Decenas de miles de personas cruzan el umbral de la pobreza tras hacer frente al pago de la vivienda. El fenómeno revela una transformación profunda y silenciosa de lo que tradicionalmente se entendía como exclusión social.
Durante años, la pobreza se explicó como una consecuencia directa del desempleo o de la marginalidad. Hoy, esa narrativa resulta insuficiente. En Cataluña, una parte creciente de la población no es pobre antes de afrontar el alquiler, sino después. “Más de un millón de catalanes caen en la extrema pobreza tras pagar el alquiler”, recogía un artículo publicado el pasado 2 de enero en El Periódico. El dato, tan preciso como incómodo, apunta a que alrededor del 13 % de los residentes en Cataluña queda en situación de extrema vulnerabilidad una vez descontado el coste de la vivienda. En el mismo texto, a partir de datos ofrecidos por Cáritas, se añadía que “el 38 % de la población catalana ocupada se encuentra en situación de precariedad”.
No se trata de un colectivo homogéneo ni fácilmente identificable. Incluye trabajadores con ingresos regulares, familias con menores, personas que no figuran en los márgenes visibles de la exclusión. Es una pobreza que no siempre se ve. Son personas que trabajan, que pagan impuestos, que llevan a sus hijos al colegio y que, a final de mes, calculan si la compra puede esperar unos días. En muchos de estos casos, la pobreza no se manifiesta en la ausencia de ingresos, sino en su insuficiencia estructural frente a un gasto que se ha vuelto ineludible y desproporcionado. El alquiler actúa así como una frontera social invisible.
La pobreza que no aparece en la renta
Las estadísticas tradicionales miden la pobreza en función de los ingresos del hogar. Sin embargo, ese criterio pierde capacidad explicativa cuando el acceso a la vivienda absorbe una parte creciente de esos ingresos. En Cataluña, como en otros territorios europeos con mercados inmobiliarios tensionados, el empobrecimiento se produce en el tránsito entre el salario y la vida cotidiana.
Los indicadores oficiales sitúan a cerca de una cuarta parte de la población catalana en riesgo de pobreza o exclusión social, una proporción elevada y persistentemente preocupante. Pero ese porcentaje oculta una dinámica más reciente y reveladora, a saber, hogares que, aun superando el umbral de pobreza en términos de renta, caen por debajo de los mínimos de subsistencia una vez afrontan los gastos de vivienda.
La llamada pobreza severa, definida técnicamente como disponer de ingresos inferiores al 40 % de la renta mediana equivalente, afecta a cientos de miles de personas en Cataluña. Lo significativo es que una parte sustancial de ellas no se encontraría en esa situación sin el impacto directo del alquiler o la hipoteca. El empobrecimiento ya no se explica únicamente por ingresos bajos, sino por la interacción entre salarios moderados y costes residenciales elevados.
Un mercado que desplaza el riesgo
Lo relevante no es solo el aumento del precio del alquiler, sino su efecto acumulativo. Año tras año, el gasto en vivienda ha ido ocupando un lugar central en la estructura del presupuesto familiar, desplazando otros elementos esenciales. Durante más de una década, los precios han crecido con especial intensidad en las áreas urbanas y metropolitanas, pero también en municipios medianos y zonas sometidas a presión turística. Los salarios, en cambio, han seguido una trayectoria mucho más contenida.
El resultado es un desequilibrio estructural que se ha normalizado. Un número creciente de hogares destina entre el 40 y el 50 % de sus ingresos a la vivienda, un porcentaje considerado de alto riesgo por los organismos internacionales. En estas condiciones, el margen para absorber cualquier contingencia desaparece. El alquiler deja de ser un gasto más y se convierte en el eje que condiciona todas las demás decisiones.
La escasez de alternativas refuerza esta dinámica. Cataluña dispone de un parque de vivienda social reducido, muy por debajo de los estándares europeos. La mayor parte de la población depende del mercado privado, incluso en tramos de renta para los que este mercado no ofrece soluciones viables. Las ayudas públicas, cuando llegan, alivian situaciones puntuales, pero no compensan la falta de oferta estructural ni corrigen el encarecimiento sostenido.
Cuando trabajar no basta
Uno de los rasgos más disruptivos de este fenómeno es su relación con el empleo. La pobreza asociada a la vivienda afecta cada vez más a personas ocupadas. No se trata de una anomalía coyuntural, sino de una tendencia consolidada. El trabajo ha dejado de ser una garantía suficiente contra la exclusión.
En sectores con alta temporalidad, salarios ajustados o jornadas parciales involuntarias, el alquiler actúa como un mecanismo de expulsión. Incluso ingresos que, sobre el papel, permitirían una vida autónoma y razonablemente digna resultan insuficientes en un contexto de precios elevados. La figura del trabajador pobre, tradicionalmente minoritaria, se normaliza.
Esta realidad altera profundamente la percepción social de la pobreza. Ya no se trata solo de quienes están fuera del mercado laboral, sino de personas plenamente integradas en él, pero atrapadas en una ecuación imposible. La precariedad deja de ser un estado transitorio y se convierte en una condición estructural.
El impacto generacional
Las consecuencias más graves se concentran en la infancia. En Cataluña, una proporción muy significativa de menores vive en hogares con dificultades económicas severas, y el coste de la vivienda es uno de los factores determinantes. Cuando el alquiler absorbe gran parte del presupuesto familiar, el ajuste se produce en otros ámbitos: alimentación, actividades educativas, atención odontológica y oftalmológica, estabilidad emocional.
La pobreza infantil no es solo una cuestión de bienestar inmediato. Tiene efectos acumulativos y persistentes. Crecer en un entorno de inseguridad material reduce las oportunidades educativas y aumenta el riesgo de reproducción de la desigualdad. La vivienda se convierte así en un vector de transmisión intergeneracional de la pobreza.
El empobrecimiento vinculado al alquiler tiene también una dimensión menos visible, pero igualmente relevante: la psicológica. La inseguridad residencial, el temor a no poder renovar un contrato, a una subida repentina del precio o a un desahucio, genera un estrés constante. Profesionales del ámbito social y sanitario observan una relación directa entre esta incertidumbre y el deterioro del bienestar emocional. La vivienda deja así de cumplir su función básica de refugio. En lugar de estabilidad, introduce una vulnerabilidad permanente que erosiona la vida cotidiana y dificulta cualquier proyecto a medio plazo.
Un problema político, no individual
La tentación de interpretar esta realidad en clave individual sigue presente. Pero los datos apuntan en otra dirección. Cuando una proporción tan significativa de la población entra en la extrema pobreza simplemente por pagar un techo, el problema es sistémico. Responde a decisiones acumuladas, tales como un modelo de vivienda orientado al mercado, una inversión pública insuficiente y una protección social que no ha evolucionado al mismo ritmo que los precios.
El debate ya no es solo técnico, sino político y moral. La cuestión de fondo es si una sociedad puede asumir como normal que el acceso a la vivienda sea un factor de empobrecimiento, o si, por el contrario, está dispuesta a reconsiderar el papel de la vivienda como pilar del bienestar. Porque cuando el acceso a un techo deja de ser un suelo común y se convierte en un filtro social, las preguntas trascienden lo económico. ¿Sigue siendo plenamente operativo el modelo de bienestar europeo basado en la idea de que trabajar y cumplir las reglas permite vivir con dignidad?, y ¿qué ocurre cuando esa promesa empieza a resquebrajarse justamente allí donde debería ser más sólida?