Llevo años como delegado de la CIG dentro de Mercadona, y hay una verdad que se repite convenio tras convenio, sentencia tras sentencia: en esta empresa, la libertad sindical no se ejerce; se sobrevive a pesar de ella. Y esa supervivencia sería mucho más difícil si no contáramos, además de con la dirección de la empresa, con la connivencia de quienes deberían ser nuestros aliados naturales.
Lo digo con toda la claridad que merece: CCOO y UGT llevan años actuando en Mercadona no como contrapeso de la empresa, sino como su instrumento de pacificación social.
Un modelo diseñado para la sumisión
El «Modelo de Calidad Total» de Juan Roig no es un sistema de gestión de calidad. Es un sistema de control. Y todo sistema de control necesita un sindicalismo que lo legitime desde dentro. Ahí es donde entran las siglas mayoritarias.
Mientras la CIG y otros sindicatos de clase denuncian la sobrecarga laboral, la gestión punitiva de las bajas médicas o la persecución de quienes se organizan de manera independiente, CCOO y UGT firman convenios que consolidan exactamente ese modelo: máxima flexibilidad horaria a cambio de una paz social que solo beneficia a la cuenta de resultados de la empresa.
No es una opinión gratuita. Son los hechos los que hablan.
Lo que dicen los tribunales, no lo que dicen los comunicados
Un juzgado de lo Social de Ourense ha condenado a Mercadona por retirar de forma arbitraria y discriminatoria una prima de 5.000 euros a una trabajadora afiliada a la CIG, obligando a la empresa a pagar esa cantidad, además de 30.000 euros de indemnización por vulnerar sus derechos fundamentales.
Esta práctica de castigar económicamente a quien se afilia a un sindicato combativo ha sido declarada ilegal en más de diez sentencias impulsadas por sindicatos como ELA. ¿Y quién ha llevado estos casos a los tribunales? No los sindicatos que negocian los convenios con la dirección. Han sido la CIG y otros sindicatos de clase, en soledad, mientras las siglas mayoritarias miraban hacia otro lado.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificó una condena de 22.503 euros por daños morales tras declarar la nulidad radical de tres conductas antisindicales directas contra la representación de los trabajadores.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró nulo el despido de una trabajadora en situación de baja por ansiedad, señalando que fue una represalia directa por sus reclamaciones en materia de prevención de riesgos laborales.
Y ahí está también el caso reciente de la trabajadora de Albacete que cuidaba de su hijo gravemente enfermo: casi 63.000 euros de indemnización porque el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha confirmó que la empresa incurrió en un incumplimiento grave de sus obligaciones.
Ninguna de estas sentencias las ganó la «paz social» que CCOO y UGT dicen defender. Las ganaron trabajadoras y trabajadores que decidieron plantar cara, muchas veces respaldados por sindicatos de clase, contra la voluntad expresa de la dirección de la empresa y con la indiferencia de quienes se sientan en la mesa de negociación como si representaran a la plantilla.
El sindicalismo como coartada de la empresa
No hace falta demostrar que existe una orden expresa para que un sindicato actúe como correa de transmisión de la dirección. Basta con mirar el resultado: convenios que institucionalizan la precariedad horaria, ausencia de combatividad real ante los despidos represaliados y silencio ante la persecución de quienes se afilian a organizaciones independientes.
Cuando un sindicato negocia sistemáticamente en los términos que le interesan a la empresa, sin plantar batalla real por las cuestiones que más afectan a la plantilla —salud laboral, conciliación, libertad sindical efectiva—, ese sindicato deja de representar a los trabajadores y pasa a formar parte del aparato de gestión del conflicto de la propia empresa.
Esa es la función que cumplen hoy CCOO y UGT dentro de Mercadona: legitimar con su firma un modelo que los tribunales, sentencia tras sentencia, están confirmando que vulnera derechos fundamentales.
Lo que está en juego
No se trata de un problema exclusivamente laboral. Se trata de quién decide qué es lo que a la clase trabajadora le conviene defender.
Cuando el sindicalismo mayoritario se convierte en garante de la disciplina empresarial, el terreno de la representación real queda en manos de quienes, como la CIG, asumimos el coste de la persecución por organizarnos de manera independiente.
La libertad sindical no es un adorno del convenio colectivo. Es un derecho conquistado con sangre y sudor, y en Mercadona se sostiene, casi en solitario, gracias a quienes seguimos dando la cara pese al riesgo.
Frente al sindicalismo de escaparate, la respuesta solo puede ser la organización de base, combativa y de clase.
Até a vitoria sempre!
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