En algún momento habrá que hacer algo, meter mano, al creciente número de casos en los que unos pocos, casi siempre los mismos, se dedican a avasallar, acosar e insultar, a personajes de la escena política y social, amparados en el uso espurio del carné de periodista de un medio. Corsarios que dan rienda suelta a su bilis contra los que consideran sus enemigos políticos—todos los que no piensan como ellos—, sin que hasta ahora nadie les pare pies. O, aún peor, actúan amparados, para vergüenza propia ajena, por un partido que se dice de Estado y aspira a gobernar: el PP.
Ya sabemos que a su líder Feijóo todo le vale, todo le sirve, para alimentar su obsesión contra el Presidente del Gobierno, lo que le lleva a desarrollar un juego táctico—no sabe elaborar estrategias a medio y largo plazo— que le lleva a incurrir en errores que dan vergüenza ajena, como blanquear a individuos que se dedican a provocar y perseguir hasta la náusea a personas que juzgan como agentes del mal.
El más paradigmático es el tal Vito Quiles, que ejemplifica a la perfección la figura del provocador, chulo y faltón, que acosa y vitupera con una clara estrategia—éste si la tiene— de generar el enfrentamiento físico con sus rivales ideológicos, para dar verosimilitud, veracidad, a su mensaje violento de que estamos al borde de un nuevo enfrentamiento civil. Eso busca cuando se presenta de improviso y protegido por su guardia pretoriana, en un campus universitario, de cualquier universidad pública, donde sabe que su provocación va a ser contestada, en busca de un enfrentamiento que termine a palos para justificar ante sus huestes la necesidad de ir a por ellos, sembrado la semilla del mal.
Ver las imágenes de sus provocaciones, me recuerda a cuando a principios de la transición política, los cachorros del partido ultraderechista Fuerza Nueva, Fuerza Joven, vestidos con parafernalia falangista, asaltaban de improviso la facultad de periodismo o derecho de la Complutense, armados con puños americanos, bates y navajas a la caza de rojos, sin que la Policía Armada de la época hiciera nada. Bueno sí, aparecer a caballo cuando ya los fachas habían huido, para cachear a todos los alumnos que pudieran haber participado en la escaramuza situados, como en las películas, cara a la pared apoyados con los brazos en el muro de acceso a la facultad y con las piernas abiertas para ser cacheados.
Da pena y vergüenza ajena que, cincuenta años después, nuevos vándalos cainitas vuelvan a hacer lo mismo sin que la policía les haga nada—incluso les proteja—, sin que los partidos democráticos actúen para impedir que un uso espurio del papel del periodista, les sirva de coartada para campar sin ningún respeto a las normas por los pasillos y salas del Congreso, impidiendo el ejercicio profesional al resto de periodistas que dignifican el periodismo cada día. Aún peor, desvirtuándolo. ¿Cómo es posible que el Congreso de los Diputados haya rebajado tanto los requisitos para dar una acreditación a cualquiera que dice ser periodista y trabaja en uno de los centenares de medios digitales, creados exprofeso para lanzar mensajes disruptivos con el objetivo de devaluar la democracia? ¿Qué hace la Federación de Asociación de la Prensa de España, la FAPE, que no eleva una protesta pública por esta anomalía que emponzoña la política y el ejercicio del periodismo?
No se puede dar una acreditación de periodista a cualquiera porque trabaje en un medio que no conoce nadie ni ofrece datos sobre su audiencia y fuentes de financiación creados, muchos de ellos, con el objetivo de embarrar y polarizar el juego político. Ser periodista no significa tener carta blanca para acosar o difundir datos de la vida privada de un personaje público, y mucho menos atribuirle, sin prueba alguna, la comisión de un delito, por el afán de conseguir la condena mediática que supone salir un día sí, y otro también, en las portados, digitales o en papel, con titulares hiperbólicos y sin pruebas.
Hay que poner coto a esta degradación del periodismo cuya misión es informar con la veracidad que otorgan las fuentes fiables, y no condenar mediáticamente a una figura pública por un interés político espurio. Tarea que corresponde a las autoridades políticas retirando la acreditación en instituciones democráticas a activistas políticos, a topos, disfrazados de periodistas que las utilizan para degradarlas. Al Gobierno le corresponde endurecer el castigo a los provocadores y acosadores que se dicen periodistas que actúan al amparo del derecho a la libertad de expresión, que retuercen y degradan. Y denunciar públicamente las formaciones políticas que amparan y justifican sus malignas andanzas. ¡No todo vale para llegar al poder!