- Impulsar un pacto entre la Administración General el Estado y las CCAA para acabar con la desatención (limbo de la Dependencia) antes de dos años, con los compromisos de financiación necesarios para lograrlo.
- Iniciar negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para establecer un nuevo modelo de financiación estable del Sistema en el marco de la LOFCA, en función del coste real de los servicios y de las prestaciones concedidas.
- Cualquier medida que suponga una modificación de la Ley 39/2006 se llevará a cabo mediante su tramitación y debate en el Parlamento, con un nivel de consenso similar, al menos, al que se logró en su aprobación y sin utilizar, en ningún caso, el atajo de la modificación a través de Decreto.
- Velar por la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia, garantizando información actualizada y completa que permita, a la propia Administración y a los agentes y entidades sociales, su seguimiento y control”[2].
En 2012 empieza el desmantelamiento de la Ley de Dependencia con los recortes del Real Decreto Ley 20/2012. De este modo, desde hace seis años se fue desmontando el Sistema de Atención a la Dependencia, como ya advirtió el Presidente Rajoy en la portada de El País, el 17 de noviembre de 2011[1].Como digo, desde ese momento los recortes han ido en aumento cada año, incumpliendo el calendario de aplicación y siendo cada vez menores las cantidades destinadas a las prestaciones económicas de las personas dependientes hasta el año pasado que se frenó la caída, volviendo a niveles de 2011, habiendo, por tanto, un retraso de siete años.Pues bien, en esta situación, la Coordinadora Estatal de Plataformas de Defensa de la Ley de Dependencia, junto a la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, impulsaron un pacto de Estado para la Dependencia. Dicho documento fue firmado por todos los partidos excepto el PP y el PNV, el 14 de diciembre de 2016. Los puntos del Pacto de Estado fueron los siguientes:“1. Revertir los recortes producidos por el Real Decreto-ley 20/2012 y por las leyes de PGE, habilitando de forma , por los mecanismos legales que procedan, los créditos necesarios para incrementar en un 13% la financiación del Nivel Mínimo Garantizado del Sistema; recuperando el nivel concertado de financiación del mismo, al menos hasta alcanzar los niveles que existían en 2011; y abordando la inclusión en la Seguridad Social de las y los cuidadores familiares y no profesionales, con cargo a la Administración General el Estado.
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