El Gobierno español acaba de reconocer que 63 opositores a la dictadura franquista fueron asesinados después de la muerte del dictador, entre 1979 y 1983, por las torturas cometidas por agentes de la Brigada Político Social (BPS), y grupos de extrema derecha. Datos que se recogen en el informe elaborado por la Comisión Técnica creada, al amparo de la Ley de Memoria, por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. En otros términos, que los ejecutores de la represión franquista, con el apoyo de grupos armados de extrema derecha, siguió campando a sus anchas durante ocho años después de muerto Franco, y una vez aprobada en referéndum de la Constitución en 1978.
El informe especifica el número de asesinatos por año: 22 en 1979, 28 en 1980, 9 en 1981, 3 en 1982, y 1 en 1983. En total la Comisión atribuye 29 muertes a excesos y abusos policiales, y el resto a la extrema derecha. Y señala las Direcciones Generales de Seguridad (DGS), comisarias, donde hubo la mayoría de casos: Puerta del Sol en Madrid, Vía Layetana en Barcelona, Gran Vía en Valencia o Paseo de María Agustín en Zaragoza. Lugares donde emplearon toda su saña patológica contra los detenidos y detenidas, personajes tan abyectos como los hermanos Creix, Conesa, Manzanas o, ente otros, el temible González Pacheco conocido como Billy el niño. Todos ellos pasaron limpios de polvo y paja cuando se disolvió la Brigada, en 1978, con la creación del Cuerpo Superior de Policía, donde se integraron en la recién creada Brigada Central de Información (BCI)—conocida como brigada antiterrorista—, donde continuaron sus desmanes hasta la jubilación.
Hechos indubitables que deben ser reparados con la dignificación de las biografías de los asesinados, como recomienda la Comisión, y la dignificación de los lugares donde fueron torturados, muchos hasta la muerte, porque sus vidas y sufrimiento son el legado para las actuales y las próximas generaciones de lo que supone vivir bajo una dictadura que debe estar presente siempre en la memoria, para que la historia no se vuelva repetir. Y por una razón de humanidad, y no de venganza, de revancha, como afirma la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D. Ayuso, cuando los periodistas le preguntan por su negativa a que se instale una placa conmemorativa que recuerde las torturas y muertes que se produjeron en el edificio donde se encuentra ahora la presidencia de la comunidad madrileña.
La rabia con la que Ayuso se expresa a este respeto evidencia su obsesión— como la de otros muchos dirigentes de la derecha— por seguir negando, mediante la ocultación de los hechos, los crímenes del franquismo, que no solo demuestra su inhumanidad; sino algo más grave que su estulticia no la deja ver: cuando ocultas los crímenes de la dictadura, implícitamente te haces corresponsable y encubridora de los mismos. Este sinsentido no es un hecho banal, sino la constatación del mal que afecta a las meninges de una parte amplia de la derecha española que no soporta, como los niños mentirosos, ser descubiertos en la añoranza de un poder de ordeno y mando que ahorme a una sociedad cada vez más diversa, bajo las viejas banderas y los vetustos lemas de una, grande y libre, donde una elite mandaba y todos obedecían.
Afortunadamente esos tiempos no volverán, por mucho que griten en la calle sus flechas y matones más radicales empeñados en meternos miedo para que creamos que son más, cuando en la realidad práctica la mayoría de la ciudadanía observa en silencio, piensa, recuerda y aborrece la vuelta a un régimen de desfiles, correajes, porrazos y muerte al que se desmanda porque tiene criterio propio sobre el acontecer social y su propia vida: la verdadera libertad.