Julián Arroyo Pomeda

La normalización de la pobreza en España es objeto de gran preocupación

10 de Noviembre de 2025
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Pobreza españa sanchez
Personas buscando comida en los contenedores de basura | Foto: Pixabay

El diario El País está dando muestras de preocupación por la cuestión de la pobreza en nuestra Nación. El avance de la pobreza provoca igualmente nivelas de equidad más profundos. A más pobreza menos equidad.

En el artículo “Normalizar la pobreza” se señala que más de 1,5 millones de personas viven en riesgo de pobreza o exclusión social en la Comunidad Valenciana, y más de 600.000 en pobreza extrema. El autor cuestiona cómo temas menores reciben más atención mediática que esta realidad alarmante.

En “Indiferentes ante la pobreza”, se narra el caso de una familia que vivía sin ingresos y fue ignorada por el sistema hasta que un incendio trágico reveló su situación. El artículo denuncia cómo la burocracia y la falta de empatía institucional perpetúan el sufrimiento.

Otro artículo de opinión titulado “¿Se mide con precisión la pobreza en España?” discute cómo la forma en que se mide la pobreza puede ocultar su verdadero alcance, dificultando una respuesta efectiva.

Estas piezas reflejan una preocupación creciente: que la pobreza se ha vuelto invisible para muchos, y que la falta de reacción colectiva contribuye a su perpetuación.

¿Cómo se podría revertir esta indiferencia desde el ámbito político? Requiere una combinación de voluntad, políticas públicas ambiciosas y un cambio en la narrativa institucional.

Hay que reconocer la pobreza como una prioridad política, incluyendo la lucha contra la pobreza como eje central en los programas de gobierno y Establecer metas medibles y plazos concretos para reducir la pobreza y la exclusión social.

Habría que reforzar el Estado del bienestar, aumentar la inversión en servicios públicos esenciales: educación, salud, vivienda y transporte; garantizar una renta mínima vital suficiente y accesible, sin trabas burocráticas excesivas Reformar el sistema fiscal para que sea más progresivo y redistributivo.

Cambiar el discurso institucional, evitando la criminalización o estigmatización de las personas en situación de pobreza y promoviendo campañas públicas que visibilicen la pobreza y fomenten la empatía y la solidaridad.

Estas acciones no solo requieren recursos, sino también un cambio cultural dentro de las instituciones. Como decía el filósofo Zygmunt Bauman, “la indiferencia es más peligrosa que la hostilidad, porque no reconoce al otro como digno de atención”.

Aplicar medidas para revertir la indiferencia ante la pobreza en el contexto español actual requiere actuar sobre varios frentes, especialmente porque, aunque la tasa general de pobreza ha bajado al 25,8%, la pobreza severa y la infantil siguen siendo alarmantes.

Aplicaciones concretas en España.

1) Implementar la Estrategia Nacional contra la Pobreza. El Gobierno ha aprobado la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024–2030, que busca abordar retos como la vivienda digna, la crisis ecosocial y los discursos de odio. Esta estrategia debe traducirse en planes autonómicos y municipales con financiación suficiente y seguimiento riguroso.

2) Reforzar la protección a la infancia. España tiene una de las tasas más altas de pobreza infantil en la UE, afectando a más de 2,3 millones de menores. Se necesitan políticas específicas: becas escolares universales, acceso gratuito a gafas, alimentación saludable, y actividades extraescolares para niños en riesgo.

3) Revisar el sistema de rentas mínimas. Aunque existe el Ingreso Mínimo Vital, su acceso sigue siendo limitado por trámites complejos y exclusiones injustificadas. Simplificar el proceso, ampliar la cobertura y aumentar la cuantía serían pasos clave.

4) Combatir la desigualdad territorial. En regiones como la Comunidad de Madrid, la pobreza ha repuntado, especialmente entre mujeres y niños. Es necesario que las comunidades autónomas adapten sus políticas sociales a las realidades locales, con especial atención a los barrios más vulnerables.

Estas medidas no solo buscan reducir las cifras, sino también cambiar la percepción social de la pobreza: dejar de verla como un fallo individual y entenderla como una consecuencia estructural que requiere acción colectiva.

En España, el riesgo de pobreza y exclusión social varía significativamente entre comunidades autónomas. Según el informe Pobreza y Territorio 2025 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), estas son las comunidades con mayor riesgo: Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia, Canarias. Todas ellas con tasa alta. La media nacional se sitúa en el 25,8%, lo que equivale a unos 12,5 millones de personas. La pobreza sigue siendo un problema estructural y persistente.

Uno de cada tres niños en España está en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que sitúa al país entre los peores de la UE. Desde 2015, la tasa apenas ha variado: del 34,4% al 34,1%.

El escudo social del Gobierno ha evitado que la pobreza aumente tras la pandemia, pero no ha logrado reducirla de forma sustancial. Solo 200.000 personas han salido del riesgo de pobreza en el último año.

La conclusión de los expertos es clara: la pobreza en España no ha empeorado, pero tampoco ha mejorado de forma significativa. Es una realidad que se ha cronificado, especialmente entre los jóvenes, las mujeres con hijos y los trabajadores precarios.

En la Comunidad de Madrid, la aplicación de políticas contra la pobreza está siendo objeto de creciente preocupación, especialmente porque la región presenta uno de los mayores índices de desigualdad de España.

Más de 1,4 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social. El 20,9% de la población madrileña vive en esta situación, lo que supone un aumento de 1,5 puntos respecto al año anterior. La vivienda es el principal factor de empobrecimiento: los gastos mensuales representan el 19,9% de los ingresos medios, siendo los segundos más altos del país. La pobreza afecta especialmente a mujeres (55,5%) y niños: en solo un año, 55.000 menores han pasado a estar en riesgo.

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