Ha llegado la hora de la Junta de Andalucía en el caso Juana Rivas

El caso de la granadina Juana Rivas ha llegado a un punto de no retorno con la entrega de los dos hijos menores de la pareja a su padre condenado por violencia doméstica sobre su ex esposa. Por todo ello, sigo insistiendo en que debe solicitarse al Consejo de Ministros del Gobierno de España que ofrezca una solución que sea aceptada de mutuo acuerdo tanto por la justicia española como por la italiana, país de origen del padre y lugar donde van a residir a partir de ahora los niños junto a su progenitor, condenado en 2009 por malos tratos.No menos cierto es que ha llegado también el momento de que, ante la inactividad del Gobierno de España, debe ser la Junta de Andalucía quien debe mediar en el delicado asunto de Juana Rivas y solicitar del Ministerio de Asuntos Exteriores y cooperación la aplicación del artículo 74 del Convenio de Estambul ante la Comisión Europea. Los andaluces y las andaluzas van a valorar si la actitud voluntariosa de la Administración autonómica andaluza es un ofrecimiento real de la propia presidenta Susana Díaz o, por el contrario, un ejercicio de oportunismo político.Susana Díaz, ha llegado el momento idóneo para poder demostrar al pueblo español en general tu nivel como estadista y tu capacidad de sensibilidad social a favor de los derechos humanos más allá de lo que se puede decir en el empleo de ‘técnicas políticas’.Dicho texto, titulado ‘Solución de controversias’, apunta en su primer apartado que “en caso de cualquier divergencia en torno a la aplicación o la interpretación de las disposiciones del presente Convenio las partes deberán tratar de encontrar su solución, ante todo, por medio de negociación, conciliación o arbitraje, o por cualquier otro medio de solución pacífica aceptado conjuntamente por las mismas”.También subraya en su segundo punto que “el Comité de Ministros del Consejo de Europa podrá establecer procedimientos de solución que puedan ser utilizados por las partes en un litigio, en el caso de que estas consientan su aplicación”.Tampoco debemos olvidar que la vigente Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género considera también víctimas de violencia de género a los hijos e hijas de una maltratada. El caso de Juana Rivas es uno más de tantos. Y lo más clamoroso es que la justicia no tiene en cuenta este importante, decisivo, aspecto del caso.Por todo ello, la ciudadanía española, la italiana y la europea deben exigir a sus dirigentes que se centren en hacer justicia para sus ciudadanos y no en legislar para el enriquecimiento de las élites o de los bancos custodios internacionales. Los ciudadanos debemos exigir que nada abstracto como la justicia o el poder en general, en nombre de la justicia, ironía y estupidez humana, sea la cara de la responsabilidad.