La enseñanza concertada en España está regulada por la LOMLOE, pero cada comunidad autónoma, tiene margen para aplicar la ley con matices propios. Un medio de comunicación nos ha sorprendido con noticias impactantes.
La ‘nueva concertada’ de Madrid permite mercantilizar colegios privados con fondos públicos. Madrid cede una parcela pública para construir un colegio que hace falta, la empresa paga la construcción de las instalaciones y dispone de unos 75 años para recuperar su inversión (el tiempo normal que dura la cesión gratuita de la parcela), que es de su propiedad.
La LOMLOE elimina este criterio del peso de la demanda social como base para programar plazas en centros concertados. Ya no se prioriza que muchas familias pidan un centro concreto.
Se promueve un incremento progresivo de plazas en centros públicos, lo que puede limitar la expansión de la concertada.
Los centros concertados solo pueden ofertar las plazas previamente autorizadas por la administración, independientemente de su capacidad física.
Se refuerza la proximidad al domicilio como criterio principal de admisión, lo que reduce el “distrito único” y limita la elección de centro.
Se exige una adecuada escolarización del alumnado con necesidades especiales, lo que implica una mayor responsabilidad para los centros concertados.
Madrid mantiene el sistema de “distrito único”, que permite a las familias elegir centro en toda la ciudad, sin estar limitadas por zonas de influencia.
Madrid sigue considerando la demanda social como criterio para programar la oferta educativa.
En Madrid, cerca del 45% del alumnado está escolarizado en centros concertados, lo que refleja un fuerte respaldo institucional y social.
La demanda social en el contexto educativo hace referencia al número de familias que solicitan plaza en un determinado tipo de centro, especialmente concertado. Aunque la LOMLOE eliminó este criterio como base para planificar la oferta educativa, la Comunidad de Madrid lo sigue aplicando. Esto tiene varias implicaciones importantes, como la expansión de la red concertada. Si muchos padres solicitan plaza en centros concertados, la administración puede autorizar más unidades en esos centros. Esto favorece el crecimiento de la enseñanza concertada frente a la pública, incluso si hay plazas libres en centros públicos.
Las familias tienen más capacidad para elegir el tipo de educación que desean El distrito único permite que esta elección no esté limitada por la zona de residencia. En zonas donde la concertada es más demandada, se refuerza su presencia. En barrios con menor demanda o menor capacidad de elección, la oferta pública puede quedar relegada.
La programación de unidades escolares se basa en la demanda, no necesariamente en criterios de equidad o inclusión. Esto puede dificultar la escolarización equilibrada de alumnado con necesidades educativas especiales.
Madrid se sitúa en una posición de fricción con la ley estatal, defendiendo un modelo más liberal y de mercado. Esto ha generado debates políticos y jurídicos sobre el alcance autonómico frente a la legislación nacional.
La aplicación del criterio de demanda social en Madrid tiene efectos significativos sobre la educación pública. Se reduce matrícula en centros públicos. Al priorizar la ampliación de plazas en centros concertados con alta demanda, muchos centros públicos ven disminuir su número de alumnos. Esto puede llevar a la supresión de unidades públicas por baja matrícula, incluso en zonas donde hay necesidad educativa.
Los centros públicos suelen acoger a más alumnado con necesidades específicas, migrantes o en situación de vulnerabilidad. Esto genera una segregación escolar, donde los centros concertados concentran perfiles socioeconómicos más homogéneos. Si la demanda social dirige recursos hacia la concertada, la pública puede quedar en segundo plano en cuanto a inversión en infraestructuras, innovación o personal. Aunque Madrid ha aumentado el presupuesto educativo, la proporción destinada a la concertada sigue siendo alta.
La falta de presión por parte de las familias para elegir centros públicos puede reducir el incentivo político para modernizar o reformar estos centros. Esto perpetúa una imagen de menor calidad, aunque muchos centros públicos tienen excelentes resultados.
La coexistencia de dos redes (pública y concertada) con criterios de planificación distintos genera competencia, en lugar de colaboración. Esto puede dificultar una estrategia educativa común centrada en la equidad y la cohesión social.
La aplicación del criterio de demanda social y el modelo de distrito único en Madrid tiene efectos profundos sobre la equidad educativa, es decir, la capacidad del sistema para ofrecer igualdad de oportunidades a todos los alumnos, independientemente de su origen socioeconómico, cultural o personal.
Aunque la financiación pública es común, los centros concertados pueden recibir aportaciones voluntarias de las familias, lo que mejora sus instalaciones y servicios.
Esta diferencia de recursos puede traducirse en mejores resultados académicos, no necesariamente por calidad docente, sino por contexto social.
El distrito único permite elegir centro en toda la ciudad, pero en la práctica, no todas las familias pueden ejercer esa libertad. Algunas no tienen medios para desplazarse. Otras no conocen el sistema o no tienen acceso digital para gestionar la admisión. Esto perpetúa la desigualdad entre quienes pueden elegir y quiénes no.
La LOMLOE exige que todos los centros, incluidos los concertados, escolaricen alumnado con necesidades especiales. Sin embargo, en Madrid, los centros públicos siguen asumiendo la mayor parte de esta responsabilidad, lo que sobrecarga sus recursos y dificulta una atención equitativa. El sistema educativo madrileño, al favorecer la demanda social, refuerza las diferencias sociales existentes en lugar de compensarlas. En lugar de ser un ascensor social, la escuela puede convertirse en un espejo de la desigualdad.
La equidad educativa se ve comprometida cuando las políticas priorizan la demanda social sin mecanismos correctores. En Madrid, esto ha generado un sistema con alta libertad de elección pero baja capacidad de redistribución, lo que afecta especialmente a los alumnos más vulnerables.