber de confidencialidad
La comparecencia también derivó hacia la posible existencia de actuaciones relacionadas con familiares del expresidente.
Preguntada por las hijas de Zapatero, Fernández evitó confirmar expresamente la apertura de investigaciones.
Únicamente señaló que "probablemente" pudiera haberse iniciado algún procedimiento, aunque recordó inmediatamente que el deber legal de confidencialidad le impedía revelar cualquier actuación concreta.
"No se lo voy a decir", respondió en varias ocasiones ante la insistencia de los senadores.
La negativa refleja uno de los principios básicos del funcionamiento de la Agencia Tributaria: la reserva absoluta sobre los procedimientos individuales mientras permanecen en tramitación.
El reconocimiento de un error en otro procedimiento
Uno de los momentos más delicados de la comparecencia llegó al abordar el caso de Julio Martínez, empresario y amigo del expresidente.
Fernández reconoció que la falta de reacción inmediata ante la ausencia de declaraciones tributarias desde 2020 constituyó "un error" que dijo lamentar profundamente.
Posteriormente confirmó que dicho expediente sí está siendo investigado por la Agencia Tributaria.
Ese reconocimiento fue aprovechado por la oposición para reforzar sus críticas sobre la gestión de determinados procedimientos durante su etapa al frente de la AEAT.
Consecuencias políticas antes que judiciales
La comparecencia deja una conclusión institucional clara: la Agencia Tributaria confirma que el patrimonio de José Luis Rodríguez Zapatero está siendo investigado y sostiene que esa actuación responde exclusivamente al cumplimiento de sus obligaciones legales.
Al mismo tiempo, el enfrentamiento parlamentario evidencia que el caso ha adquirido una dimensión política que probablemente acompañará a la investigación durante los próximos meses.
No obstante, conviene distinguir entre las acusaciones formuladas por distintos grupos parlamentarios y el estado procesal del procedimiento. Que exista una investigación tributaria o judicial no implica, por sí mismo, la existencia de responsabilidad administrativa o penal. Esa eventual responsabilidad solo podrá establecerse, en su caso, mediante las resoluciones de los órganos competentes.
Mientras tanto, el mensaje trasladado por la exdirectora de la Agencia Tributaria resulta inequívoco: la inspección continúa y, según defendió ante el Senado, la obligación de Hacienda es investigar cuando concurren indicios suficientes, con independencia de la identidad del contribuyente afectado.
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