Mantener en el limbo legal a centenares de miles de personas es inhumano y favorece el empleo esclavo, porque al carecer de papeles se convierten en presa fácil para la explotación por los desalmados. La regularización propuesta por el Gobierno de alrededor de quinientos mil inmigrantes, que trabajan ilegalmente o malviven en la economía sumergida, supone sacarlos de la invisibilidad al convertirlos en personas con derechos amparados por el Estado, a través de la tarjeta de residencia que certifica su normalización administrativa y los derechos que les asisten. Derechos que se concretan en residir y circular libremente —se elimina el riesgo de expulsión—, los laborales para evitar su explotación y poder cotizar a la Seguridad Social, el acceso a la sanidad y educación pública y servicios sociales, y solicitar la reunificación familiar.
Tener la tarjeta de residencia no supone adquirir la nacionalidad española que un inmigrante puede solicitar si cumple con los requisitos de llevar viviendo en España de manera continuada durante diez años—cinco para los refugiados y dos si proceden de países iberoamericanos—, carecer de antecedentes penales y aprobar los exámenes de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE), y de conocimiento de la lengua española (DELE) que evalúa el Instituto Cervantes. En cuanto al derecho al voto, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), los inmigrantes regularizados no adquieren el derecho al voto en elecciones generales y autonómicas, solo en las municipales si cumplen con el requisito de llevar cinco años residiendo y empadronado en el municipio, lo que da acceso a ser inscrito en el censo electoral.
Este es el marco legal que pinta la cara a los mentirosos de la derecha y ultraderecha, a PP y Vox, porque desmiente los bulos que han puesto en circulación para manchar una medida que nos humanizada como sociedad. Medida que adopto, por dos veces (2001 y 2002), Aznar cuando gobernaba, y que ahora su conmilitón que gobierna el PP, Feijóo, no quiere recordar. Rechazar la regularización de inmigrantes con el argumento de que aumentará la delincuencia en España, es un mensaje falaz que desmienten las cifras oficiales del Ministerio de Interior, porque los inmigrantes que se van a regularizar ya viven, ilegalmente, en España donde, según los últimos datos de 2023, el 73% de los delitos fueron cometidos por españoles y el 27% por extranjeros.
Datos que desmienten la idea que expande la derecha de que los inmigrantes generan más violencia y delincuencia que los nacionales o que se vaya a regularizar a delincuentes. Mensajes falsos de odio que utilizan los ultramontanos y fascistas, para azuzar el miedo en la sociedad, por una razón que va más allá de la política pues se ubica en la creencia retrograda de que los que vienen de fuera no quieren integrarse en nuestra cultura, sino imponer la suya. Idea que nace del poso racista que anida en algunas mentes que demuestra la endeblez de sus principios, cuando piensan que la presencia de otras culturas en el territorio patrio, va a acabar con la propia.
En el fondo es el miedo de siempre a que cualquier movimiento sociocultural, intercultural, acabe con unos principios vetustos basados en una tradición que les beneficia, porque mantiene la desigualdad que requiere de la existencia de un grupo social, excluido, sin derechos y mal pagados, que ejecute los trabajos que consideran menestrales y pedestres que ellos no quieren hacer ni ver. Estulticia clasista que les vela la mente al hecho indubitable de que los necesitamos, de manera sostenible y creciente, para mantener nuestro estado del bienestar en una población cada vez más envejecida.
Otra vez la derechona y el fascismo exhiben su inhumanidad para evitar lo inevitable: las sociedades avanzan por la mixtura progresiva de sus habitantes, mientras que el enclaustramiento en lo propio aísla y embrutece el pensamiento. España, incluso cuando no se definía así, siempre fue y sigue siendo territorio de intercambio cultural, base de nuestra idiosincrasia.