Hasta ahora, José Luis Rodríguez Zapatero solo está investigado; no lo olvidemos. En el caso de su posible imputación, «hay una reconstrucción magnificada de los indicios para que el retrato resulte demoledor», según sentencian varios juristas con gran experiencia judicial. ¿Por qué un dinero ganado limpiamente —y cotizado— no puede ser facturado por la empresa de tus hijos? ¿Por qué no es ético ayudar a los hijos si es un dinero limpio?
Otra cosa muy diferente son las cuentas en Dubái o en paraísos fiscales en el extranjero para despistar, si es que eso resulta ser verdad. Y muy distinto es hacer lobby o tráfico de influencias (como hacen todos) a tener cuentas secretas e ilegales, si es que todo eso se demuestra. Ya nos lo aclararán. De momento no es así, pues desde el Gobierno socialista afirman que el auto del juez instructor Calama refleja que se trata de actividades de lobby y que, por tanto, son legales. Pero la duda queda ahí: si Zapatero no se hubiera metido en política, ¿le habrían dejado mantener sus negocios, como hacen con otros expresidentes como González, Aznar o Rajoy, y otros excargos públicos? Es así de simple, aunque eso tampoco signifique que sea inocente de todo.
¡Por Dios! Tenemos al rey emérito, a Aznar, a Felipe González, a Mariano Rajoy y a excargos del PP salpicados por casos flagrantes de corrupción, ¿y nos centramos en Zapatero, encima con falsedades? Rodríguez Zapatero era un gran activo para el PSOE; por eso se lo quieren cargar. Con esto han logrado desconcertar y desanimar a los votantes prosocialistas y a los socios de la coalición. Esa es la gran jugada política.
Mi primera reacción ante el auto del juez Calama fue desconfiar de una investigación de la UDEF y de la policía que considero precipitada, mediática y plagada de conjeturas graves y erróneas. Hay bastantes falsedades en los informes policiales respecto a fechas, hechos y argumentos, con muchas incorrecciones de bulto. No existen indicios directos; lo demás es música de fondo para arrastrarlo a la trampa de la imputación. Con ello, el daño sobre la reputación de Zapatero ya es enorme e irreparable.
Lo que parecía un auto judicial contundente empieza a generar dudas cada vez más serias. Las acusaciones señalan que el juez Calama habría apoyado gran parte de su durísima resolución contra Zapatero en hipótesis policiales —un «copia y pega» sin ton ni son—, abriendo un debate demoledor sobre la solidez del caso y el verdadero peso de las pruebas. La defensa del expresidente y diversos analistas jurídicos han señalado importantes errores, lagunas y faltas de comprobación en los informes iniciales de la UDEF y la UCO. Sin embargo, me temo que la telaraña política y judicial que han tejido sobre Zapatero es profunda y muy difícil de desentrañar.
Los populares quieren «internacionalizar» la imputación del expresidente utilizando el Parlamento Europeo, pero la Comisión Europea les ha echado un jarro de agua fría al defender la legalidad del rescate de Plus Ultra. Entre otros errores del informe de la UDEF contra Zapatero, resulta clave el que atribuye un presunto pago de la trama Plus Ultra al director del fondo de la SEPI cuando todavía ni siquiera había sido nombrado. Los investigadores sitúan una conversación del 17 de agosto de 2021 como posible indicio de un supuesto pago de 10.000 euros relacionado con Julián Mateos-Aparicio, quien más tarde asumiría la dirección del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI. Sin embargo, fuentes próximas al expresidente consultadas por ElConstitucional.es subrayan que el rescate de la aerolínea Plus Ultra había sido aprobado meses antes, concretamente el 9 de marzo de 2021 por el Consejo de Ministros. ¡Y el volcado de datos desde EE. UU. es de 2025! Vaya chasco. Así funciona este cúmulo de especulaciones y pseudoverdades sin demostrar.
El fiscal especial anticorrupción, Alejandro Luzón, y los investigadores de la UDEF llegaron a pedir al juez instructor Calama que ordenase un registro en el domicilio particular de Zapatero. Menos mal que el magistrado desoyó la petición por considerarla una medida desproporcionada. Pero ahí estaba ya Luzón preparando sus estrategias. Por eso dejó libre a Víctor de Aldama: para que vaya a manifestaciones contra Pedro Sánchez y se pasee con total libertad para hablar mal de Zapatero e inculparlo sin ton ni son. Es un pacto con el ala judicial del PP. No olvidemos que Luzón fue nombrado fiscal jefe especial anticorrupción en tiempos de Mariano Rajoy, y sigue ahí. Qué casualidad que de la corrupción del PP ni se enteró.
La jueza Victoria Rosell siempre ha defendido la legalidad de la judicatura, pero afirma que a veces es muy difícil de entender: «Es que tenemos sentados en el banquillo de la Kitchen al comisario de la UDEF. Y tenemos al exinspector jefe de la UDEF de Madrid imputado por tráfico de drogas y blanqueo...». Como para no poner en entredicho, por ejemplo, la implicación del fiscal anticorrupción Luzón y de otros sectores judiciales de derechas.
El juez Calama mezcló indicios de delito con suposiciones de la Policía en el auto de imputación. Copió literalmente las conclusiones policiales en cuestiones clave para atribuir a Zapatero el liderazgo de la trama, sin valorarlas debidamente. Mientras tanto, pasarán años hasta que se dicte una sentencia, pero los daños personales y políticos ya son evidentes, al igual que los intereses detrás del caso. ¿Estará justificada la enorme ambición narrativa de la resolución? ¿Terminará encontrando una correspondencia igual de sólida cuando llegue el momento decisivo del proceso? ¿Ha cruzado la justicia una línea peligrosa al redactar un auto que parece más una sentencia política que una investigación preliminar?
En una de las partes más polémicas del documento, el juez Calama afirma que las diligencias practicadas «permiten afirmar» la existencia de una estructura organizada dirigida por Zapatero para ejercer influencias ilícitas y obtener ventajas económicas. Esta expresión se convirtió inmediatamente en el epicentro del escándalo, porque en una fase de investigación lo habitual es encontrar términos como «presuntamente», «podría», «según indicios» o «aparentemente». El lenguaje categórico del magistrado cambió por completo el impacto mediático del caso bajo el titular: «Zapatero es el jefe de la trama». ¿No se habrá excedido el juez instructor? ¿Estamos ante un caso de acoso judicial contra Zapatero?