Es difícil evitar la sospecha de la existencia de un plan coordinado de los poderes fácticos del país para dar la puntilla al Gobierno progresista, desde que Aznar amplió el mensaje admonitorio que detonó su puesta en marcha, el que pueda hacer que haga, al añadir recientemente el que pueda aportar, que aporte, el que se pueda mover, que se mueva. Mensaje ponzoñoso que ejerce un poder telúrico en los heraldos del caos que se lanzaron, desde el minuto uno, a la ordalía de las personas del entorno del Presidente Sánchez y el PSOE incursas en procesos judiciales, sin reparar en el valor probatorio de las acusaciones que pesan sobre ellas, porque el objetivo es la condena mediática permanente que exacerba la presión para cercar al Gobierno.
Sospecha por el hecho de que los sumarios abiertos, como sucedió con la condena del Fiscal General del Estado, obligan a los acusados a demostrar su inocencia, lo que subvierte el principio judicial básico de que el juez instructor debe aportar pruebas indubitables de la culpabilidad del acusado, y no al revés: in dubio pro reo. Así sucede en los casos de la compañera y el hermano de Pedro Sánchez, orquestados a partir de denuncias de asociaciones de ultraderecha conocidas por todos, elaboradas con titulares e informaciones periodísticas sin valor probatorio, a pesar de que el Tribunal Supremo ha establecido en numerosas resoluciones que la investigación judicial no puede sostenerse con recortes o artículos de prensa. Casos en los que la fiscalía no ha encontrado delitos y por ello no ha formulado acusación.
Sospecha por las investigaciones prospectivas para buscar pruebas de una pretendida financiación ilegal el PSOE. Así ha sucedido con el caso Ávalos-Koldo-Cerdán, sin que por el momento se hayan encontrado tales evidencias, más que las propias de unos presuntos aprovechados que laboraban en beneficio propio sin que, tras un juicio a la espera de sentencia, se hayan encontrado los millones que el sumario les atribuía como beneficio de su trama corrupta creada al margen del PSOE. Sospecha porque tampoco se ha hallado esa financiación irregular del PSOE en el caso Leire, sobre la que pesa la acusación, sin pruebas, de ser la ejecutora de un plan ideado por Santos Cerdán, para degradar la imagen de determinados fiscales y jueces que instruyen casos que afectan al partido.
Sospecha por la falta de pruebas fehacientes contra el ex presidente Zapatero, en el sumario en el que se le imputa ser el capo de una trama de corrupción internacional dedicada a influir en las administraciones públicas para beneficiarse y beneficiar a empresas privadas. Asunto mollar sobre el que no hay en el sumario más que presunciones e indicios, que no pruebas, con los que el juez ha establecido la teoría de que se trata de una organización criminal. ¿Zapatero ha matado a alguien? ¿Qué sentido tiene esa hipérbole, en un sumario que debe probar si él y su familia, se han enriquecido de manera ilícita? ¿A qué administración o funcionario público ha corrompido para obtener un beneficio para sí o un tercero? ¿Es un delito ejercer la labor de lobista?, porque si lo es Aznar y Felipe González se han ido de rositas. Sospecha el comprobar que la acusación contra Zapatero fue vaticinada días antes por Feijoo y sus voceros, dando pie a suponer que tenían información privilegiada de su brazo judicial, cuyos actores son determinados jueces y fiscales, convertidos en políticos ejecutores de los dogmas del oráculo Aznar.
Todo para forzar a Pedro Sánchez a convocar elecciones—que no convocará y menos por la presión de la derecha—, con la premisa falsa de que es lo que quiere la ciudadanía usada de este modo como herramienta política interesada por Feijoo, que sigue en su triste papel de mendicante a los partidos que apoyan al Gobierno, para que le dejen caer. Exhibición de mediocridad y cobardía por no atreverse a presentar una moción de censura, que debe ser constructiva; esto es, acompañada de un programa de Gobierno que no tiene para ofrecer a la ciudadanía. De ahí que Feijoo pida a los demás que le hagan el trabajo, para no verse retratado con una previsible derrota.
Echar las campanas al vuelo por la victoria mediática obtenida puede resultar peligroso, no vaya ser que les pase como a la brigada ligera inglesa en la batalla de Baraclava, 1854, Guerra de Crimea, cuya famosa carga contra los rusos acabo con el exterminio de la misma y del orgullo militar británico.