El Severo es inocente. Así titulé un artículo que publiqué en junio de 2007 en un medio de comunicación madrileño. El título hacía referencia a que el Caso Leganés acababa de ser definitivamente sobreseído. Los tribunales reconocían a los profesionales del Hospital Severo Ochoa de Leganés que no había responsabilidad criminal alguna, no había delito, ni vinculación entre su práctica profesional y las muertes de sus pacientes.
Aquello del Severo Ochoa fue un golpe más, alentado por el gobierno de Esperanza Aguirre y su consejero Manuel Lamela, para deteriorar la imagen de la sanidad pública y abrir las puertas a la atención sanitaria privada en Madrid. Todo comenzó con una denuncia anónima, al mejor estilo de las denuncias de la Inquisición.
El consejero aprovechó una denuncia sin pruebas que aseguraba que cientos de muertes se estaban produciendo en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, a causa de sedaciones irregulares de los profesionales sanitarios a los pacientes, para desencadenar un procedimiento inquisitorial. Alguien, no se sabe quién, acusa y los que mandan desencadenan una caza de brujas, la tortura de los herejes, un auto de fe, una hoguera en la plaza pública. Algo bien y abundantemente ensayado en España.
No se dedicó el Consejero a tranquilizar los ánimos e investigar discretamente. Cesó a profesionales, creó comisiones de investigación con conclusiones predecibles y a la carta, protagonizó declaraciones poniendo en duda la honestidad de los trabajadores y animando a que se desencadenase una persecución urgente y sin tregua.
A partír de ahí, entre 2005 y 2008, el calvario de los profesionales del Severo Ochoa fue brutal. En la cacería se implicó a otros profesionales y al propio Colegio de Médicos. Luis Montes, Coordinador de Urgencias del hospital, con una larga trayectoria profesional, fue fulminantemente cesado y puesto en manos de la fiscalía, acusándole de mala praxis y administración de medicación que podía haber producido muertes.
Más de dos años después los jueces dijeron que no había caso y lo dieron por sobreseído. El consejero de Esperanza Aguirre, pese a ello, es premiado por la presidenta, con un cambio a la Consejería de Transportes, antes de pasar a ocupar cargos en las empresas sanitarias privadas a las que había favorecido durante su etapa en el gobierno. Complejos hospitalarios, consultorías jurídicas, ambulancias privadas. Los profesionales sanitarios acusados por él, tras este ataque ya no volvieron a ser los mismos. El mal inquisitorial que les golpeó los marcó para siempre.
Como Consejero de Transportes comenzó a proclamar que existían actos de sabotaje de los propios trabajadores del metro y que eran la causa de los problemas de calidad del servicio. En cuanto a los problemas de seguridad el culpable era el ministro del Interior de Zapatero, que no metía policías en los andenes.
Si nos damos cuenta algo no muy distinto de los que hoy hace Ayuso acusando a Sánchez de todos los males que ella es incapaz de corregir en Madrid. Lamela fue imputado por financiación irregular del PP, en el caso Púnica, pero la justicia en España es lenta cuando interesa y, ya se sabe, termina exculpando a la mayoría y condenando a cuatro pringados.
Siempre fueron los procesos privatizadores de Aguirre los que produjeron pérdida de calidad en los servicios públicos, e inmediatamente aprovechaban para sembrar de dinero a sus consorcios privados de todo tipo. Lo llamaban colaboración público privada, cuando era sometimiento de lo público a los intereses privados. Algo que el economista Carlos Berzosa, quien fuera Rector de la Complutense, califica como parte del Estado Pesebre.
Los servicios públicos son nuestra mejor garantía de calidad de vida. Pero ellos querían y quieren nuestras vidas precarias y sociedades fracturadas. De ahí extraen la inseguridad y el miedo que nos vuelve vulnerables, sumisos y resilientes.
Resilientes, es decir capaces de soportar todos los golpes que nos descarguen, aceptarlos, entenderlos como lo que hay, lo que toca, lo inevitable. Aprender que, pese a todo, hay que levantarse de nuevo, de buena gana, para seguir recibiendo golpes.
El 28 de enero de 2008 la Audiencia de Madrid dio respuesta a los recursos de Luis Montes y otros profesionales del Severo Ochoa y acabó ratificando el sobreseimiento del caso, el archivo del mismo y la supresión de cualquier referencia a las posibles malas prácticas de los profesionales.
Luis Montes continuó su singular batalla e interpuso denuncia contra Manuel Lamela y los médicos que firmaron el informe que le llevaron ante los juzgados. Pero como era previsible, los jueces desestimaron, sobreseyeron, archivaron. Peor suerte corrió Miguel Angel Rodríguez, el sempiterno engreído MAR, que ya con Aznar hacía lo mismo que hace ahora con Ayuso, difundir noticias falsas, y el trilero terminó condenado a pagar 30.000 euros por un delito continuado de injurias graves contra Luis Montes.
Luis recibió aplausos merecidos, algunos reconocimiento, homenajes, dio conferencias, pero la dureza de su batalla, el dolor de cuantas mentiras se sembraron sobre él, tal vez fueran la causa de que muriera en 2018, antes de cumplir los 70.
Este es nuestro país, que premia la mentira, a los mentirosos, a los truhanes, listos, pícaros y corruptos, mientras abandona en el silencio a sus mejores hijos, a los comprometidos, a los honestos y honrados. A los únicos que podrían salvarnos.
Ahí siguen, sin embargo, los causantes de estos desaguisados en tertulias, en empresas, Fundaciones, gabinetes, partidos, contando sus mentiras como si fueran verdades. Escribiendo la Historia que nunca fue pero que será la que quede en la memoria, si nadie lo impide. Y en esta España pocos parecen interesados en la tarea de poner coto y freno a los avances de la estulticia y la mala gente.
* El artículo al que se hace referencia al principio del texto se encuentra en el libro Antes de la Tempestad, publicado por Legados Ediciones en 1925.